Turquía detiene a 63 personas en redadas contra organizaciones y espacios LGBTIQ+

14-09-2026.


Autoridades de Turquía detuvieron a decenas de personas durante una serie de redadas contra organizaciones, activistas y espacios vinculados con poblaciones LGBTIQ+, en una operación nacional que el Gobierno denominó “Mi familia está a salvo”.

Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana en ciudades como Estambul, Ankara, Esmirna, Aydın y Mersin y alcanzaron oficinas de organizaciones, viviendas de activistas, bares gay y otros establecimientos frecuentados por personas LGBTIQ+.

Hasta este 14 de septiembre, fiscales turcos habían confirmado al menos 63 detenciones, mientras el ministro de Justicia, Akın Gürlek, informó que existen procedimientos judiciales contra 162 personas, nueve asociaciones y 13 empresas en 15 provincias.

Lea también: Turquía bloquea cuentas de colectivos LGTBI y feministas en X

Las cifras corresponden a categorías diferentes: las 162 personas mencionadas por el Gobierno están incluidas en investigaciones o procedimientos, pero no todas necesariamente permanecen detenidas.

Organizaciones LGBTIQ+ entre los objetivos

Entre las organizaciones afectadas se encuentra Kaos GL, una de las asociaciones LGBTIQ+ más antiguas y reconocidas de Turquía.

La organización informó que su oficina fue registrada y que más de diez de sus integrantes fueron detenidos después de allanamientos en sus viviendas. Activistas también denunciaron el bloqueo de sitios web y cuentas en redes sociales pertenecientes a organizaciones, medios y personas defensoras de derechos humanos.

La Asociación Turca de Derechos Humanos calificó las acciones como una política de discriminación impulsada desde el Estado.

“El verdadero nombre de esta operación no es ‘Mi familia está a salvo’; es discriminación estatal, política del miedo y desmantelamiento de la sociedad civil”, afirmó la organización, según reportes internacionales.

Gobierno invoca la protección de la familia

El ministro de Justicia aseguró que los procedimientos buscan proteger “a los niños, la institución de la familia y el orden público”.

Entre las acusaciones mencionadas por las autoridades aparecen supuestos delitos relacionados con prostitución, obscenidad, drogas y exposición de personas menores de edad a determinados contenidos. El Gobierno también ha cuestionado materiales relacionados con orientación sexual e identidad de género.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan que estas figuras penales estén siendo utilizadas para perseguir actividades legítimas de organizaciones LGBTIQ+.

La Red de Solidaridad de Defensores de Derechos Humanos de Turquía señaló que vincular el trabajo de estas organizaciones con acusaciones de obscenidad, prostitución o delincuencia constituye un intento por desacreditar y restringir el derecho de asociación.

“Defender los derechos humanos y los derechos LGBTI+ no es un delito”, señaló la red.

Temor por una posible acusación de crimen organizado

Una de las mayores preocupaciones de organizaciones defensoras es la posibilidad de que algunas investigaciones incorporen acusaciones relacionadas con la formación de organizaciones con fines delictivos.

Grupos de derechos humanos han advertido que una acusación de este tipo supondría un cambio significativo en la persecución contra el activismo LGBTIQ+, porque implicaría tratar el trabajo organizado de defensa de derechos como una forma de criminalidad.

La operación también ocurre después de inspecciones y procedimientos judiciales previos contra asociaciones LGBTIQ+ y personas defensoras de derechos humanos en Turquía.

Años de restricciones contra la población LGBTIQ+

Aunque las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo no son ilegales en Turquía, durante los últimos años el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdoğan ha endurecido su discurso y sus políticas contra las personas LGBTIQ+.

Las marchas del Orgullo de Estambul han sido prohibidas repetidamente desde 2015 y la Policía ha utilizado en distintas ocasiones gases lacrimógenos, detenciones y otras medidas para dispersar manifestaciones.

ILGA-Europe ha advertido previamente sobre un deterioro del espacio para las personas defensoras de derechos LGBTIQ+ en el país y sobre el uso de acusaciones de “obscenidad” y otras disposiciones para investigar a activistas.

Las redadas de septiembre representan ahora una ampliación de esas medidas hacia organizaciones, establecimientos comerciales y domicilios particulares.

La European Pride Organisers Association calificó lo ocurrido como una ola sin precedentes de acciones coordinadas contra la sociedad civil LGBTIQ+ y señaló que los procedimientos comenzaron después del bloqueo de numerosas cuentas y páginas de organizaciones y activistas.

Para organizaciones de derechos humanos, el alcance de la operación plantea una preocupación que va más allá de las personas detenidas: la posibilidad de que el Estado utilice argumentos relacionados con la protección de la familia y la moral pública para restringir de manera sistemática la organización, expresión y defensa de derechos de las personas LGBTIQ+ en Turquía.

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