13-07-2026.
– El Ministerio del Interior de España aprobó un nuevo protocolo policial que permitirá a las personas extranjeras solicitar la rectificación de sexo y nombre en los documentos expedidos por la Policía Nacional, un avance importante para las personas trans migrantes que hasta ahora enfrentaban trabas administrativas cuando su país de origen no reconoce su identidad.
La medida fue anunciada oficialmente este 13 de julio de 2026 y entrará en aplicación desde el día 14 de julio. Según la información difundida por Interior, los documentos que podrán ser modificados incluyen la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CRUE), la cédula de inscripción de extranjero indocumentado, el título de viaje de indocumentado, documentos vinculados a protección internacional y apatridia, así como certificados de residente y no residente.
El protocolo contempla dos escenarios. El primero aplica cuando una persona extranjera no puede realizar la rectificación registral en su país de origen; en ese caso, la Brigada de Extranjería y Fronteras solicitará un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para acreditar esa imposibilidad. Si se confirma, se procederá al cambio en el Registro Central de Extranjeros y a la emisión de un nuevo documento. El segundo escenario corresponde a quienes ya hicieron el cambio en su país de origen y solo deberán presentar su pasaporte o título de viaje vigente junto con el documento a actualizar.
Un derecho previsto en la ley trans de España que seguía sin aplicarse
La decisión se adopta en aplicación de la Ley 4/2023, conocida como ley trans, que en su artículo 50 ya reconocía el derecho de las personas extranjeras a rectificar sexo y nombre en la documentación española cuando existiera imposibilidad legal o material de hacerlo en su país. Sin embargo, hasta ahora ese derecho seguía prácticamente bloqueado por la falta de instrucciones concretas de Interior para hacerlo efectivo.
El anuncio también llega después de una sentencia pionera dictada el 5 de junio de 2026 por un tribunal de Madrid, que obligó a la Administración a reconocer la identidad de una mujer trans migrante cuyo país de origen, Perú, no le permitía realizar el cambio registral. El fallo sostuvo que la Policía Nacional no podía escudarse en la ausencia de instrucciones para negar un derecho ya reconocido por la legislación española.
La activista trans exiliada en España Vlada Krasova Torres celebró la decisión del gobierno español por el avance en el reconocimiento de in derecho que aún muchos países en el mundo no reconocen.
«Celebro este protocolo porque supone un avance para nuestras vidas, pero también hay que ser sinceras y no vino desde la voluntad sino por una sentencia emitida el mes pasado donde se evidenció que es una clara violación al derecho al principio del desarrollo de la personalidad del arto. 10.1 de la constitución española», mencionó Vlada
El impacto para personas trans migrantes en España
La falta de reconocimiento documental ha tenido consecuencias directas para miles de personas trans migrantes en España, al dificultar trámites básicos de la vida cotidiana y exponerlas a situaciones de discriminación, humillación y exclusión. Según estimaciones recogidas por El País, unas 65.000 personas trans migrantes podrían verse beneficiadas por este nuevo protocolo.
Más allá de lo administrativo, la medida toca una dimensión de dignidad y seguridad. Que los documentos reflejen la identidad de una persona incide en su acceso a vivienda, transporte, salud, empleo y servicios públicos, además de reducir situaciones de exposición involuntaria o violencia institucional.
Para la activista continúa un proceso de vigilancia que permita la aplicación de la norma, «Nos queda un ejercicio de auditoria social para que se implemente acorde a los derechos humanos» finalizó.