16 Enero del 2026.
– A las puertas de las elecciones nacionales de 2026, más de 53 mil personas nicaragüenses naturalizadas forman parte del padrón electoral costarricense. Sin embargo, su peso demográfico y político continúa sin reflejarse de manera proporcional en la participación electoral ni en la agenda pública. Así lo revela el informe “Agenda ciudadana del voto nica nacionalizado: demandas y reformas para la democracia plena en Costa Rica”, elaborado por la Asociación Popol Na.
El estudio advierte que existe una brecha persistente entre la ciudadanía jurídica «adquirida mediante la naturalización» y la ciudadanía ejercida. Aunque estas personas cuentan con derechos políticos plenos, su participación sigue siendo limitada por factores estructurales como el abstencionismo, la escasa representación de sus demandas en los programas de gobierno y la persistencia de discursos xenófobos que obstaculizan su integración política.
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones citados en el informe, en los comicios de 2022 solo el 55 % de las personas nicaragüenses naturalizadas ejercieron su derecho al voto. Esta cifra, lejos de interpretarse como apatía, responde a barreras institucionales y simbólicas que dificultan el acceso real a los espacios de participación democrática.
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Oferta electoral con escasa mirada migrante
El análisis de 20 planes de gobierno y propuestas legislativas para las elecciones de 2026 muestra que la migración continúa siendo un tema marginal en la oferta política. Apenas una cuarta parte de los partidos incorpora propuestas específicas sobre migración o refugio, y solo una minoría lo hace desde un enfoque de derechos humanos. En contraste, un porcentaje significativo plantea abordajes represivos o excluyentes, centrados en el control y la seguridad.
Esta ausencia programática profundiza la desconexión entre un electorado creciente y el sistema de representación política. Para el informe, la falta de propuestas claras sobre integración, combate a la discriminación y reconocimiento del aporte de la población migrante contribuye directamente a la desmovilización electoral.
Naturalización y democracia: una inclusión incompleta
Desde el plano jurídico, el documento reconoce que Costa Rica garantiza la naturalización como vía de acceso a una ciudadanía plena. No obstante, señala que los requisitos administrativos, los largos plazos de tramitación y el diferimiento de hasta un año para ejercer el voto tras obtener la nacionalidad constituyen obstáculos que limitan la integración política efectiva.
Estas condiciones, advierte el estudio, generan una ciudadanía escalonada que retrasa el ejercicio pleno de derechos y reduce el impacto político de las poblaciones migrantes, especialmente en contextos electorales marcados por la polarización.
Una agenda ciudadana para 2026
Como respuesta, la investigación propone una Agenda Ciudadana del Voto Nica Nacionalizado, construida a partir de encuestas, entrevistas a personas expertas y grupos focales. Esta agenda recoge demandas prioritarias como el combate a la discriminación, el acceso equitativo a derechos sociales, el reconocimiento político y la necesidad de mayor información y educación cívica.
El informe concluye que activar el voto de la población nicaragüense naturalizada no solo es una cuestión de justicia democrática, sino una oportunidad para fortalecer la representatividad del sistema político costarricense. De cara a 2026, incorporar estas voces resulta clave para avanzar hacia una democracia más inclusiva, plural y coherente con la realidad multicultural del país.