22-07-2026.
– La libre determinación de los pueblos no es una expresión retórica del derecho internacional. Es uno de los principios sobre los que se edificó el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas la incorporó entre los propósitos de la Organización al establecer que las relaciones entre los Estados deben fundarse en la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos. No se trata únicamente del derecho de un pueblo a constituirse como Estado, sino también de su facultad permanente para decidir libremente su destino político.
La evolución del derecho internacional reforzó ese principio. Aunque la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no regula expresamente la libre determinación, sí reconoce la existencia de normas imperativas del derecho internacional general (ius cogens), de las cuales ningún Estado puede apartarse. En ese contexto, la Comisión de Derecho Internacional ha identificado la libre determinación como una norma de carácter imperativo, confirmando su posición privilegiada dentro del orden jurídico internacional.
Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 desarrollaron el contenido de ese principio. Su artículo 1 común reconoce el derecho de todos los pueblos a determinar libremente su condición política, mientras que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantiza a la ciudadanía el derecho a participar en los asuntos públicos y a elegir periódicamente a sus representantes. De este modo, la democracia deja de ser una simple forma de gobierno para convertirse en el mecanismo mediante el cual los pueblos ejercen la dimensión interna de la libre determinación.
Esta idea ha sido reafirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Opinión Consultiva OC-28/21 sostuvo que la democracia representativa, el Estado de derecho, el pluralismo político, las elecciones periódicas y la alternancia en el poder mantienen una relación de interdependencia con la protección de los derechos humanos. En consecuencia, cuando un régimen elimina de forma permanente la posibilidad de que la ciudadanía elija libremente a sus gobernantes, no solo restringe derechos políticos individuales, sino que afecta el ejercicio mismo de la libre determinación.
Desde esta perspectiva surge una pregunta que trasciende el caso nicaragüense. El artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que podrán ser miembros de la Organización los Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones de la Carta y que sean capaces y estén dispuestos a cumplirlas. Aunque esta disposición regula formalmente la admisión de nuevos miembros, también permite formular una reflexión doctrinal: ¿puede considerarse plenamente capaz de cumplir los principios de la Carta un Estado que impide de manera permanente que su pueblo ejerza la libre determinación reconocida por el propio orden internacional?
Esta interpretación abre una vía distinta para analizar la situación de Nicaragua. El caso podría volver a ser elevado al Consejo de Seguridad que ya debatió la crisis nicaragüense en 2018 sobre tres fundamentos complementarios. El primero sería la vulneración de la libre determinación de los pueblos, entendida no solo como un principio político, sino como una norma estructural del derecho internacional cuya dimensión democrática ha sido desarrollada por la Corte Interamericana. El segundo sería la represión transnacional, cuando la persecución, la vigilancia o la intimidación de personas exiliadas trascienden las fronteras nacionales y afectan la soberanía de otros Estados. El tercero podría sustentarse, siempre que existan elementos objetivos y verificables, en la eventual vinculación de estructuras estatales o paraestatales con organizaciones criminales o terroristas cuya actuación pueda comprometer la paz y la seguridad internacionales.
La finalidad de volver a elevar el caso de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad no sería obtener una resolución. La estrategia consistiría en reconstruir jurídicamente el caso desde una perspectiva distinta: no solo como una sucesión de violaciones de derechos humanos, sino como una afectación a uno de los principios estructurales sobre los que descansa el orden internacional. Esa nueva lectura fortalecería la legitimidad para que los organismos regionales y los propios Estados adopten respuestas más contundentes dentro del ámbito de sus competencias y contribuiría a consolidar la crisis nicaragüense como un problema de relevancia internacional.