16-10-2026.
El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala se prepara para dictar sentencia en el caso por las muertes de Eldin Leonel Choc Xi y Milton Nelson Santamaría, una pareja gay detenida en abril de 2024 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Organizaciones LGBTIQ+ consideran que el fallo podría convertirse en un precedente para el reconocimiento judicial de la violencia motivada por prejuicios contra personas diversas.
Siete exagentes de la PNC enfrentan actualmente el proceso. El Ministerio Público solicitó esta semana penas de entre 12 y 60 años de prisión, dependiendo de los delitos atribuidos a cada acusado.
La organización guatemalteca Visibles convocó a acompañar el proceso mediante una vigilia frente al Ministerio de Gobernación y la audiencia prevista para este 16 de octubre en la Torre de Tribunales.
“Cuando quienes deberían protegernos ejercen violencia sobre nuestras vidas e identidades, exigir justicia también es defender nuestros derechos”, señaló la organización.
Detenidos y trasladados a una subestación policial
Según la investigación, Eldin y Milton fueron detenidos el 18 de abril de 2024 y trasladados a la subestación policial 73-15 de San Andrés Itzapa. Durante el juicio, distintos testimonios han descrito agresiones ocurridas mientras ambos permanecían bajo custodia policial.
Uno de los elementos presentados ante el tribunal fueron audios y mensajes recibidos esa noche por un agente de la PNC. Rodolfo Vicente Tzul declaró que una compañera que se encontraba en la subestación le avisó que dos hombres estaban siendo golpeados y posteriormente le envió grabaciones.
En ellas, según declaró, escuchó gritos y a una persona pidiendo ayuda debido a un fuerte dolor abdominal. La misma agente le habría informado que los hombres habían sido llevados a la sede policial “solo porque ellos son una pareja gay”.
El juicio también incorporó testimonios de otros agentes y pruebas materiales, entre ellas teléfonos celulares, grilletes y dinero en efectivo.
Una versión de accidente que habría buscado encubrir lo ocurrido
Milton murió después de las agresiones. De acuerdo con la investigación, su cuerpo fue trasladado a un centro asistencial bajo una versión que atribuía su muerte a un accidente de tránsito.
Sin embargo, un bombero que posteriormente fue condenado por encubrimiento declaró durante el juicio que expolicías lo habrían presionado para sostener esa versión.
Eldin permaneció desaparecido durante varios días. Su cuerpo fue localizado posteriormente con signos de violencia.
Uno de los principales acusados, el exsubinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, huyó de Guatemala y fue posteriormente detenido en Estados Unidos y deportado al país. Actualmente enfrenta juicio por ejecución extrajudicial junto con otros exagentes.
Periodista denuncia la dimensión homofóbica del caso
El periodista guatemalteco Eric Castillo, en una columna publicada por Plaza Pública, llamó a no permitir que el caso sea reducido únicamente a un expediente judicial y subrayó la importancia de mantener viva la memoria de Eldin y Milton.
“Hoy, buscar justicia, hablar y escribir sobre el caso de Eldin y Milton es un ejercicio para no dejar que el silencio nos haga olvidar sus nombres”, escribió.
Castillo sostiene que la orientación sexual de la pareja no puede separarse de las agresiones documentadas durante el proceso y cuestiona que, dos años después, todavía exista incertidumbre sobre el alcance que tendrá la sentencia.
“Y, sin embargo, seguimos eligiendo amar, ser libres, organizarnos y exigir justicia”, afirmó en su columna.
Un posible precedente para las personas LGBTIQ+
El caso tiene una relevancia particular porque Guatemala no cuenta con una figura penal específica de crimen de odio por orientación sexual. Organizaciones que acompañan el proceso buscan que el tribunal reconozca, dentro de su valoración de los hechos, que el prejuicio contra la orientación sexual de Eldin y Milton tuvo un papel en las agresiones.
Ese reconocimiento podría ser significativo frente a una historia de violencia institucional contra personas LGBTIQ+, indígenas y otros grupos históricamente discriminados.
Eldin era un joven maya q’eqchi’, mientras Milton tenía nacionalidad salvadoreña-canadiense, lo que añade al caso dimensiones relacionadas con identidad indígena y condición migratoria.
La sentencia también ocurre en un contexto en el que organizaciones de derechos humanos cuestionan la falta de estadísticas oficiales suficientemente desagregadas sobre violencia contra personas LGBTIQ+ en Guatemala.
“La sentencia está por escribirse”
El proceso judicial llega a su fase final más de dos años después de los hechos. Durante las conclusiones, la Fiscalía ha sostenido su acusación contra los siete expolicías, mientras las defensas han presentado sus argumentos ante el Tribunal de Mayor Riesgo B.
Para organizaciones como Visibles, el fallo no se limitará a establecer responsabilidades individuales: también pondrá a prueba la respuesta del sistema judicial ante un caso en el que existen señalamientos de violencia policial y prejuicio homofóbico.
Como escribió Eric Castillo, la discusión de fondo también pasa por el valor que el Estado y la justicia asignan a las vidas LGBTIQ+.
Dos años después de los asesinatos de Eldin y Milton, sus nombres vuelven al centro de una exigencia que organizaciones y activistas consideran fundamental: que la violencia contra una pareja gay no quede reducida al silencio ni a la impunidad.