Las anulaciones de oenegés tendrían peores efectos que un desastre natural en las zonas donde las organizaciones trabajan. El agua, la salud, los cultivos, la comida y la enseñanza, llegaba de las manos de estos organismos porque el Estado, se ha declarado incapaz
Después del estallido social de 2018, el gobierno de Ortega estableció un mecanismo para anular a las organizaciones civiles: el Ministerio de Gobernación se negaría a recibir sus informes financieros y de funcionamiento y las haría caer en la ilegalidad, un diputado las denunciaría y la aplanadora orteguista las anularía en la Asamblea Nacional.
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Así han borrado desde noviembre de 2018 y marzo de este año, 139 asociaciones dedicadas unas a la defensa de derechos humanos, de la niñez y de la mujer, otras a la promoción de la salud, otras educativas, unas ambientales y una buena cantidad dedicada a la caridad.
“Está claro que es una ofensiva contra la sociedad civil”, dice Ana Quirós, quien sufrió en carne propia el despojo de una de las organizaciones; el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, ,CISAS.
Quirós tiene claro que el objetivo del régimen son las instituciones humanitarias. “Es porque trabajan en favor de la población que el régimen reprime”, añade la activista que vive en el exilio, tras ser expulsada del país en noviembre de 2018, tres días antes que le “echaran mano” a la oenegé que ella dirigía desde que le fue otorgada la personería jurídica en 1990.
“Todos perdemos”
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En Chinandega, en la comunidad Morazán, del municipio Puerto Morazán, han oído que el ,Centro Humboldt no podrá continuar con el proyecto de agua potable que busca beneficiar a unos mil 200 habitantes que viven en el llamado Sector Número 4.
El proyecto inició el año pasado y al finalizar, la comunidad dejaría atrás 10 años de vida sin agua. “Aquí todos perdemos”, dice Dania Gonzáles, que con los 13 miembros de su familia es una de las beneficiarias del proyecto.
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El organismo engrosó esta semana que finalizó, la lista de asociaciones sin fines de lucro anuladas por el régimen. 32 años de trabajo fueron eliminados con el solo “apretón” de botones de 71 diputados del Parlamento que domina Daniel Ortega.
La Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo (,Cociger), con sede en Guatemala criticó la acción de los legisladores nicaragüenses y se solidarizó a través de un comunicado, con las organizaciones afectadas. Destacó que, en el caso del Centro Humboldt, venía desarrollando una importante política de gestión del riesgo ante desastres en zonas vulnerables del país. El coordinador de Cociger, Guido Calderón, advirtió que, sin el apoyo del organismo en los territorios, la vulnerabilidad se vuelve crítica.
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El cierre de Humboldt implica también la desaparición de un proyecto que tiene como fin proteger los bosques de manglares que crecen en las costas de occidente, en la isla Juan Venado, León y el fin de una red de monitoreo climático que proveía información al público sobre las temperaturas y el comportamiento de la lluvia en varias zonas del país.
Daño a niños y más
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A 222 kilómetros de distancia de donde habita doña Diana González, en San José de Cusmapa, la vida no volvió a ser la misma desde el 11 de febrero pasado, que la misma Asamblea Nacional, le arrebatara al caserío los centros de la Fundación Familia Fabretto.
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Solo en esa localidad, se afectaron poco más de 2 mil niños y cerca de 36 familias. “Nosotros somos los perdidosos”, dijo un comunitario entrevistado para este reporte. La organización fundada en 1948, por el misionero salesiano y sacerdote Rafael María Fabretto, administraba nueve centros educativos y de formación social en Estelí, Madriz, Ocotal, Somoto, Managua y Granada. 54 mil niños recibían en esos centros clases, reforzamiento y merienda escolar. Todo fue confiscado por el régimen Ortega-Murillo.
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El comunitario que pidió hablar en anonimato para evitar la represión, dice que los centros todavía operan con el financiamiento que los donantes cedieron para los primeros meses del año. Cree que después vendría lo difícil. “Dijeron que si pasaba a manos del Estado ya no darían más dinero, los perdidosos somos nosotros, la comunidad”, se lamentó.
La peor cara del régimen
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“El régimen ha mostrado su peor cara, no le importa afectar a mujeres y niños, ha destruido todo un tejido social que llevó años construir y venía aliviando la vida de mucha gente donde el Estado no es capaz de llegar”, dice una socióloga y activista de derechos humanos de la Red de Mujeres Contra la Violencia, un conglomerado que también ha sufrido el desmantelamiento de organismos que lo integraban como el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, anulada el 15 de febrero último.
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A la exobrera de la maquila Yadira Juárez, le es inexplicable la acción contra las organizaciones que trabajan para favorecer a las mujeres en el país. “Yo no entiendo”, dice. “Si ellas (las organizaciones) sólo ayudan”, comenta. Juárez pertenece a una extensa lista de mujeres a quienes “el María Elena Cuadra”, -a como ellas misma llaman al organismo – les dio beneficios importantes cuando más necesitaron.
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A ella por ejemplo, a quien una maquila la despidió injustamente por un quebranto de salud, la organización hasta le garantizó bonos alimenticios para ella, sus tres hijos y su esposo jubilado y la capacitó para que buscara otra forma de ganarse la vida, lejos de las máquinas de coser de las textileras de donde la habían echado.
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El mismo día que anularon al Movimiento de mujeres, a la oenegé internacional Trocaire, la inhabilitaron para seguir operando en el país. La organización de origen irlandés, tiene presencia en al menos 20 países y en Nicaragua se centraba en el apoyo a las comunidades para mejorar el rendimiento de los cultivos y el empoderamiento de la mujer.
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El organismo explicó que han trabajado en Nicaragua por cerca de 40 años y han sumado ayuda a más de 40 mil familias, entre ellas 3 mil jefas de hogares rurales. “Nos hemos limitado a la solidaridad con los nicaragüenses”, dijeron en un comunicado que enviaron a sus donantes tras conocer su anulación en el país.
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Señalaron que al momento de la cancelación trabajan en apoyo de familias, cuyos cultivos se vieron afectadas por los huracanes Eta e Iota que perjudicó a Centroamérica hace dos años.
El 11 de diciembre del año pasado, los medios oficialistas contaron con mucha felicidad que, gracias a Operación Sonrisa, unos 40 niños y niñas se beneficiaron con cirugías correctivas de labios leporinos y paladar hendido, realizada en el Hospital Fernando Vélez Paiz.
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El personal que labora en la oenegé fue sorprendido tres meses después con la anulación de su personalidad jurídica. Una similar cantidad de menores esperaban la oportunidad de una cirugía que les diera una vida normal, pero el viernes, tras la cancelación, las cirugías fueron suspendidas hasta nuevo aviso. “Nos dicen que esperemos que buscan cómo resolver”, dijo una madre que llegó con su niña al local ese día.
Con futuro nada claro
El fin de semana último no fue como otros en el asilo Sor María Romero de Las Colinas. Amanecieron con un sentimiento de tristeza e incertidumbre. 39 ancianos que fueron recogidos de la calle y que desde hacía un tiempo para acá tienen una vida más o menos digna, son amenazados con la calle, tras cancelar la personería jurídica a la oenegé que la administraba, la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense.
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Además de los 39 adultos mayores, 13 trabajadores del local entre ellos cinco enfermeras, están por perder su empleo. “Para muchos es el único sostén de sus familias”, dice la administradora del local, María Lourdes Chacón.
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Tampoco Chacón entiende la escalada en contra del centro humanitario. “Aquí no somos políticos, aquí solo nos movemos para ayudar a un indefenso que sufre, y que padece abandono”, explica Chacón, quien, hasta este viernes, no había recibido notificación alguna de autoridad de gobierno que explique el limbo en que queda la institución. “Aquí lo que nos queda es seguir haciendo lo que hacemos todos los días; cuidar a nuestros viejitos”, asegura.
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