30 octubre 2025.
– Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GRHEN) presentó su informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, documentando violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos desde abril de 2018.
El presidente del GRHEN, Jan Michael Simon, señaló que «estas violaciones constituyen prima facie crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y deportación».
El informe subraya una política diseñada para silenciar, incapacitar y castigar a cualquier opositor político, consolidando la concentración de poder en manos de los copresidentes Ortega Murillo.
El Grupo ha identificado a 54 presuntos perpetradores y ha publicado diagramas funcionales de la maquinaria de represión. La represión ha pasado por cuatro fases, culminando en la actual etapa iniciada en 2023, que se enfoca en consolidar el poder total. Esto incluye una forma constitucional a inicios de 2015 que formalizó la disolución de facto de la separación de poderes, otorgando «autoridad prácticamente ilimitada a la presidencia».
Una de las practicas más flagrantes documentadas es la privación masiva de la nacionalidad: «desde febrero de 2023, al menos 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por orden judicial,» dejándolos apátridas de jure, en violación de obligaciones internacionales.
La represión también trasciende las fronteras, afectando a nicaragüenses en el exilo mediante vigilancia, intimidación y el uso indebido de marcos de cooperación internacional como las alertas rojas de Interpol.
Reacciones de Nicaragua y países aliados
La delegación de Nicaragua rechazó categóricamente el informe, tildando de «panfleto de agresión» y acusándolo de carecer de valor jurídico, ético y político. Nicaragua reiteró que se retiró del Consejo de derechos Humanos y que el informe es producto de la instrumentalización política de los derechos humanos por parte de países occidentales.
El país condenó además las medidas coercitivas unilaterales impuestas ,que considera » auténticos crímenes de lesa humanidad» al obstaculizar los derechos al desarrollo, salud y alimentación de las familias nicaragüenses.
Países como Cuba, Venezuela, Rusia, China e Irán hicieron eco de estas criticas, rechazando el mandato por ser un «ejemplos de dobles raseros» y de politización que viola la soberanía nacional y el principio de no injerencia.
Preocupación y llamados a la rendición de cuantas
En contraste, numerosos países expresaron grave preocupación. Brasil lamentó el deterioro del estado de derecho y las restricciones sistemáticas a las libertades fundamentales, instando a Nicaragua a cooperar con el Examen Periódico Universal (EPU).
Canadá condenó la represión transnacional, mencionando específicamente el asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica.
España, que activó un mecanismo para otorgar nacionalidad a 453 afectados, y Chile,que consideró la reforma constitucional como un «golpe definitivo al estado de derecho»,pidieron el cese inmediato de la persecución. México por su parte subrayó que la cooperación y el escrutinio internacional refuerzan la soberanía, en lugar de debilitarla.
Respecto ala rendición de cuentas, el GRHEN recomendó a la comunidad internacional «armonizar las sanciones selectivas contra personas y explotar la jurisdicción universal penal o civil de terceros estados especialmente ante la manifiesta violación de la convección de 1961 para reducir la apatridia».