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A cuatro años de aquel abril el grito sigue siendo el mismo: libertad y justicia. El régimen se ha mantenido en el poder, pero a un alto costo; 355 muertos y 181 presos de conciencia
Los familiares de los asesinados en el contexto de la represión iniciada hace cuatro años por el gobierno Ortega-Murillo y de presos políticos tienen un solo pedido: no quieren ser solo números. Los primeros piden justicia y los segundos libertad.
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“A mi me gustaría saber que quien mató a mi hijo está detenido y que pagará por habérmelo arrebatado”, dice don Miguel Parajón padre de Jimmy Parajón, asesinado por un francotirador en las cercanías a la antigua Universidad Politécnica de Nicaragua, Upoli, el 11 de mayo de 2018.
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Aquellos días que precedieron a abril de ese año el país entero sangró. Daniel Ortega cumplió el mal consejo del fallecido Tomás Borge que sin sin ningún ápice de vergüenza guerrillera, dijo en una entrevista con Telesur en la víspera de las elecciones de noviembre de 2016 que el Frente Sandinista se debía mantener en el poder “costara lo que costara” y que al mismo Ortega le había dicho que, “pagara el precio que tenía que pagar”, lo peor que podría pasarle al partido, era entregar el poder.
Ortega no sólo lo cumplió cuando ordenó la masacre de los estudiantes y de ciudadanos que se insurreccionaron en su contra en abril de 2018, lo hizo también en mayo, junio y julio y hasta noviembre pasado poniendo tras los barrotes a quienes creyó amenazaban con quitarlo de la presidencia y desde entonces gobierna con su mujer y sus hijos con la ventaja que le da las armas. “Ha sido una pesadilla, un tormento”, dice don Miguel, quien también tiene un hijo en prisión acusado de conspirar contra el Estado, un delito que Ortega se inventó en la Asamblea Nacional que también controla.
Al exilio forzado
Este domingo, familiares de varios asesinados como Migueliut Sandoval, viuda del periodista Ángel Gahona o los padres del niño Teyler Lorío, marcharon por las calles de Miami para exigir justicia por los suyos y los demás. Antes, denunciaron a la dictadura y sus abusos en Nicaragua, pero se han visto obligados a salir del país para preservar su vida.
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Y como ellos, son miles los que han tenido que irse, por persecución, asedio y amenazas, que es lo que el régimen ha implementado para solucionar la crisis social y política que, a cuatro años, solo parece haber empeorado. “El régimen no solo ha fallado en la solución aquí en el país, sino que ahora tenemos otra trinchera desde donde pedir justicia”, dice Oscar, quien huyó de su natal Granada tras pasar varios días en una celda preventiva durante los primeros arrestos de abril. Después estuvo en un tranque y se fue al saber que policías y parapolicías pretendían su arresto nuevamente.
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Hace seis días, el 12 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público un informe sobre los derechos humanos en Nicaragua. Una de sus más destacadas conclusiones señala que el régimen Ortega-Murillo ha instalado en el país una política de exilio forzados a sus ciudadanos, de cárcel y hasta muerte en el peor de los casos. El informe lleva por título “Reporte 2021 de Práctica de Derechos Humanos en Países” y lo elabora anualmente la Oficina de Derechos Humanos Democracia y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Karen Lacayo, hermana de Edward Lacayo, el preso político más conocido en la resistencia de Monimbó como la “loba feroz”, dice que tiene un sueño recurrente. En éste su madre se ve más joven, y aparece su hermano, libre. Están a la mesa y “está toda la familia reunida” como alguna vez fue.
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La hermana del preso político vive ahora un amargo exilio, debido a que policías y parapolicías no la dejaban ir ni al mercado. “Me seguían, era un asedio que no te daba paz, salimos desesperados porque hasta habían días en que no lo dejaban salir a uno de la casa”, relata. El 07 de noviembre del año pasado, emprendió el camino hacia Estados Unidos, confirmando parte del informe del Departamento de Estado.
“Ha sido duro, difícil, mi madre tiene 70 años y está muy enferma. Estar lejos, no saber de mi hermano y saber lo que la madre sufre es triste”, se lamenta.
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En marzo pasado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet informó que entre 2018 y 2021 al menos 144,000 nicaragüenses optaron por irse del país como una opción para escapar de la represión del régimen. Según ese informe, 75 mil 943 nicaragüenses han pedido asilo político ante su oficina de migración de Costa Rica.
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El mismo informe detalla que unos 15 mil más gestionan y lo han hecho en varios países de Europa, especialmente España, en Panamá lo hacen 7, 728 y en México 2, 851. Pero no son todos los números; los informes del Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) señalan que de enero del año 2021, a marzo de este año 112, 555 nicaragüenses han sido arrestados intentando ingresar de manera ilegal a Estados Unidos por la frontera mexicana. El argumento que todos han dado a los servicios de migración, es que huyen de la represión estatal.
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En marzo del año pasado, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), informó a través de sus redes sociales que Nelson Lorío, padre de Taylor Lorío asesinado en 2018, se entregó a las autoridades de inmigración en Estados Unidos en compañía de su esposa Carolina Navarrete Sánchez, su hija Josuhara Lorío Navarrete, su sobrino Jorge Umaña Navarrete, más la esposa de su sobrino Scarlet Flores. “Buscamos un lugar seguro donde nuestra vida no siga más en peligro y desde donde podamos seguir exigiendo justicia por nuestro hijo asesinado”, dijo algunos días después Lorío.
Vida en la cárcel
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Irónico es pensar que quien sufrió siete años en una cárcel, ahora es el mayor carcelero del país. Daniel Ortega fue el preso 198 del Sistema Penitenciario Nacional, La Modelo, en Tipitapa. Fue condenado en 1967 por asaltabancos, aunque él ha alegado siempre que fue un preso político de la dictadura de Somoza. Fue liberado como canje en una acción guerrillera de un sandinismo que muy poco tiene que ver con el que él profesa hoy.
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Pero no es lo único que ahora tendrá en su expediente, además de ser el responsable de las atrocidades contra los manifestantes, tiene en sus manos la vida de más de 180 personas que mandó detener por pensar diferente a él y exigirle un cambio.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 31 de marzo la lista de presos políticos en Nicaragua creció a 181. “Estos números aumentarán con las redadas y detenciones que ocurrieron en esta Semana Santa”, dice un analista que pide no ser identificado para este reporte.
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De esa cantidad al menos 34 se encuentran en las celdas de Auxilio Judicial conocidas como el nuevo Chipote, unos secuestrados, enjuiciados y condenados ahí mismo, otros en espera y quienes aguardan el fin de investigaciones con resultados predecibles: “todos culpables”.
Según la organización de monitoreo, 77 se encuentran en La Modelo de Tipitapa, ocho en las celdas de las delegaciones policiales y el resto en penales departamentales. Todos bajo condiciones difíciles como atención médica necesaria, sin derecho a sol y aislados. “Hemos sabido por sus familiares que hay malos tratos, lo que prueba que son presos políticos”, señala Brenda Gutiérrez, del Comité de Familiares de Presos Políticos.
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Esta semana que pasó, familiares del preso político Bryan Kessler Alemán, han alertado de un severo quebrantamiento en su salud. “Padece de preocupantes dolores abdominales y lo peor, le niegan acceso a médicos. Es inhumano”, se queja la hermana de Bryan, Hanzi Alemán.
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El opositor de 28 años era un excarcelado político cuando fue detenido en agosto del año 2020 en el gimnasio donde iba hacer ejercicio en un barrio de Managua. Solo supo que lo acusaban del mismo delito por el que antes fue liberado, cuando lo presentaron de nuevo ante un juez del régimen.
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Esta familia sufre el doble drama: cárcel y exilio para sus parientes por oponerse al régimen Ortega-Murillo. El pecado de Bryan fue haber ido a marchas y manifestaciones. Hanzi se vio obligada a dejar el país tras el asedio en su casa y la amenaza de un policía de llevársela al nuevo chipote.
Esperan justicia
El sufrimiento que padecen estas familias no las ha doblegado. Hanzi dice que mantendrá desde donde se encuentre la demanda de liberación de su hermano. “Es gente inocente que no ha hecho nada malo, exigir un derecho no es un delito. Ellos lo saben y la comunidad internacional lo sabe”, agrega Karen Lacayo.
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Esta semana que finalizó, Kenyon College, de Ohio, anunció que el Premio Libertad y Democracia Leopoldo López, se otorgará a nicaragüenses encarcelados por el régimen Ortega-Murillo, por sus esfuerzos para establecer una mayor democracia en su país. “Es gente valiente que resiste es una lucha de cuatro años que seguirá hasta lograr justicia”, dice Brenda Gutiérrez.
