so26-08-2026.
– El Observatorio de Violencia hacia Personas LGBTIQ+ de Honduras KAI registró 35 asesinatos de personas LGBTIQ+ entre el 1 de enero y el 8 de agosto de 2026, en un contexto que organizaciones y personas defensoras describen como marcado por la discriminación, la violencia estructural y la ausencia de respuestas preventivas por parte del Estado.
El dato aparece en el Boletín No. 14 del Observatorio KAI, que también recuerda que entre 2003 y 2025 se documentaron 618 asesinatos contra personas LGBTIQ+ en Honduras.
De las 35 muertes violentas registradas este año, una correspondía a una mujer lesbiana, 10 a hombres gay, una a un hombre bisexual, 11 a mujeres trans, una a un hombre trans y 11 a personas LGBTIQ+ cuya orientación sexual o identidad de género no pudo ser desagregada.
Todos los asesinatos continúan en investigación preliminar
Según los datos recopilados, los 35 casos permanecen en etapa de investigación preliminar y únicamente en dos se reporta la captura de personas sospechosas.
Durante el mismo periodo, el Observatorio no registró desapariciones de personas LGBTIQ+, pero sí documentó 11 personas refugiadas en el extranjero.
El defensor de derechos humanos Erick Martínez señaló que la violencia contra esta población ha mostrado una tendencia persistente a lo largo de los años.
“Si ponderamos una media entre los asesinatos, esta media a nivel anual anda justamente por 30 a 35 por año”, explicó Martínez, quien cuestionó que las respuestas estatales continúen siendo principalmente reactivas.
Para el defensor, las instituciones suelen actuar cuando el asesinato ya ocurrió, abriendo investigaciones sin desarrollar suficientes políticas de prevención. Esta dinámica, añadió, contribuye al colapso y la ineficacia del sistema de justicia.
195 casos de violencia contra personas LGBTIQ+ en ocho meses
Además de las muertes violentas, el Observatorio KAI documentó 195 casos de violencia generalizada por orientación sexual o identidad de género entre enero y el 8 de agosto de 2026.
El informe señala que las mujeres trans enfrentan un impacto desproporcionado, con 32 casos de violencia, posicionándose como una de las poblaciones con mayor exposición a agresiones.
Sin embargo, otro de los hallazgos más preocupantes es la falta de información desagregada: 137 de los 195 casos, cerca del 70 %, no cuentan con categorización precisa sobre la orientación sexual o identidad de género de la víctima.
Esta ausencia de registros adecuados, advierte el análisis, refleja fallas en los protocolos de las instituciones públicas y contribuye a invisibilizar la magnitud y las características específicas de la violencia.
Organizaciones cuestionan iniciativas que restringen reconocimiento de género
Las organizaciones LGBTIQ+ también han expresado preocupación por iniciativas políticas que consideran contrarias a los derechos de la población diversa.
La coordinadora general de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza, llamó la atención sobre propuestas legislativas que buscan establecer únicamente las categorías masculina y femenina dentro del ordenamiento jurídico.
Mendoza sostuvo que no basta con observar el número de asesinatos, sino que también debe analizarse “lo que el Estado hace en contra de las personas LGBTIQ”, especialmente mediante iniciativas que pueden restringir el reconocimiento de la identidad de género.
Uno de estos proyectos fue presentado por el diputado del Partido Nacional Frank Alley, quien propuso una reforma al Código Penal para establecer formalmente que existen únicamente dos sexos y géneros equivalentes: masculino y femenino.
Organizaciones defensoras han señalado que una medida de este tipo podría entrar en tensión con las obligaciones internacionales asumidas por Honduras, particularmente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Vicky Hernández vs. Honduras y Leonela Zelaya vs. Honduras.
Violencia e impunidad continúan como desafío estructural
El panorama descrito por KAI muestra que la violencia contra personas LGBTIQ+ en Honduras continúa siendo sostenida y acompañada por altos niveles de impunidad.
Para las organizaciones, el problema no puede abordarse únicamente después de cada agresión. Insisten en la necesidad de políticas de prevención, protocolos especializados, registros desagregados y medidas que reconozcan plenamente la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
Mientras estas respuestas no se implementen, advierten, las cifras seguirán representando no solo casos individuales de violencia, sino una expresión de las barreras estructurales que continúan enfrentando las personas LGBTIQ+ en Honduras.