Informe de la ONU señala desvío de fondos estatales para financiar represión en Nicaragua

Por: Antonio Chávez

10 de marzo de 2026


-Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documenta la existencia de una estructura estatal que habría financiado la represión contra opositores mediante el desvío sistemático de fondos públicos y extendido la persecución política más allá de las fronteras del país a través de redes de inteligencia y vigilancia transnacional.

crímenes de lesa humanidad
Fotografía de un joven con una bandera de Nicaragua frente a Policías, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

El documento, elaborado a partir de 73 entrevistas a 39 fuentes y el análisis de más de 1.700 documentos, entre ellos registros presupuestarios, correos electrónicos, auditorías y comprobantes de pago, describe lo que los expertos consideran un aparato organizado para sostener la represión política.

Desvío de fondos públicos para financiar la represión

El informe concluye que el Gobierno habría utilizado mecanismos de corrupción estatal para financiar tanto estructuras partidarias como operaciones represivas, incluyendo el uso indebido de presupuestos institucionales, bienes estatales y contratación irregular de personal.

Según la investigación, en 2018 se consolidó una estructura paralela dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encargada de canalizar recursos para financiar operaciones represivas y reforzar el control político.

Esta estructura habría estado dirigida por Rosario Murillo y el secretario administrativo del FSLN, Fidel Antonio Moreno Briones, quienes habrían coordinado el desvío de recursos desde instituciones públicas y municipios.

Los expertos señalan que autoridades públicas recibieron órdenes para reasignar parte de sus presupuestos a la logística de grupos progubernamentales y otras acciones represivas.

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Red transnacional de vigilancia contra personas exiliadas

El informe también documenta la existencia de una red de vigilancia e inteligencia que opera fuera de Nicaragua para monitorear, intimidar y amenazar a opositores exiliados.

Según los hallazgos, esta estructura estaría integrada por actores estatales, operadores políticos y redes de informantes que actúan bajo directrices de la cúpula del poder ejecutivo.

Las prácticas documentadas incluyen: interceptación de comunicaciones, espionaje digital, vigilancia en redes sociales, campañas de difamación, amenazas de muerte y seguimiento físico en países como Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y España

También señala que embajadas nicaragüenses habrían sido utilizadas como plataformas de coordinación de inteligencia contra exiliados.

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Autoridades señaladas en la estructura represiva

Entre los funcionarios mencionados por su presunta participación en la estructura de represión transnacional figura el asesor presidencial Valdrack Jaentschke Whitaker, quien habría desempeñado un papel clave en la coordinación de actividades de inteligencia y vigilancia desde cargos diplomáticos en Centroamérica.

Asimismo, el informe señala la responsabilidad de altos funcionarios y menciona que en 2025 se identificó a 52 personas de alto nivel, junto con los copresidentes del país, como presuntamente responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Impacto diferenciado contra mujeres y personas LGBTIQ+

El documento advierte que la represión tiene un impacto diferenciado por razones de género.

Según los expertos, las autoridades habrían utilizado estigmatización, violencia sexualizada, humillaciones y ataques contra roles de cuidado como herramientas para castigar a mujeres opositoras y personas LGBTIQ+.

También señala que estas acciones buscarían: silenciar la participación política de mujeres, desarticular organizaciones feministas, disuadir el activismo LGBTIQ+ y generar miedo dentro de estas comunidades. Además, la represión transnacional ha tenido efectos psicológicos severos en familias exiliadas, especialmente en mujeres cuidadoras, personas mayores y niños.

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Posibles crímenes de lesa humanidad

Uno de los hallazgos más graves del informe es que las violaciones documentadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Los expertos consideran que existen indicios de delitos como: asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, deportaciones, encarcelamientos arbitrarios y persecución política sistemática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Además, sostiene que estas acciones formarían parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil opositora, incluyendo a personas en el exilio.

Llamado a la rendición de cuentas internacional

Finalmente, el Grupo de Expertos advierte que la falta de cooperación del Gobierno nicaragüense con los mecanismos internacionales de derechos humanos ha contribuido a la impunidad y ha dificultado los procesos de justicia.

Ante ello, el informe insiste en la necesidad de mantener la presión internacional para garantizar la rendición de cuentas y la protección de las víctimas.

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