06-07-2026.
Por: Brisa Bucardo/Revista Indígena Prahaku.
– Este 6 de julio 2026, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció un amplio operativo de la Policía Nacional en la comunidad garífuna de San Juan, en el municipio de Tela, Atlántida, donde, según la organización, al menos cuatro integrantes de la comunidad fueron detenidos y se mantiene un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad que restringe la movilidad de la población.
La alerta fue difundida a través de las redes sociales de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, desde donde la coordinadora general de OFRANEH, Miriam Miranda, hizo un llamado urgente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a los organismos de derechos humanos, al pueblo hondureño y a la diáspora garífuna en Estados Unidos para que acompañen las denuncias de la comunidad.
«Más de 200 policías se han tomado y tienen sitiada la comunidad de San Juan. La gente no puede salir, están disparando bala viva», denunció Miranda en un video difundido por la Red Nacional de Defensoras.
La defensora aseguró que las personas detenidas fueron trasladadas por la Policía Nacional y que, hasta el momento de su pronunciamiento, se desconocía su paradero.
«Demandamos respeto y exigimos respeto a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre San Juan. Exigimos que se retire la Policía Nacional y que liberen a nuestros compañeros que han sido llevados y en este momento no sabemos dónde están», afirmó.
La denuncia surge horas después de que organizaciones garífunas alertaran sobre un intento de desalojo en la comunidad, hecho que generó preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Una sentencia aún pendiente de cumplimiento
El reclamo de OFRANEH se fundamenta en la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras, mediante la cual el tribunal internacional declaró responsable al Estado hondureño por violar múltiples derechos de la comunidad garífuna.
La Corte concluyó que Honduras incumplió su obligación de garantizar la propiedad colectiva del territorio ancestral, permitió la ocupación por terceros, no delimitó, demarcó ni tituló integralmente las tierras comunitarias y autorizó actividades que afectaron el territorio sin realizar procesos de consulta previa, libre e informada. Como medidas de reparación, ordenó al Estado sanear y proteger el territorio, garantizar la seguridad jurídica de las tierras ancestrales y abstenerse de adoptar decisiones que afecten a la comunidad sin respetar sus derechos.
Un patrón de denuncias históricas
La situación denunciada por OFRANEH ocurre en un contexto de conflictos territoriales que el pueblo garífuna ha documentado durante décadas. Las comunidades han denunciado el avance de proyectos turísticos, agroindustriales e inmobiliarios sobre sus territorios ancestrales, la entrega de títulos a terceros, la falta de saneamiento territorial, el incumplimiento de sentencias internacionales, así como amenazas, ataques, criminalización y campañas de hostigamiento contra quienes defienden sus tierras.
Diversos organismos internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado anteriormente su preocupación por la criminalización de personas defensoras garífunas y han instado al Estado hondureño a garantizar su labor y proteger sus derechos.
La propia Miriam Miranda ha sido objeto de reiteradas retenciones, amenazas y actos de hostigamiento pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, según denuncias de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades hondureñas no habían informado oficialmente sobre el operativo en San Juan ni sobre la situación jurídica de las cuatro personas cuya detención fue denunciada por OFRANEH.
La organización reiteró su llamado urgente para que cesen las acciones policiales en la comunidad, se garantice la integridad de sus habitantes y se cumplan las obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.