La reciente reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad en Nicaragua ha desatado una fuerte controversia, con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, defendiendo su irretroactividad, mientras que críticos como el abogado Yader Morazán, y el economista Enrique Sáenz advierten sobre un patrón de aplicación arbitraria de la ley en el país.
La reforma modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución Política, estableciendo que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”. La única excepción contemplada en la nueva legislación es para las y los ciudadanos centroamericanos, quienes podrán optar por la nacionalidad nicaragüense sin necesidad de renunciar a la de origen
Porras defiende la irretroactividad: patrón de arbitrariedad
En declaraciones recientes, Gustavo Porras afirmó. “Como lo hicimos el domingo (16 de mayo de 2025) dejamos claro de que la Constitución tiene un precepto clarísimo de irretroactividad o de no retroactividad de la ley. Dentro de los derechos individuales está el de que la ley no es retroactiva a menos que sea a favor del reo. Entonces, eso está clarísimo”.
Respeto a la perdida de nacionalidad Porras enfatizó. “Esto va a hacer después de que entre en firme la reforma a la Constitución, aquel que obtenga una nacionalidad extranjera pierde la nicaragüense. De allí en adelante y volvemos a decir los que tienen doble nacionalidad a esta altura o triple deben estar tranquilos”.
El funcionario sandinista también subrayó a visión de construir una «patria revolucionaria, libre, soberana, independiente” y que las decisiones se tomarán “de acuerdo con cada momento. Lo que es hoy pudiera ser que no sea mañana”, tratando de explicar para dejar un clima tranquilo ante la inquietante ley.
Patrón de violencia en Nicaragua
Sin embargo, el abogado Yader Morazán señala que la prohibición de la doble nacionalidad, “no tendrá aplicación retroactiva” según lo estipulado. No obstante, advierte que “un análisis del historial legislativo reciente revela un patrón de reformas que legitiman acciones previas”. Entre los ejemplos que cita Morazán se encuentran los cierres y confiscaciones de ONG y universidades formalizadas posteriormente mediante reformas a las leyes pertinentes.
En cuanto a la nacionalidad, Morazán recuerda que en 2023 “se desnacionalizó y expulsó a 222 opositores, dejándolos en situación de apatridia, y ese mismo día se introdujo reformas para legitimar la medida”. También menciona la creación de leyes para permitir detenciones prolongadas de presos políticos y una reforma constitucional en 2025 que extendió el mandato de la vicepresidenta Rosario Murillo con “efectos retroactivos”.
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Por su parte el analista y economista Enrique Sáenz es más contundente al afirmar que “en Nicaragua no hay Constitución ni leyes. Para los cabecillas de la mafia en el poder la única ley es su voluntad y la cambian según sus antojos”.
Sáenz sostiene que “con la retroactividad harán lo que se les antoje hacer” y denuncia que “los demonios mafiosos que por ahora se imponen en nuestro país aplican pena que legalmente no existen, por delitos que tampoco existen, en juicios que tampoco existen. Matan, confiscan, torturan, encarcelan, destierran”.
Por otro lado, desde Costa Rica, el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM-CR) ha lamentado la reforma, declarando que “esta medida profundiza la represión contra las personas que han sido forzadas a huir, y se suma al patrón de violencia que, incluso en el exilio, persigue a miles de personas nicaragüenses”.
El SJM-CR destaca que “Desde 2023, más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, y muchas más de la confiscación ilegal de sus bienes”.
Doble nacionalidad en Nicaragua genera apatridia
La reforma, que modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución para eliminar el derecho a la doble nacionalidad, ha generado preocupación por sus posibles consecuencias. Yader Morazán advierte que quienes tiene doble nacionalidad” pierde derechos (votar, heredar) y enfrentan confiscaciones”, y que 1.4 millones de nicaragüenses con otra ciudadanía fuera del país “quedan apátridas, sin poder regresar”.
También señala que la reforma “dispara ambas formas de apatridia”, de jure y de facto, y que el término “traidor a la Patria” usado desde la Ley 1055, “carece de definición clara”
Y su combinación con la pérdida automática por doble nacionalidad “violas tratados internacionales de DDHH”. Además, Morazán denuncia una “aberración jurídica registral” donde el régimen borra registros de desnacionalizados, “desapareciéndolos legalmente” lo que elimina la posibilidad de probar identidad o derechos.
La comunidad internacional es instada a tomar cartas en el asunto. El SJM-CR reitera su compromiso de “informar, proteger y acompañar a quienes enfrentan la migración y el desplazamiento forzado”, mientras que Morazán concluye que” La apatridia en Nicaragua tiene un impacto transfronterizo que no puede ignorarse. La comunidad internacional debe actuar para mitigar estas afectaciones a la soberanía global”.