2 de Febrero del 2026.
– En América Latina, las llamadas «terapias de conversión« no son un residuo del pasado ni una excentricidad marginal. Son una forma sistemática de violencia que sigue operando sobre cuerpos y vidas disidentes, especialmente aquellas atravesadas por múltiples capas de vulnerabilidad. No curan, no transforman, no acompañan: producen dolor, miedo, sangre y silencio.
El impacto de estas prácticas ha sido reconocido por organismos internacionales como una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Así lo indico en 2020 el Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidad Víctor Madrigal-Borloz, al documentar cómo estas intervenciones se basan en premisas científicas falsas y generan un daño profundo y duradero.
«No existe evidencia alguna de que modifiquen la orientación sexual o la identidad de género. Lo que sí dejan son cuerpos rotos, traumas y vidas marcadas por la vergüenza y el castigo» dijo Madrigal.
Pero en nuestra región, esta violencia no puede entenderse sin contexto. Las terapias de conversión no actúan sobre un sujeto abstracto: se ejercen, sobre todo, sobre personas pobres, racializadas, jóvenes, migrantes, personas trans, no binarias y disidentes sexuales que dependen económicamente de sus familias, de instituciones religiosas o de sistemas de salud profundamente atravesados por el moralismo.
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En países como Argentina y Uruguay, los avances frente a estas violencias no llegaron primero por leyes que prohibieron explícitamente las terapias de conversión, sino por algo más profundo: la conquista del derecho a ser de la persona. La Ley de identidad de Género Argentina, aprobada en 2012, marcó un antes y un después al basarse en la desjudicialización y la despatologización absoluta de las identidades trans. Al dejar de concebir nuestras existencias como enfermedad, se desarmó también la legitimidad de cualquier intento de «corrección».
Este enfoque no fue casual. Responde a una estrategia política que entendió que no se combate la violencia regulando el castigo, sino desmontando la idea misma de que ciertas identidades necesitan ser corregidas. En esa línea se inscribe el legado de Lohana Berkins, activista travesti y feminista argentina, cuya lucha fue central para instalar la despatologización de las identidades trans como una condición básica de los derechos humanos. Su apuesta política no fue pedir tolerancia, sino exigir el derecho pleno a existir sin corrección, sin castigo y sin tutela médica o religiosa. No más leyes de segunda categoría, no más ciudadanía condicional.
Sin embargo, estos avances conviven hoy con una amenaza real y creciente. En países como Brasil, el auge de movimientos neofundamentalistas y sectores neoreligiosos ha reactivado discursos que presentan la homosexualidad y las identidades trans como «desviaciones» o «enfermedades curables». Estas narrativas no solo legitiman las terapias de conversión, sino que las reciclan bajo nuevos nombres: acompañamiento espiritual, orientación familiar, procesos de sanación.
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Aquí es donde la mirada interseccional se vuelve imprescindible. Porque no todas las personas tienen las mismas posibilidades de escapar de estas violencias. Quien es trans y pobre, quien es racializada, quien es migrante o refugiada, quien pertenece al sector obrero o vive en territorios donde el Estado no llega, enfrenta un riesgo mucho mayor de ser sometida a estas prácticas y, además, de no ser creída cuando denuncia.
La interseccionalidad permite entender que la discriminación no ocurre de forma aislada. Se acumula, se refuerza y se vuelve más letal cuando se cruzan múltiples ejes de opresión. También exige que las políticas públicas y los sistemas de justicia no sean «ciegos» a estas realidades. Que una denuncia por intento de conversión no sea desestimada por perjuicios de género, raza o clase. Que las fuerzas del orden no reproduzcan el mismo desprecio que permitió la violencia.
Nombrar estas prácticas como lo que son: violencia, tortura, control moral, no es una cuestión semántica. Es una disputa política. Mientras sigamos llamándolas «terapias», seguiremos concediendo la idea de que hay algo que corregir en nuestras existencias.
Desde una mirada interseccional y vivencial, lo que está en juego no es solo la orientación sexual o la identidad de género. Es el derecho a vivir sin ser castigadas por existir. En América Latina, la lucha contra las terapias de conversión no puede separarse de la lucha contra el racismo, la pobreza, el autoritarismo religioso y la precarización de la vida. Porque no hay derechos humanos sin dignidad, y no hay dignidad cuando el cuerpo se convierte en campo de castigo.