12/03/2026.
– Gremios de periodistas de Panamá expresaron su rechazo a un proyecto de ley que avanza en el Parlamento que establece nuevas regulaciones al derecho a réplica, por considerar que puede inhibir la crítica y condicionar la gestión informativa de los medios, afectando así a la libertad de prensa.
Se trata del proyecto de Ley 391, que modifica el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, que prohíbe la imposición de sanciones por desacato y dicta medidas con relación al derecho a réplica, rectificación o respuesta y adopta otras disposiciones, según informó la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
El diputado del minoritario partido Moca, Ernesto Cedeño, impulsor del proyecto que fue aprobado el miércoles en el primero de tres debates, «explicó que la norma busca hacerle justicia a las personas que pueden ser denigradas en un medio de comunicación, contemplando que cualquier medio de comunicación debe hacer la rectificación o respuesta en el mismo espacio y prominencia de la afectación», agregó una nota de prensa del órgano legislativo.
El Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron en un comunicado su «rechazo al proyecto de ley sobre derecho a réplica aprobado de forma unánime en primer debate» parlamentario porque «altera el equilibrio entre responsabilidad informativa y libertad editorial al transformar un principio de autorregulación —propio de la ética periodística— en un mecanismo coercitivo sujeto a sanción judicial».
Entre otros, el proyecto de ley establece que, al criterio ya existente de que la réplica debe contar con el mismo espacio que la información cuestionada, se sume que deberá tener la misma prominencia, y elimina la disposición existente de que su extensión se condicione a la disponibilidad del medio.
La propuesta legislativa también «introduce disposiciones que interfieren directamente en la autonomía editorial. Al establecer plazos de apenas 48 horas y obligar a los medios a reservar espacios permanentes para respuestas, impone mecanismos que condicionan la gestión informativa y la organización interna de los medios», señalaron los gremios en un comunicado difundido en las últimas horas.
La reforma además amplía las responsabilidades jurídicas hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan directamente en la elaboración del contenido informativo, lo que los gremios tildaron de preocupante.
Al extender eventuales sanciones hacia estructuras empresariales o administrativas «que no intervienen en la elaboración del mensaje periodístico —e incluso hacia espacios de terceros o programas contratados— se introduce una lógica de responsabilidad difusa que no fortalece el derecho a la información y que, por el contrario, puede generar efectos inhibitorios en el ecosistema mediático», argumentaron.
Los gremios periodísticos panameños sostuvieron que «la réplica debe ser un ejercicio de responsabilidad, no un instrumento legal destinado a inhibir la crítica o la fiscalización pública en detrimento de las libertades ciudadanas».
«La transparencia y la honra se protegen fortaleciendo la ética profesional, no mediante la imposición de leyes que trasladan responsabilidades de forma desproporcionada y que, en última instancia, debilitan el debate plural en nuestra democracia», añadieron.
Panamá ocupa el séptimo lugar entre los 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, que elabora la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y aunque la restricción es baja, «la libertad de prensa está sufriendo una erosión silenciosa pero persistente», según el más reciente informe de la organización.
