02-09-2026.
– Casi diez años después del asesinato de Paola Buenrostro, una mujer trans y trabajadora sexual de 25 años, autoridades mexicanas detuvieron a Arturo N, señalado como presunto responsable del crimen ocurrido el 30 de septiembre de 2016 en Ciudad de México.
La captura, realizada el 31 de agosto en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, reactivó una demanda que la familia social de Paola y organizaciones trans han sostenido durante una década: que el caso sea investigado y juzgado reconociendo la violencia por prejuicio que atravesó su asesinato.
El caso tiene un peso particular porque la movilización posterior al asesinato de Buenrostro impulsó la llamada Ley Paola Buenrostro, con la que Ciudad de México incorporó en 2024 el delito de transfeminicidio a su Código Penal. Sin embargo, la primera audiencia contra Arturo N se desarrolló bajo la acusación de homicidio calificado, debido a que esa fue la clasificación jurídica utilizada cuando se emitió la orden de aprehensión en 2016.
Diez años de lucha contra la impunidad
La madrugada del asesinato, Paola subió al vehículo del ahora imputado. Poco después pidió auxilio a sus compañeras y se escucharon disparos. Sus amigas se acercaron al automóvil, donde encontraron a Paola gravemente herida.
Las propias compañeras retuvieron al sospechoso y lo entregaron a las autoridades. Sin embargo, un juez ordenó entonces su liberación al considerar que no existían elementos suficientes para mantenerlo detenido.
La decisión provocó años de protestas y denuncias de impunidad encabezadas, entre otras personas, por la activista Kenya Cuevas, amiga de Paola, testigo del asesinato y reconocida posteriormente como integrante de su familia social.
En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México reconoció el caso como transfeminicidio y documentó deficiencias en la investigación, entre ellas la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y la exclusión inicial de Cuevas como víctima indirecta. La Fiscalía ofreció una disculpa pública en 2021.
“Fueron 10 años de lucha, 10 años derramando sangre”
La detención no puso fin a los reclamos. Después de la audiencia inicial, activistas trans se movilizaron frente a instalaciones de la Fiscalía capitalina y exigieron que el crimen deje de ser procesado únicamente como homicidio y sea reconocido jurídicamente como transfeminicidio.
“Fueron 10 años de lucha, 10 años de muertas, 10 años derramando sangre para que hoy estemos en este momento en el mismo lugar que en el 2016”, expresó Kenya Cuevas tras la audiencia.
Cuevas también denunció falta de preparación del personal encargado del caso y actos de revictimización durante el procedimiento.
“Llegaron los ministerios públicos nada preparados, tartamudeando en todo momento de la audiencia y mencionándome como caballero”, denunció.
Organizaciones como Casa de las Muñecas Tiresias A.C. señalaron que durante la comparecencia se habría utilizado el nombre registral anterior de Cuevas y términos masculinos para referirse a ella, pese a que cuenta con documentación actualizada. Las activistas reclamaron además referencias estigmatizantes vinculadas con el trabajo sexual.
Protesta exige que el crimen sea reconocido como transfeminicidio
Entre las demandas de las manifestantes se encuentran la reclasificación jurídica del caso, responsabilidades para funcionariado involucrado en los presuntos actos de discriminación y un diálogo directo con la fiscal general de Ciudad de México, Bertha Alcalde.
La protesta escaló hasta el ingreso de activistas a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Transfeminicidios, donde se reportaron daños materiales. La Fiscalía rechazó las agresiones contra su personal y los daños a las instalaciones, mientras sostuvo que los malos tratos denunciados por Cuevas no corresponden con los estándares institucionales de atención.
Para las organizaciones, la controversia resulta especialmente significativa porque la tipificación del transfeminicidio en Ciudad de México fue precisamente una conquista impulsada a partir del asesinato de Paola.
Fiscalía buscará reclasificar el delito
Tras las protestas, la Fiscalía informó que fortalecerá la investigación y aportará elementos para solicitar al juez que valore una reclasificación del delito durante las siguientes etapas del proceso.
La institución argumentó que la causa comenzó en 2016, cuando el delito específico de transfeminicidio aún no existía en el Código Penal capitalino, razón por la que la primera audiencia se realizó bajo la figura de homicidio. No obstante, señaló que existe posibilidad de modificar la clasificación conforme avance el proceso.
Arturo N permanece bajo prisión preventiva en el Reclusorio Oriente mientras continúa el procedimiento judicial.