11-11-2026.
Sindicatos del sector educativo iniciaron este miércoles 11 de noviembre una huelga y movilización nacional en Costa Rica para reclamar mayor financiamiento para la educación pública, el cumplimiento de obligaciones laborales y recursos para los regímenes de pensiones del Magisterio Nacional.
La concentración comenzó a las 9:00 a. m. en el Parque de La Merced, en San José, desde donde educadores, trabajadores universitarios y representantes de organizaciones sociales marcharon hacia la Plaza de la Democracia y la Asamblea Legislativa. La convocatoria fue impulsada principalmente por la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
A la protesta también se sumaron sindicatos de las universidades públicas, organizaciones gremiales y otros sectores que cuestionan el presupuesto destinado a educación para 2027.
Presupuesto educativo vuelve al centro de la protesta
Uno de los principales reclamos de la movilización es que el presupuesto destinado a educación para 2027 representa aproximadamente un 4,9% del producto interno bruto (PIB), por debajo del 8% establecido en el artículo 78 de la Constitución Política costarricense.
Los sindicatos sostienen que esta diferencia repercute directamente en la capacidad del sistema para atender necesidades de infraestructura, contratación de personal, programas educativos y funcionamiento cotidiano de escuelas y colegios.
APSE señaló previamente que la huelga responde al “faltante presupuestario” para educación y a la necesidad de garantizar los recursos correspondientes a las obligaciones del Estado con el Magisterio.
La protesta se inscribe además en un debate más amplio sobre el deterioro del financiamiento público destinado a educación y el cumplimiento efectivo de la obligación constitucional del 8%.
Salarios, anualidades y condiciones laborales
Las organizaciones sindicales también reclaman asuntos relacionados con las condiciones laborales del personal educativo.
Entre las demandas figuran el pago de anualidades, recargos y lecciones de planeamiento, así como cuestionamientos sobre la transición al esquema de salario global.
ANDE ha denunciado además una política salarial que considera restrictiva y que, según el sindicato, ha afectado tanto los ingresos de trabajadores activos como las pensiones y jubilaciones del Magisterio.
Los convocantes sostienen que los salarios han perdido poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida y reclaman medidas que permitan recuperar esa capacidad económica.
Pensiones del Magisterio también generan disputa
Otro de los puntos centrales de la movilización es la deuda que sindicatos atribuyen al Estado con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
APSE afirma que todavía existirían obligaciones pendientes superiores a ₡44.000 millones, pese a que el Ministerio de Educación Pública ha informado sobre pagos realizados durante los últimos meses.
El MEP, por su parte, sostiene que ha venido cumpliendo los compromisos establecidos y que ha efectuado pagos correspondientes a obligaciones acumuladas hasta 2025.
La diferencia entre ambas partes está relacionada no solo con los montos ya cancelados, sino también con los recursos que deben presupuestarse para evitar nuevas deudas durante 2027.
MEP documentará participación en la huelga
En medio de la convocatoria, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, anunció que el MEP recopilará información sobre lo ocurrido en los centros educativos durante la jornada.
El objetivo será verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación laboral para el ejercicio de la huelga y trasladar posteriormente la documentación correspondiente para que sea valorada judicialmente.
El ministro señaló que será un juzgado de trabajo, y no el Ministerio de Educación ni las organizaciones sindicales, el encargado de determinar eventualmente si el movimiento cumple o no con los requisitos legales.
La disputa sobre la legalidad de la protesta ocurre mientras los sindicatos defienden que la convocatoria se realiza al amparo del derecho a huelga contemplado en el Código de Trabajo.
Universidades y organizaciones sociales se suman
La manifestación no se limitó al personal de escuelas y colegios.
Las cinco universidades públicas y distintas organizaciones sindicales y académicas expresaron respaldo a la movilización, principalmente por la preocupación sobre el financiamiento de la educación pública.
La marcha reunió así demandas que atraviesan distintos niveles educativos, desde primaria y secundaria hasta educación superior.
Los sectores participantes sostienen que el financiamiento educativo debe entenderse como una inversión pública necesaria para garantizar el derecho a la educación y reducir desigualdades.
La movilización de este 11 de noviembre vuelve a colocar en el centro del debate nacional una pregunta que se ha repetido durante los últimos años en Costa Rica: cómo garantizar el financiamiento constitucional de la educación pública mientras persisten restricciones fiscales, deudas pendientes y reclamos laborales del personal educativo.