La represión en Nicaragua no comenzó en 2018: la memoria de los pueblos indígenas del Caribe

14-10-2026.

Por: Brisa Bucardo.


Cuando Nicaragua habla de su crisis de derechos humanos, casi inevitablemente comienza en abril de 2018. Fue entonces cuando la represión alcanzó una dimensión nacional imposible de ocultar. Pero mientras Nicaragua todavía no hablaba de represión, en la Costa Caribe ya enterrábamos a nuestros muertos, comunidades indígenas eran desplazadas y denunciar significaba enfrentarse no solamente a quienes ejercían directamente la violencia, sino también a estructuras de poder que garantizaban impunidad.

¿Por qué importa desde dónde comenzamos a contar esta historia? Lo comprendí de otra manera cuando solicité refugio fuera de Nicaragua. Una de las primeras preguntas que recibí fue si había participado en las protestas de 2018. Yo entendía perfectamente el contexto de la pregunta, hablo español y podía explicar que mi historia de persecución no comenzaba allí. Pero recuerdo cuánto me molestó. Si hasta los mecanismos destinados a comprender por qué una persona nicaragüense necesita protección toman 2018 como referencia inmediata, ¿dónde quedan las historias de quienes venimos de otros contextos, territorios y procesos de violencia?

No cuestiono la pregunta en sí misma. Abril de 2018 es indispensable para entender la Nicaragua actual. Lo preocupante es cuando una fecha termina convirtiéndose en el marco desde el cual se intenta comprender toda la persecución de un país. Para los Pueblos Indígenas, nuestra relación con el Estado está atravesada por una historia mucho más larga de colonialismo, racismo, despojo territorial y lucha por la autonomía. Con el sandinismo existe además una memoria dolorosa marcada por la guerra de los años ochenta, desplazamientos y conflictos que nunca desaparecieron de la memoria colectiva del Caribe, aunque durante mucho tiempo ocuparon poco espacio en el relato nacional.

Lea también: ¿Quién devuelve a los pueblos lo que se investiga sobre ellos?

Por eso los Pueblos Indígenas hablamos del Estado y no únicamente de gobiernos o dictaduras. Los gobiernos cambian, cambian las banderas y los discursos, pero determinadas prácticas encuentran nuevas maneras de permanecer. El gobierno de Daniel Ortega ha llevado la violencia, el control político y la persecución a uno de los momentos más crueles de la historia reciente de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes, al igual que ha ocurrido con el resto de Nicaragua. Pero nuestra historia no puede comenzar cuando el resto del país comenzó a experimentar masivamente ese poder.

En 2015, mi comunidad, Polo Paiwas, ubicada en el territorio Li Aubra, en el Caribe Norte, fue desplazada por colonos. La búsqueda de justicia nos permitió conocer de primera mano algo que otras comunidades ya denunciaban. Detrás de la invasión territorial no había únicamente hombres armados entrando en tierras indígenas. A medida que buscábamos respuestas aparecían intereses económicos, corrupción, conexiones políticas y una ausencia de protección estatal difícil de explicar simplemente como incapacidad.

Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a comunidades miskitu ante la gravedad de la violencia. Para 2016 ya se documentaban asesinatos, secuestros, personas heridas, violencia sexual, viviendas y cultivos quemados y desplazamiento forzado. Después vendrían nombres como Alal, Kiwakumbaih y Wilú. Comunidades atacadas que deberían ocupar un lugar central en la memoria de la violencia contemporánea de Nicaragua.

La impunidad tampoco estaba confinada a los territorios invadidos. Desde mi trabajo en radio, iniciado en 2014, conocí casos de violencia y corrupción en los que investigar podía llevar rápidamente hacia relaciones políticas. Uno de los que más me marcó fue el feminicidio, en 2017, de una mujer de 72 años en Bilwi. Su familia denunció su desaparición y recibió como respuesta que debía esperar 72 horas. Cuando ese plazo se cumplía, sus familiares la encontraron asesinada. Durante la cobertura surgieron conexiones y preguntas que merecían investigarse. Un colectivo de mujeres marchó exigiendo justicia y recuerdo a policías burlándose de nosotras. Muchas interrogantes nunca tuvieron una respuesta pública satisfactoria.

El silencio y la autocensura anteriores a 2018 no significaban que nadie supiera lo que ocurría. Se habían construido durante años porque cuestionar determinadas cosas tenía consecuencias. El poder atravesaba instituciones, gobiernos municipales y regionales, determinados medios y espacios de representación indígena. La cooptación permitió premiar lealtades y colocar voces afines incluso en escenarios internacionales, desde donde se proyectaba una imagen de autonomía y respeto a los derechos indígenas que contrastaba profundamente con las denuncias procedentes de los territorios.

También existe una responsabilidad social. Durante décadas se construyó una distancia entre Caribe y Pacífico alimentada por racismo, estereotipos y desconocimiento. Poco se explicaba sobre nuestros sistemas políticos, la propiedad comunal, la autonomía o las causas históricas de los conflictos. Sin embargo, los enfrentamientos entre YATAMA y el FSLN podían convertirse en noticia sin que necesariamente se explicara la frustración acumulada frente al control político, la corrupción y el debilitamiento de la autonomía. Se mostraba la reacción mientras desaparecía la historia que había detrás.

Cuando salí de la región para estudiar en el Pacífico entendí hasta dónde llegaba esa separación. Una vez hablé en clase sobre el sandinismo desde la memoria con la que había crecido en el Caribe. Mi profesor quedó impactado. Me dijo que aquello era mentira y que nunca volviera a repetirlo. Para mí también fue impactante descubrir que una memoria que formaba parte de nuestra historia podía resultar inconcebible para alguien del mismo país.

Después de 2018, muchas personas comenzaron a reconocer prácticas del poder que desde el Caribe habían sido denunciadas durante años. No porque lo ocurrido antes fuera idéntico a la dimensión de la represión posterior a abril, sino porque algunos mecanismos ya eran conocidos: control institucional, cooptación, impunidad, estigmatización de quien cuestionaba y silenciamiento. Para una parte del país fue una ruptura. Para nosotros también fue una profundización brutal de algo cuyo rostro no nos resultaba completamente desconocido.

Lea también: ¿Por qué en Nicaragua una masacre indígena sigue siendo “un problema de ellos”?

Por eso me importa que nuestra historia no comience en 2018. No es una competencia por establecer quién sufrió primero ni una manera de disminuir el dolor que Nicaragua carga desde abril. Es una discusión sobre memoria, pero también sobre reconocimiento. Cuando una institución, un medio de comunicación o incluso un mecanismo de protección utiliza una única fecha para comprender la persecución nicaragüense, corre el riesgo de dejar fuera experiencias que siguieron otras temporalidades.

Los Pueblos Indígenas hemos resistido al colonialismo, al despojo, a diferentes gobiernos y a proyectos políticos que han intentado decidir por nosotros. Sin embargo, demasiadas veces aparecemos en la historia únicamente cuando somos víctimas, y desaparecemos cuando toca reconocer las resistencias que sostuvimos mucho antes de que determinadas violencias fueran reconocidas como problemas nacionales.

Tal vez por eso aquella pregunta durante mi solicitud de refugio me incomodó tanto. No porque 2018 no importe, sino porque entendí que incluso después de todo lo ocurrido seguíamos teniendo que explicar que nuestra historia había comenzado antes.

Nicaragua tendrá que construir memoria sobre 2018. Pero si esa memoria vuelve a dejar al Caribe en los márgenes, estaremos repitiendo una forma de borrado que también hizo posible el silencio anterior. Porque antes de que Nicaragua pudiera nombrar muchas de estas violencias, nuestros pueblos ya las denunciaban, las enfrentaban y enterraban a sus muertos. Y aun así, seguían resistiendo.


Brisa Bucardo Nicaragua
Periodista indígena miskitu de Nicaragua, exiliada desde 2023. Ha trabajado en la cobertura de temas relacionados con derechos humanos, pueblos indígenas y dinámicas de desplazamiento en Centroamérica.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Noticias más leídas

Una década de violencia contra la prensa en Centroamérica: asesinatos, cárcel, espionaje y agresiones

by Redacción Intertextualnoviembre 19, 2026

19-11-2026. Asesinatos, encarcelamientos, agresiones policiales, espionaje digital, desapariciones, allanamientos y ataques durante coberturas forman parte de los riesgos que han...

Medio de comunicación más importante del Líbano busca derogación de criminalización LGBTIQA+

by Redacción Intertextualnoviembre 18, 2026

18-11-2026. El diario del Líbano Annahar, uno de los medios de mayor reconocimiento del país, dedicó su portada a pedir...

Barcelona España será sede del WorldPride 2030 tras imponerse a Bangkok

by Redacción Intertextualnoviembre 18, 2026

18-11-2026. Barcelona fue elegida como sede del WorldPride 2030, una de las principales citas internacionales del movimiento LGBTIQ+, después de...

Costa Rica condena a 30 años de prisión al autor material del atentado contra Joao Maldonado y Nadia Robleto

by Redacción Intertextualnoviembre 18, 2026

17-11-2026. La justicia costarricense condenó este 17 de noviembre a Jeremy Jacobo Rivas Núñez a 30 años de prisión por...

Editorial ¡Vengo del futuro: esto ya lo vimos en Nicaragua!

by Redacción Intertextualnoviembre 17, 2026

17-11-2026. Editorial Intertextual/ Manuel Pérez Vengo del futuro. O, al menos, de un país que ya recorrió algunos de los...

Asesinato del periodista Camilo Rodríguez enciende alertas por la libertad de prensa en Costa Rica

by Redacción Intertextualnoviembre 17, 2026

17-11-2026. El asesinato del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo...