Nicaragua registra 62 personas presas políticas y un 45% sigue desaparecido: persisten las detenciones arbitrarias y la represión estatal

6 diciembre 2025.


– El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas informó que, al 2 de diciembre de 2025, la cifra oficial de prisioneros en Nicaragua se sitúa en “62 personas presas políticas, tras una disminución derivada de excarcelaciones recientes, mientras persisten patrones de desapariciones, hostigamientos y subregistro”.

45% personas presas políticas siguen desaparecidas tras liberaciones ocultas

Esta cifra representa una reducción respecto al mes anterior, debido a la “excarcelación de 18 de ellas y la incorporación de 3 casos nuevos durante el periodo evaluado”. Las excarcelaciones ocurrieron «sin notificación previa y varias personas fueron entregadas a sus hogares con signos de deterioro físico y emocional».

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El Mecanismo advierte que estas liberaciones no significan un cambio estructural, sino que son “parte de un patrón estatal de liberaciones condicionales, opacas y orientadas a reducir presión internacionales sin modificar las prácticas represivas de fondo”.

A pesar de las liberaciones, la situación humanitaria se agrava por el control estatal y la opacidad. Un dato preocupante es la desaparición forzada, ya que “el 45% del total permanece en condiciones de desaparición forzada”, impidiendo a las familias conocer su estado o paradero.

Sesgo de género y uso punitivo: Radiografía de la represión en Nicaragua

Este patrón de violencia muestra una marcada desigualdad de género. “Se mantiene un fuerte sesgo de género: 83% de las mujeres continúan desaparecidas, frente al 37% de los hombres”.

El informe también subraya la vulnerabilidad de los detenidos de mayor de edad, con “18 personas adultas mayores” que representan el “ 29% del total” , un grupo que enfrenta un riesgo elevado por su salud y edad.

La detención de este grupo evidencia “la ausencia de criterios humanitarios y un uso punitivo de la privación de libertad contra personas en situación de especial vulnerabilidad” refiere el Mecanismo.

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En cuanto a la distribución territorial, el informe señala que “el 24 % de las personas presas políticas proceden de Carazo, una zona afectada por redadas en julio y agosto de 2025.»

Estas operaciones se caracterizaron por su violencia, ausencia de órdenes judiciales y uso excesivo del uso de la fuerza y que concluyeron con la desaparición forzada de todas las personas provenientes de este departamento.

Además, existe un «patrón deliberado de traslado forzado» que concentra el 48 % de los detenidos en centros penitenciarios de Managua y Tipitapa lo que impone «cargas económicas, logísticas y psicológicas significativas» a las familias que provienen de departamentos lejanos.

El Mecanismo concluye que la cifra de 62 personas debe entenderse como «un mínimo verificable, dentro de un universo probablemente mayor», debido al subregistro significativo de casos generado por el «miedo generalizado impuesto por el gobierno». En este contexto, la detención y la liberación se utilizan como «mecanismos alternos de presión, castigo y control social».

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