27/04/2026.
– Un grupo de organizaciones sociales y académicas, hizo un llamado urgente a las autoridades de Costa Rica, a impulsar una reforma que garantice la integración plena de personas refugiadas y solicitantes de refugio, al advertir que las brechas entre la legislación y su aplicación real siguen dejando a más de 300 mil personas atrapadas en procesos lentos, fragmentados y, en muchos casos, inaccesibles.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones señalaron que Costa Rica cuenta con “un sistema jurídico sólido y alineado con estándares internacionales”, pero denunciaron que, en la práctica, la respuesta estatal continúa centrada en un enfoque “humanitario y de seguridad” de corto plazo, que limita la posibilidad de que esta población contribuya plenamente al desarrollo del país.
“Más de 300,000 personas permanecen atrapadas en procesos administrativos lentos, fragmentados y, en muchos casos, inaccesibles, sin posibilidad de integrarse plenamente a la economía nacional”, advirtieron las entidades firmantes. Añadieron que esta situación “no solo vulnera derechos fundamentales”, sino que también restringe el aporte económico y social de quienes buscan protección internacional en Costa Rica.
El pronunciamiento denuncia barreras sistemáticas en el acceso al refugio y otros mecanismos de regularización. Entre ellas, menciona posibles prácticas inconstitucionales por parte de autoridades migratorias, como negar solicitudes de refugio en la frontera norte o trasladar a personas venezolanas hasta Paso Canoas para pedir protección.
Las organizaciones también adviertieron que quienes logran iniciar el trámite enfrentan años de espera, muchas veces sin documentos vigentes y sin acceso pleno a servicios básicos, lo que les empuja a la economía informal en condiciones precarias.
Las organizaciones subrayaron que este panorama contrasta con el aporte real de esta población. Según citan, un estudio del Fondo Monetario Internacional concluyó que, entre 2017 y 2021, las personas refugiadas y solicitantes de refugio aportaron aproximadamente el 6,5 % del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Además, recordaron que la Política Migratoria Integral 2024-2034 y el Plan Nacional de Integración 2023-2027 ya reconocen la integración como una prioridad para el desarrollo y la cohesión social.
Frente a este escenario, las entidades afirmaron que el problema central no es la falta de leyes, sino la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación, ejecución y rendición de cuentas. Por ello, instaron a la Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo a fortalecer la gobernanza migratoria, garantizar el acceso efectivo al refugio, ampliar las vías de regularización y eliminar obstáculos para el empleo formal, incluido el reconocimiento de títulos y competencias.
También pidieron incorporar un enfoque diferenciado para atender a poblaciones en mayor vulnerabilidad, entre ellas mujeres, niñez, personas indígenas y otros grupos históricamente excluidos.
“La integración efectiva de las personas refugiadas y solicitantes de refugio no debe entenderse como una carga para el Estado”, señalaron. “Por el contrario, representa una oportunidad estratégica para fortalecer la economía, reducir la informalidad, ampliar la base contributiva y promover una mayor cohesión social”.
El pronunciamiento fue suscrito por organizaciones como A Rocha Costa Rica, CIDEHUM, Fundación Mujer, IRCA Casabierta, Refugees International, el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El comunicado fue entregado a representantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el conversatorio “Perspectivas para la integración económica de personas refugiadas y solicitantes de refugio” organizado por Refugees International y el despacho de la diputada saliente Vanessa Castro Mora.
Foto: Irca Casabierta.
En este encuentro se dieron cita, diputadas y diputados de varias fracciones legislativas, así como representaciones de diputaciones electas, como Antonio Trejos del Frente Amplio, Fabian Solano en representación de la diputada Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana y representaciones de la diputada Abril Gordienko López de la Unidad Social Cristiana.