Por: Vlada Krasova
17 octubre 2025
– Por circunstancias de la vida, y también por las rutas que impone ser una persona refugiada, me ha tocado habitar temporalmente en la casa de una amistad que, como yo, proviene de Granada, Nicaragua. Sin embargo, esta casa se encuentra en un condominio cerrado en Costa Rica. Quise escribir estas líneas porque, para mí, este espacio representa otro mundo social: un mundo ordenado, silencioso, de calles desoladas y reglas invisibles. Tras solo dos días de convivencia, la experiencia se ha vuelto un ejercicio de observación y de comparación: ¿cómo se habita un espacio que promete seguridad, pero diluye la cercanía?
En Granada, antes de 2018, predominaba una vida urbana más abierta y comunitaria. Las personas conversaban en las aceras, las calles eran parte de lo cotidiano y los límites entre lo privado y lo público eran porosos. Aquí, en cambio, los muros y portones delimitan no solo el espacio, sino también las relaciones. Las interacciones son individualizadas, los espacios comunes escasos y rígidos, y solo la niñez intenta conectar, como si aún conservara una memoria espontánea del juego compartido.
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Costa Rica vive desde hace varios años una ola de violencia e inseguridad, y es en ese contexto donde los condominios se expanden como respuesta al miedo. El sociólogo Henri Lefebvre, en La producción del espacio (1974), explicaba que el espacio urbano no es un mero escenario físico, sino una construcción social donde se reflejan las relaciones de poder. Aquí, esa producción se privatiza: el espacio común se transforma en propiedad exclusiva, administrada por un reglamento y una cuota de mantenimiento.
Del mismo modo, David Harvey, en Espacios de esperanza (2000), argumenta que la urbanización neoliberal fragmenta el derecho a la ciudad, sustituyendo la ciudadanía colectiva por la pertenencia de mercado. En los condominios, esa lógica se materializa: la idea de “seguridad” se compra, y la pertenencia se mide por la capacidad de sostener la cuota o el alquiler.
La politóloga argentina Maristella Svampa, en La sociedad excluyente (2001), analizó cómo en América Latina el miedo al otro genera “urbanismos del repliegue”: enclaves donde las clases medias y altas se refugian frente al desorden percibido del afuera. Los condominios costarricenses encarnan ese repliegue; una arquitectura del miedo que transforma la inseguridad en un principio de organización social.
Por su parte, Teresa Caldeira, en City of Walls (2000), describe las “ciudades amuralladas” de São Paulo como territorios donde la seguridad privada sustituye la función pública, y las normas internas crean una especie de ciudadanía paralela. En Costa Rica, como señalan Allan Lavell y Sergio Montero, estos espacios funcionan como microgobiernos vecinales, donde los residentes asumen roles administrativos, judiciales y hasta policiales, generando una forma de autogestión que no nace de la solidaridad, sino del aislamiento.
Mi breve estancia me permite ver una paradoja: el orden y la limpieza transmiten calma, pero también una cierta vigilancia difusa, una observación constante entre vecinos, una cortesía que oculta distancia. En comparación con la Granada que recuerdo, el contraste es profundo: allí la calle era un tejido; aquí es una frontera.
Los condominios representan, en el fondo, una búsqueda de control en un entorno incierto, pero al hacerlo transforman la idea misma de comunidad. No son espacios de encuentro, sino de contención. Y aunque la autonomía local o comunitaria puede ser un signo de fortaleza como ocurre en los barrios que se organizan cuando el Estado no llega, estos espacios de autonomía privatizada no son verdaderamente comunitarios: su lógica no es la cooperación, sino la exclusión elegante del otro.
Habitar tras los muros, entonces, es mirar desde dentro una de las expresiones más nítidas de la fragmentación contemporánea: la seguridad convertida en soledad, y el espacio común convertido en desierto.