16 Diciembre 2025
Por: Vlada Vlada Krasova Torres
Este artículo ha pasado por varias modificaciones. No porque el relato fuera inestable, sino porque la propia vivencia trans en contextos migratorios obliga a reescribir mientras se vive. Lo que aquí se cuenta no es solo mi historia: es también el reflejo de la experiencia de dos compañeras trans con quienes hoy comparto el apartamento, y con quienes he atravesado el mismo proceso de llegada, espera, incertidumbre y resistencia.
Desde ese espacio compartido hecho de conversaciones nocturnas, silencios densos y apoyos mutuos este texto se fue transformando. Cada trámite pendiente, cada respuesta que no llegaba y cada noche de insomnio nos empujó a volver sobre las palabras, a ajustar el relato para que no quedara congelado en un solo momento.
Cuando empecé a escribirlo, la intención era dejar constancia de una sensación común: estar a la deriva institucional. Habíamos llegado a España a través de un programa de reasentamiento con la promesa de protección internacional, pero sin el reconocimiento efectivo de nuestros nombres y géneros. Éramos sujetas de derecho en el discurso, pero cuerpos sin nombre en la práctica.
Sin embargo, el 26 de noviembre recibí finalmente mi resolución con el nombre y el género que me corresponden. Ese hecho no borra lo vivido ni repara el daño acumulado, pero sí transforma el lugar desde el cual se escribe. Este texto ya no nace solo desde la intemperie, sino también desde la conciencia de que el reconocimiento llegó como excepción, no como regla.
Por eso, este artículo se mueve entre tres tiempos que no son lineales, sino emocionales, políticos y jurídicos a la vez: la espera, la ley y el después.
Entre el 5 y el 22 de noviembre: vivir sin nombre
El 6 de noviembre aterrizamos en Madrid con el cansancio propio de los viajes largos y la expectativa casi ingenua de que ese día cerraba una etapa. Veníamos de meses de entrevistas, verificaciones, documentos y promesas de protección. Lo que no imaginábamos era que el primer contacto con el país que debía garantizarnos derechos estaría marcado por un error tan básico como devastador: nuestras resoluciones no reflejaban nuestros nombres ni nuestros géneros.
Para Wilmara, ese momento fue una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Me dijo que sintió como si alguien le hubiera arrancado el alma justo cuando pensaba que podía descansar. “Una cree que todo está listo y de pronto te das cuenta de que ni siquiera existes”. La hicieron esperar durante horas, sin explicaciones claras, con la sensación de estar siendo observada como un problema y no como una persona.
Alondra vivió ese mismo instante desde el agotamiento emocional. Venía con la ilusión de llegar a un país donde la identidad de género está legalmente reconocida, donde no tendría que explicar quién es cada vez que mostrara un documento. Cuando le dijeron que su resolución también estaba mal emitida, la tristeza fue inmediata. “Me derrumbé porque una llega cansada, vulnerable, y que te nieguen el nombre en ese momento duele más de lo que parece”.
La ansiedad apareció en forma de insomnio, de pensamientos repetitivos, de comparaciones inevitables con otras personas reasentadas que sí podían avanzar. “Lo que más duele me decía Wilmara es ver que las demás ya hicieron todo y nosotras seguimos aquí, esperando, sin que nadie se haga cargo”. No era solo el error inicial, sino la administración del silencio, esa manera de dejar pasar los días como si nuestra angustia no contara.
En medio de todo, sostuvimos una sororidad trans que nació del miedo compartido, pero también de la rebeldía. Vivir juntas, acompañarnos en las crisis, hacer de lo cotidiano un refugio afectivo fue una forma de resistencia. Aun así, ninguna red informal debería sustituir lo que el Estado está obligado a garantizar.
La ley que protege y el sistema que desprotege
Cuando una intenta comprender lo ocurrido desde el derecho, la experiencia se vuelve aún más contradictoria. La Ley de Protección Internacional en España establece que las personas reasentadas deben gozar de garantías equivalentes a las de quienes solicitan asilo en territorio español. En teoría, eso implica trato digno, no discriminación y respeto por la identidad. En la práctica, nadie verificó algo tan elemental como la coherencia entre nuestra identidad reconocida previamente y las resoluciones emitidas.
La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans consagra la autodeterminación de género como principio rector. La identidad se reconoce por la sola manifestación de la persona. Sin embargo, ese principio parece diluirse cuando se trata de personas migrantes o refugiadas. El sistema funciona como si la autodeterminación solo fuera válida para quienes empiezan “desde cero”, no para quienes llegan con una historia administrativa ya construida en otro país.
Aquí aparece un vacío peligroso: la falta de protocolos específicos para personas trans reasentadas. Ese vacío no es neutro. Obliga, en la práctica, a vivir con documentos que no reflejan la identidad, empujando a una forma de destransición administrativa forzada. No porque una renuncie a quién es, sino porque el sistema no sabe o no quiere reconocerlo.
Los instrumentos internacionales de derechos humanos son claros y amplios. La Convención de Ginebra prohíbe la discriminación y exige acceso efectivo a derechos. El ACNUR ha advertido que la incoherencia documental expone a las personas trans refugiadas a riesgos adicionales y retraumatización. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la identidad legal forma parte del derecho a la vida privada.
España, además, en su Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, se comprometió a fortalecer la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+, incluidas las personas trans migrantes y solicitantes de asilo. Pero los compromisos internacionales pierden sentido cuando no se traducen en prácticas administrativas concretas.
En una conversación con una abogada de la Comisión Española de Asilo y Refugio (CEAR) a quien llamaré Carla compartió una frase que resume el problema: es el primer caso que conozco en el que se concede la rectificación de nombre y género en este punto del proceso. Que algo tan básico sea una excepción revela la magnitud de la falla estructural transfobica.
En busca de asesoramiento de agrupaciones trans, las colectivas Acción Triángulo y Transexualia me han confirmado con esta frase común: todas las mujeres transmigrantes esperan años, hasta obtener la nacionalidad, para poder cambiar su nombre y género. No porque la ley lo exija, sino porque el sistema desalienta cualquier intento previo. Esa espera prolongada es una forma de violencia institucional normalizada.
Después del reconocimiento: privilegio, activismo y urgencia
Hoy, con la resolución en mano, he podido avanzar en trámites que antes estaban bloqueados. Nombrarlo es importante, pero también lo es no romantizar el resultado. Somos privilegiadas. Privilegiadas por haber sido reasentadas, por contar con el acompañamiento de CEAR, por haber tenido acceso a apoyo jurídico y redes activistas.
Ese privilegio no es individual, es estructural. Y justamente por eso duele. Porque el reconocimiento no debería depender de la suerte, del contexto o de la insistencia política de unas pocas. Mientras exista este vacío legal, el sistema seguirá obligando a muchas personas transmigrantes a vivir una destransición administrativa como condición para sobrevivir, que en pocas palabras es un método de tortura.
Aquí el activismo se vuelve imprescindible. No solo para denunciar, sino para exigir la elaboración e implementación del protocolo que garantice la rectificación de nombre y género para personas migrantes, refugiadas y apátridas, dando cumplimiento real al artículo 50 de la Ley Trans Española. No se trata de crear nuevos derechos, sino de hacer efectivos los que ya existen.
Desde los programas de reasentamiento de OIM, ACNUR y Estados de acogida, es urgente reconocer que la identidad no se suspende al cruzar una frontera. Desde las instituciones de asilo y refugio, se necesita sensibilidad, formación y voluntad política para no seguir produciendo daño. Y desde el movimiento trans en España desde sus interseccionalidades, la tarea sigue siendo colectiva: nombrar el vacío, incomodar al sistema y exigir que la protección internacional no implique volver a perder el nombre.
El reconocimiento llegó. Pero mientras siga siendo excepcional, ninguna de nosotras está completamente a salvo.