Indígenas de la etnia Miskitu de Honduras anunciaron este jueves que presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra la intención del Gobierno de construir una cárcel de máxima seguridad en sus territorios ancestrales.
El presidente del Consejo Territorial de la Federación de Indígenas Nativos de la Zona Mocorón Segovia, Avilés Murphy, dijo a los periodistas que la demanda será presentada en los próximos días contra la construcción de la cárcel, que inicialmente sería para 2.000 reclusos.
«Nosotros vamos a actuar y hacer una demanda internacional» ante la CorteIDH para que el Gobierno desista de la construcción del Centro de Reclusión de Emergencia en Mocorón, departamento de Gracias a Dios, en el este de Honduras, fronterizo con Nicaragua, apuntó Murphy.
Señaló que en Mocorón funciona desde el siglo pasado un batallón de infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, sin que se aplicará una consulta previa, libre e informada al pueblo misquito.
Felicito Grecan, uno de los líderes misquitos que protestan en Mocorón desde hace más de un mes, advirtió que «tendrán que matarnos» si el Gobierno insiste en construir la cárcel.
«Todos vamos a defender y tendrán que construir (la cárcel) sobre la sangre de los misquitos», subrayó Grecan, quien dijo que espera que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, «reflexione», .
Así reaccionó Grecan a las declaraciones de la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien aseguró el miércoles que la cárcel se construirá por decisión del Consejo de Defensa y Seguridad, presidido por Castro.
Moncada justificó la construcción de la cárcel alegando que Mocorón «ha sido utilizado como un corredor para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas» y que el centro de reclusión será una «herramienta legal y constitucional que no sacrificará el bienestar colectivo por intereses individuales o de grupos criminales».
Sin embargo, Grecan enfatizó que los misquitos no están pidiendo nada al Gobierno, sino «defendiendo» sus territorios ancestrales, y denunció además que el Gobierno ha solicitado al Ministerio Público (Fiscalía) que desaloje a los manifestantes.
En 2023 la presidenta hondureña anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe, y otra entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20.000 personas de alta peligrosidad.
La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne, a lo que se han opuesto grupos ambientalistas, entre otros, por el daño que causaría a esa reserva marina nacional, ha sido declarada nula en tres ocasiones por no haber calificado las dos de las tres empresas que participaron, por no reunir requisitos bancarios.
