La CIDH otorga medidas cautelares a favor de cinco disidentes bajo custodia en Nicaragua

19 septiembre 2025.

– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses que se encuentran bajo custodia en Nicaragua y son críticos con el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó este viernes la parte solicitante.

Los beneficiados son Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y su hermano, el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas, de acuerdo con la resolución de la CIDH.

Los cinco disidentes forman parte de los al menos 73 opositores y críticos del Gobierno sandinista que se encuentran en prisión en Nicaragua y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios.

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En su resolución, emitida el pasado 16 de septiembre, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor de los cinco disidentes tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal corren riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua.

Según la parte solicitante, las personas beneficiarias fueron detenidas en sus domicilios el 17 de julio de 2025 por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) en la ciudad de Jinotepe, departamento (provincia) de Carazo (Pacífico), «como represalia por su pertenencia a una familia opositora y crítica del Gobierno de Nicaragua».

Desde entonces, familiares y personas cercanas afirman no tener información sobre su paradero o destino, advirtió la CIDH.

Según organismos humanitarios, tras las detenciones, personas allegadas acudieron a distintos centros penitenciarios con el fin de obtener información sobre sus ubicaciones y conocer sus condiciones actuales. Sin embargo, pese a las gestiones y solicitudes realizadas, las autoridades estatales no habrían brindado datos oficiales sobre su paraderos ni situaciones.

Estado de Nicaragua guarda silencio

Por su parte, el Estado de Nicaragua tampoco proporcionó información a la CIDH.

Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su reglamento, ese organismo solicitó al Estado de Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de las personas beneficiarias con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

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También que indique de manera formal si las personas beneficiarias han sido acusadas de algún delito y/o si han sido presentadas ante la autoridad judicial correspondiente.

En caso contrario, aclarar el motivo de su detención sin cargos y sin supervisión judicial; aclare las circunstancias y condiciones de sus detenciones, incluyendo el lugar de su detención, y si tienen acceso a sus representantes legales y familiares, así como las atenciones en salud que resulten necesarias.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

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