El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la Asamblea Nacional, hace oficial la cancelación y confiscación de otros dos centros de educación de enseñanza Superior en Nicaragua, asegurando que ambas universidades, “incumplieron con sus obligaciones conforme a las leyes que regulan a las Asociaciones Sin Fines de Lucro”.
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Las recientes víctimas de cancelación de personalidad jurídica son las universidades privadas Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN) y la Asociación Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía Uston Granada.
Según dice el comunicado con fecha 18 de febrero del año 2022, el Ministerio de Gobernación, por medio de Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, remitió informe donde solicita la cancelación de las dos Personalidades Jurídicas, supuestamente por que ambas Asociaciones “han incumplido con sus obligaciones conforme las Leyes que regulan a las Asociaciones sin Fines de Lucro”.
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Estas son las reglas que supuestamente no obedecieron las universidades: la Ley N O 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; La ley N O 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y el Reglamento de la Ley N O 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. “También agregan, “inconsistencias encontradas y Juntas Directivas violentando las leyes de la materia que Regulan a los Organismos sin Fines de Lucro”.
Otros argumentos que describe la solicitud es que las Asociaciones Universitarias “han fomentado la falta de transparencia en la administración de los fondos y desconociéndose la ejecución de los mismos”.
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Aseguran que la UTN, tiene la Junta Directiva “con plazo vencido, encontrándose acéfalas”, exponiendo que al Migob se le hace difícil identificar quienes son los verdaderos representantes o asociados del Organismo, infringiendo las Leyes que regulan a las ONG, sostienen.
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Las universidades que fueron canceladas su personalidad jurídica anteriormente son: Universidad Internacional de la Florida; Universidad Estatal de Michigan; Wake Forest University, Corporación Universidad de Mobile (las cuatro originarias de EEUU); Fundación Universidad Particular en Ciencias del Mercado, originaria de Panamá; Asociación Universidad Thomas More (UTM) y Asociación Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM), ambas originarias de Costa Rica, Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Asociación Universidad de Estudios Humanísticos (UNEH), Asociación Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).
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El experto en Educación y exrector de la Universidad American, Ernesto Medina, se solidarizó con estas universidades, sus estudiantes, familiares y trabajadores de los recintos, y aseveró. “Hoy han sufrido de parte de la dictadura Ortega-Murillo el más grave atropello en contra de instituciones de Educación Superior en la historia de Nicaragua y probablemente de Centroamérica”.
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Tras la cancelación de la personería jurídica a las universidades privadas del país, algunas sedes permanecieron militarizadas por parte de la Policía Nacional, hasta que el CNU se hizo cargo e impuso otros representantes.
Por ejemplo, la (Uponic) en Jinotega se apostaron miembros de la Dirección de Operaciones Especiales, Doep.
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Mientras tanto en Managua la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), símbolo de las protestas de 2018, fue vigilada por policías afuera del recinto, mientras miembros de UNEN celebraban en sus pasillos con chicheros y la canción “Mi comandante se queda” dedicada al reelecto en la presidencia Daniel Ortega.
Control total de la CNU
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El Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano rector de la educación superior nicaragüense, ha tomado de las otras universidades confiscadas por el Gobierno de Ortega las cuales se les cambio el nombre, queriendo extinguir la historia de esas universidades desde su fundación, como una forma represiva a la comunidad educativa.
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Según el CNU, que dirige la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), Ramona Rodríguez, a esas universidades se les canceló sus respectivas personalidades jurídicas “por el incumplimiento de sus obligaciones y la continua trasgresión a las normas legales establecidas”, lo que es negado por algunas de esas casas de estudios.
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El propósito de estas cancelaciones jurídicas a estos centros de estudios es “imponer un control partidario en las instituciones de educación superior, arriesgando el futuro del país”, advierten miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) y académicos nicaragüenses.
