12 de febrero del 2026.
– La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, llamó este jueves a no rendirse si la ley de amnistía «no cumple con las expectativas» de lucha por los presos políticos, en vísperas de que el Parlamento discuta la aprobación del proyecto, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
En su cuenta de X, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, afirmó que hoy se sabrá «si la amnistía es un avance positivo o un paso en falso», cuando en el país los presos políticos superan los 600 según la ONG, aunque el Gobierno suele intercambiar las palabras y dice que son políticos presos.
«A las víctimas de la prisión y de la persecución les digo: si la ley no cumple con las expectativas o no respeta las exigencias ciudadanas, no nos rindamos. La carrera es de resistencia, no de velocidad», instó Himiob.
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, tiene prevista para las 13.00 hora local (17.00 GMT) la segunda discusión del proyecto de ley, que si bien varias ONG celebran, también cuestionan.
La iniciativa, aprobada en primera discusión la semana pasada, deberá superar un último debate para quedar definitivamente sancionada.
Activistas, ONG y familiares han manifestado su preocupación por el destino de los presos políticos militares, el estatus de los exiliados y los períodos de detenciones excluidos en el proyecto.
La amnistía, tal como está planteada, cubre casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobierno del chavismo, pero su artículo 6 la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas, entre el golpe de Estado de abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas desatadas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.
El proyecto de ley puede ser modificado hoy durante la discusión parlamentaria y, de aprobarse, deberá ser remitido a la presidenta para que lo firme y divulgue. Entraría en vigencia una vez sea publicado en la Gaceta Oficial, el medio impreso del Estado.
La propuesta de ley se enmarca en lo que la presidenta encargada denomina un «nuevo momento político» para el país y en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero, cinco días después de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.
