13-07-2026.
– El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas denunció la revocación masiva de credenciales a abogados y notarios en el país, una medida que, según advirtió, representa una nueva escalada en el desmantelamiento de la justicia y deja a la población en mayor indefensión frente al poder estatal.
De acuerdo con el pronunciamiento del Grupo, durante la última semana se acumuló evidencia que permite considerar que el Gobierno de Nicaragua está privando de manera sistemática a numerosos profesionales del derecho de sus licencias para ejercer. Los testimonios recogidos indican que la mayoría de las personas afectadas no recibió notificación previa, ni fundamento jurídico, ni explicación oficial. En muchos casos, solo se enteraron cuando intentaron ingresar a tribunales, presentar escritos o buscar su nombre en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia y descubrieron que ya no aparecía.
“Durante la última semana, se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. Para el mecanismo de la ONU, esta decisión elimina de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica y golpea directamente el derecho de defensa de la ciudadanía.
El organismo recordó que la injerencia sobre el ejercicio de la abogacía no es nueva. En 2023, las autoridades ya habían suspendido arbitraria y permanentemente a por lo menos 28 abogados, y desde entonces también se habían rechazado de forma arbitraria renovaciones de quinquenios notariales, impidiendo que otras personas continuaran ejerciendo funciones notariales.
La ONU vinculó esta nueva medida con una depuración más amplia del sistema judicial que se intensificó desde octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, varios magistrados y magistradas dejaron sus cargos y más de un millar de funcionarios judiciales fueron despedidos. Ese proceso, según el Grupo, culminó con la reforma constitucional de 2025, que despojó al Poder Judicial de su carácter de poder independiente y lo redefinió como un órgano coordinado por la Presidencia.
“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas”, señaló Reed Brody, integrante del Grupo. Añadió que las normas internacionales son claras en este punto: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente.
AMS: un nuevo eslabón de la política de persecución
La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) reaccionó al pronunciamiento de la ONU con un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a la eliminación arbitraria de licencias profesionales de abogados y notarios, a la que definió como “una nueva acción de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo” que profundiza el cierre definitivo de los espacios de justicia en el país.
Para la AMS, esta medida no solo vulnera los derechos de quienes ejercen la abogacía, sino que además priva a toda la población nicaragüense del acceso a representación legal independiente y a un juicio justo. La organización sostuvo que la exclusión de profesionales de los registros oficiales sin debido proceso ni posibilidad de defensa constituye una muestra más de la concentración absoluta del poder en manos del régimen.
En su pronunciamiento, la AMS situó este hecho dentro de una política represiva más amplia que, desde 2018, ha incluido la criminalización de la protesta, el cierre de más de 5,600 organizaciones, la confiscación de universidades, medios de comunicación y organizaciones sociales, así como el despojo arbitrario de la nacionalidad a cientos de personas. También recordó la reciente expulsión de estudiantes de medicina y las amenazas que siguen recibiendo periodistas en el exilio.
“Hoy, la eliminación sistemática de abogados y notarios constituye un nuevo eslabón en esa política de represión y concentración absoluta del poder”, señaló la AMS. A su juicio, la reforma constitucional de 2025 terminó de desmontar la independencia judicial al subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, dejando a Nicaragua sin garantías mínimas de acceso a la justicia.
La organización subrayó que la persecución contra la profesión jurídica representa un ataque directo contra uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. “Sin abogados independientes no existe debido proceso, no existe tutela judicial efectiva y las víctimas quedan completamente indefensas frente al abuso del poder”, advirtió.
La ONU y la AMS coinciden en que la exclusión arbitraria de abogados y notarios debilita aún más la administración de justicia en Nicaragua, impide a la población realizar trámites legales básicos y restringe el acceso a representación judicial en un contexto donde el sistema ya se encuentra profundamente controlado por el Ejecutivo.
Frente a esta nueva escalada, la AMS hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos regionales y universales de derechos humanos, a los colegios de abogados y a las organizaciones jurídicas del mundo para que condenen esta agresión contra el Estado de derecho y fortalezcan los mecanismos de protección para las personas perseguidas por ejercer la defensa de los derechos humanos y la profesión jurídica.