Lista de presas y presos políticos en Nicaragua aumenta a 147 según informe

El informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, resalta que hasta la fecha en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantienen en sus cárceles a 147 personas como presas políticas.

24 mujeres y 123 hombres son las personas presas políticas en Nicaragua reconoce el informe del mecanismo, «24 personas adultas mayores con enfermedades crónicas agravándose cada vez más: hipertensión, diabetes, párkinson, alergias y más enfermedades sin ser atendidas. Sus vidas están en peligro» se leer en el informe.

El mecanismo informa de la detención de al menos 2 personas en el mes de junio, y alerta del incremento en las hostigamientos y las amenazas a la población en el país.

El documento también resalta que, de las y los presos políticos a junio del 2024, 9 cumplen 10 años de estar detenidas «bajo condiciones inhumanas, sin el respeto a sus derechos humanos», reconoce el mecanismo.

Informe alerta de presecusión transnacional

El Informe refleja una preocupación del peligro que se corre aún en el exilio, las personas activistas, señalando, «preocupante situación en Costa Rica sobre la posible desprotección de nicaragüenses deportados», haciendo referencia la caso de posible deportación de Reynaldo Picado, y la deportación de Douglas Gamaliel Álvarez Morales.

Douglas Gamaliel Álvarez Morales, identificado como opositor al régimen sandinista; fue deportado de Costa Rica y entregado a las autoridades policiales de Nicaragua el 16 de febrero de este año.   El régimen emitió una Nota Roja (alerta de detención) a Interpol por su presunta participación en el asesinato de una policía y un trabajador administrativo en la comunidad Buena Vista, del municipio de El Castillo, Río San Juan, en 2022.

Aunque su defensa ha dicho que la acusación fue inventada y es parte de las medidas represivas de Ortega, el Gobierno de Costa Rica lo extraditó a Nicaragua y lo entregó a las autoridades de ese régimen.

Reinaldo Picado Miranda, quien se encuentra detenido en Costa Rica y es acusado por los mismos delitos de Álvarez, también fue requerido por las autoridades de Nicaragua a través de Interpol y pende sobre él la deportación.

Ambos son excombatientes de la llama Contra, los exmilitares que lucharon contra la revolución sandinista en los años 80. Ambos también participaron en las protestas contra el régimen de Ortega en 2018. Ello causó que huyeran a Costa Rica ese mismo año por la represión que desató la dictadura contra los opositores.

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