Memorias y resistencias del feminismo en Nicaragua

24 de julio de 2026

Por: Brisa Bucardo.


Antes de responder dónde comienza la memoria del feminismo nicaragüense, Marlen Chow invita a reflexionar sobre la propia idea de feminismo desde una mirada decolonial: “¿Qué es feminismo?”, “Todo lo que hicieron las mujeres antes de que apareciera esa palabra, ¿cómo se llamaba?”, plantea la socióloga originaria de la comunidad Alamikamba, de Municipio de Prinzapolka de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. 

Marlene Chow, socióloga nicaragüense y feminista. Foto: Óscar Navarrete

No intenta evadir la conversación. Para Chow, centrarse en una fecha, una organización o un grupo de mujeres sin considerar los antecedentes implica dejar intacto el problema de fondo, el porqué algunas luchas terminan convertidas en historia mientras otras permanecen en sus márgenes.

Para Marlen, la escasez de archivos e investigaciones sobre la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes, refleja uno de los principales desafíos para reconstruir la historia desde una perspectiva inclusiva. Si bien existen estudios sobre los pueblos indígenas, los conflictos territoriales y la autonomía, pocas investigaciones se preguntan qué papel desempeñaron las mujeres o cómo sostuvieron la continuidad de sus comunidades.

“Como no se ha escrito la historia de las luchas de las mujeres indígenas, siempre aparecen y persisten algunas personas impuestas por intereses políticos en la región”, advierte. El riesgo, según la socióloga, es la reducción de un pensamiento colectivo a una sucesión de figuras individuales. “El feminismo es una filosofía, es un pensamiento, y el pensamiento solamente se da cuando hay una colectividad que lo inspira”.

La historiadora nicaragüense Dora María Téllez llega a una reflexión similar a la de Chow. Téllez sostiene que no existe una memoria oficial del feminismo nicaragüense porque el movimiento siempre ha sido diverso.

Henry Ruiz
Dora María Téllez historiadora nicaragüense.  Foto: Archivo.

La historia nacional, señala Téllez, ha privilegiado a partidos, gobiernos, guerras y figuras políticas, en cambio, la de los movimientos sociales, continúa dispersa. No existe una reconstrucción suficientemente amplia del movimiento campesino, de los trabajadores agrícolas ni del movimiento de mujeres, apunta.

Pero Téllez establece una diferencia importante: el movimiento amplio de mujeres reúne tanto a quienes se identifican como feministas como a quienes no adoptan esa identidad. Una organización campesina de mujeres, un sindicato femenino y un colectivo feminista pueden compartir demandas, pero no son necesariamente lo mismo.

Esa diferenciación impide presentar a las mujeres como un bloque homogéneo. Ser mujer organizada no convierte automáticamente una acción en feminista, pero la falta de esa identificación tampoco debería utilizarse para borrar las contribuciones de campesinas, trabajadoras, indígenas o militantes que modificaron las condiciones de vida de otras mujeres.

En cuanto a la procedencia del feminismo explica Téllez “Ha habido distintas oleadas de feministas nicaragüenses”. Remite a las investigaciones de la historiadora Victoria González Rivera, quien ubica una primera ola durante la primera mitad del siglo XX, con mujeres que participaron dentro y fuera del Partido Liberal. 

“Para 1905 ya empieza un movimiento feminista en Nicaragua, este pequeño grupo estaba integrado principalmente por mujeres de clase media y alta. Entre ellas, la maestra Josefa Toledo y algunas profesoras. No todas se identificaban como feministas, pues algunas únicamente se autonombraron sufragistas”, dijo González en una entrevista con el Nuevo Diario Nicaragua. También afirmó a dicho medio de comunicación que este grupo de mujeres fueron duramente perseguidas por su lucha por el voto.

Décadas después aparecieron  agrupaciones vinculadas a la lucha contra la dictadura somocista y, hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa con el inicio de la incipiente y efímera democracia, organizaciones comenzaron a reconocerse expresamente como feministas.

Las entrevistas realizadas para este reportaje y la bibliografía consultada coinciden que la historia del feminismo nicaragüense no comienza únicamente con la revolución de 1979, pero tampoco puede contarse sin este hecho que marcó el país, ni desvincularlo de las luchas por el sufragio con las élites.

En ese sentido, Chow señala la importancia de no pasar por alto las luchas de las mujeres indígenas y afrodescendientes, ni dejarlas en los márgenes al momento de reconstruir la memoria del feminismo en Nicaragua.

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Una revolución que abrió puertas y conservó jerarquías

Antes del triunfo de la Revolución Popular Sandinista (FSLN), ya existía la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional (AMPRONAC), fundada en 1977 para organizar a las mujeres contra la dictadura de Anastasio Somoza. La organización desempeñó un papel clave en la movilización femenina durante los últimos años de la insurrección. Tras el triunfo revolucionario se transformó en la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), que continuó siendo la principal organización de mujeres vinculada al Frente Sandinista. 

Dora María Téllez reconoce que la revolución representó un momento relevante para las mujeres, abriéndose espacios en la alfabetización, la salud, las cooperativas, los sindicatos y la vida pública «Hubo unas consultas en todo el país y hubo una enorme participación de mujeres y eso permitió que en la Constitución se dejaran explícitos ya ciertos asuntos. Primero la igualdad entre hombres y mujeres, plena. Después todo el tema del divorcio unilateral…»

La Constitución de 1987 reconoció formalmente la igualdad entre hombres y mujeres en el país. Durante ese periodo se impulsaron reformas orientadas a garantizar la igualdad jurídica y ampliar la participación política femenina, además de abrir el debate sobre normas relacionadas con el divorcio, la custodia de los hijos y las responsabilidades familiares. Sin embargo, Téllez sostiene que la revolución también quedó rezagada en otros aspectos y que las mujeres continuaban encontrando barreras para acceder a los espacios donde se tomaban las decisiones. 

«La participación política (de las mujeres), yo siento que siempre ha sido grande en la base. Pero hacia arriba, la participación política de las mujeres ha tenido como un filtro», afirma Téllez, al explicar que las limitaciones persistían en el acceso a candidaturas, cargos públicos y espacios reales de toma de decisiones.

Las entrevistadas coinciden en que esos avances no respondieron únicamente  a decisiones del poder revolucionario. También fueron resultado de la presión de mujeres que intentaban colocar sus propias demandas  dentro de un proyecto que les pedía priorizar primero la reconstrucción nacional y luego la guerra.

La periodista y dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres, Sofía Montenegro, recuerda que uno de los primeros debates dentro de la revolución, fue si las mujeres necesitaban una organización propia o si debían integrarse únicamente en sindicatos y organizaciones mixtas.

Sofia Montenegro periodista y feminista nicaragüense en conversación con Intertextual. Foto: https://x.com/Montesof

 

“Ahí comenzó el bochinche”, relata. Finalmente, consiguieron defender la necesidad de mantener AMNLAE de la cual formó parte, aunque la organización permaneció sin autonomía política respecto al FSLN.

Dentro de AMNLAE, un grupo reducido de mujeres comenzó a asumirse como feministas. Montenegro recuerda que las identidades predominantes estaban determinadas por la procedencia económica o por la militancia: campesinas, trabajadoras, profesionales, pobladoras (como se denominaba a las feministas en la revolución), sindicalistas o sandinistas. Para aquel pequeño grupo, el problema era que la clase se colocaba siempre primero y el género quedaba relegado.

Las mujeres eran convocadas como revolucionarias, productoras y defensoras del país, pero el proceso no siempre estaba dispuesto a revisar las relaciones de poder dentro de los hogares o de sus propias estructuras.

Montenegro recuerda que la guerra de los ochentas, dejó al descubierto una contradicción evidente: «Los grandes revolucionarios en las calles, eran unos tiranos cabrones en su casa». 

La salida de miles de hombres hacia el servicio militar llevó a numerosas mujeres a ocupar puestos en administración, fábricas, hospitales, bancos y espacios de dirección. «Descubren que son capaces de manejar el país», recuerda Montenegro.

En el ámbito jurídico las disputas continuaron. Azahálea Solís, feminista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, y actualmente desterrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sitúa en los cabildos constitucionales de los años ochenta uno de los momentos más importantes para las demandas de las mujeres.

Azahálea Solís feminista de Nicaragua conversa con Intertextual. Foto: Archivo.

«Hubo un cabildo muy importante de las mujeres, donde se hizo claramente la demanda que debía permitirse el aborto», recuerda. Para Solís, la Constitución de 1987 incorporó planteamientos inéditos para la época en América Latina, entre ellos el principio de igualdad por resultados y la igualdad incondicional.

Recuerda, además, que durante la discusión del derecho a la vida, las participantes defendieron que la Constitución no incluyera la expresión «desde la concepción», porque «posteriormente significaría que se eliminaba el aborto en cualquier circunstancia». Además, «las mujeres ahí plantearon el tema de la violencia en la casa», cuando todavía ni siquiera se había desarrollado la idea de que la violencia doméstica podía entenderse como una forma de tortura.

«Me parece a mí que hay elementos fundamentales de lo que es el posicionamiento político y de demanda de derechos del feminismo de Nicaragua», concluye Solís al referirse a aquellas discusiones constitucionales.

La derrota electoral del FSLN en 1990, hizo más visibles las contradicciones acumuladas. Un grupo de feministas intentó democratizar AMNLAE, con el objetivo de celebrar elecciones internas y conservar su estructura nacional sin el control del partido.

“Nosotras quisimos preservar la gran sombrilla de la AMNLAE, que ya estaba extendida por todo el país, pero sin control del FSLN”, explica Montenegro. La propuesta no consistía en destruir una organización construida durante años, sino en transformarla en un movimiento autónomo que rindiera cuentas a sus propias integrantes y no al partido, pero la dirección partidaria rechazó el intento de democratización.

Aquella ruptura no fue inmediata ni uniforme. Algunas mujeres continuaron vinculadas al sandinismo; otras se alejaron definitivamente; muchas conservaron elementos de su identidad revolucionaria mientras cuestionaban la subordinación de las organizaciones sociales al partido. 

Durante esos años comenzó a consolidarse un movimiento feminista autónomo. Montenegro resume uno de sus aportes mediante la relación entre “los universales y los particulares”: la posibilidad de reconocerse en una condición común como mujeres sin borrar las diferencias entre lesbianas, campesinas, trabajadoras, indígenas, afrodescendientes, pobres y habitantes de territorios históricamente excluidos.

“Hay una identidad universal: todas somos mujeres, todas somos feministas. Pero además yo tengo mi particular”, explica la periodista.

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Los desafíos de apostar por la autonomía

En 1992, el encuentro «Unidas en la diversidad» intentó articular a las organizaciones que se habían multiplicado tras la autonomía del movimiento respecto al FSLN. Surgieron redes relacionadas con la violencia, la salud, la sexualidad, la economía y la participación política.

Montenegro recuerda que aquel esfuerzo buscaba evitar que la diversidad de organizaciones terminara fragmentando al movimiento. «Lo que necesitábamos era una estructura de coordinación. Ya había suficientes grupos, suficientes centros, suficientes redes temáticas; lo que hacía falta era un espacio donde pudiéramos definir estrategias comunes y responsabilidades políticas», explica.

 

Llegada de la cooperación internacional y sus contradicciones

A mediados de los noventas e inicio de los dos mil, crecieron las organizaciones no gubernamentales y aumentó la presencia de la cooperación internacional. Los fondos permitieron financiar investigaciones, campañas, atención jurídica, acompañamiento psicológico y servicios que el Estado no ofrecía. Un proceso que abrió nuevas tensiones.

Según Montenegro, la cooperación permitió sostener luchas urgentes, pero también introdujo nuevas desigualdades. “Nosotras peleamos porque nos mantuviéramos como movimiento, para salir del control de la cooperación y del control del Estado… La cooperación traía su propia agenda de género, que no era necesariamente la nuestra ni era la que el país necesitaba. Y eso fue un pleito de toda la vida con la cooperación también… Al final la presión de la cooperación llevó a una competencia entre ONG y la agenda propia del feminismo nica se empezó a diluir y a ser sustituida por la agenda y los intereses de la cooperación. Y pasamos otro momento de debilitamiento y de fragmentación.» 

A pesar de esas contradicciones, el movimiento consiguió convertir la violencia contra las mujeres en un problema público.

La investigación “Siempre hemos estado”. Movimiento amplio de mujeres en Nicaragua: resistiendo la violencia patriarcal y sociopolítica, elaborada por Ana Clara Buendía, Mar Cervantes, Carmen Flores, Mary Ellsberg y Ana Lucía Álvarez Vijil, recuerda que el estudio Confites en el infierno permitió medir en 1995 la prevalencia de la violencia de pareja en el municipio de León. El 52 % de las mujeres encuestadas había sufrido violencia física de una pareja actual o anterior en algún momento de su vida.

 

Foto: Portada de investigación Siempre hemos estado de Movimiento amplio de mujeres de Nicaragua.

Los resultados fortalecieron las acciones de la Red de Mujeres contra la Violencia y respaldaron la campaña por la aprobación de la Ley 230 en 1996. Las organizaciones desarrollaron acompañamiento psicosocial y legal, apoyaron el modelo integral de las comisarías de la mujer y promovieron campañas para que las víctimas reconocieran sus derechos.

Dos décadas después, Confites +20 (actualización de la investigación Confites en el Infierno) registró una reducción significativa de la violencia física y emocional de pareja. Las autoras la relacionaron con los esfuerzos acumulados por organizaciones de mujeres, instituciones y otros actores. “Siempre hemos estado”, resalta, además, investigaciones comparativas que identifican la movilización feminista autónoma como un factor central para conseguir cambios en leyes y políticas contra la violencia.

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Diversidad sexual en el feminismo

Organizaciones como la Fundación Xochiquetzal, cancelada por la dictadura de Daniel Ortega en 2021, incorporó en los inicios de los dos mil, la sexualidad y la diversidad al debate feminista. Mujeres lesbianas ampliaron esas discusiones mientras enfrentaban estigmas dentro y fuera del movimiento.

La palabra «lesbianas» fue utilizada durante años como una forma de descalificación. Montenegro recuerda que desde los primeros núcleos feministas «éramos burguesas, éramos liberales, éramos putas o éramos lesbianas. Y que éramos una amenaza, que queríamos destruir la familia», como parte de un discurso que buscaba desacreditar a quienes cuestionaban el “orden social” dominante “hasta el día de hoy”, afirma.

En 1992, la reforma del Código Penal en el artículo 204 que antes de la reforma era el artículo 205, criminalizó las relaciones de personas del mismo sexo, bajo el delito de “sodomía” e incluyó su inducción, promoción o propaganda con penas de 1 a 3 años de prisión.

Uno de los casos más representativos de los crímenes de odio en Nicaragua fue el de Aura Rosa Pavón, una joven de 26 años originaria del municipio de Masatepe, en el departamento de Masaya. Tras ser absuelta en un juicio por el delito de «sodomía», fue asesinada por Diniel Norori Tapia, Melba Rosa Muñoz y Félix Manuel Garay debido a la relación sentimental que mantenía con su entonces pareja, Karla Vanesa Muñoz.

La penalización por “sodomía”, desapareció con la entrada en vigor del nuevo Código Penal en marzo de 2008. La derogación fue un avance importante, pero no eliminó la discriminación ni resolvió las desigualdades dentro de los movimientos.

Tras la despenalización de la homosexualidad, el gobierno de Daniel Ortega nombró en 2009 a Samira Montiel, proveniente del Grupo Lésbico Safo —la primera organización lésbica del país—, como procuradora especial para la Diversidad Sexual dentro de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Aunque el nombramiento fue presentado como un avance en materia de reconocimiento institucional, la oficina carecía de presupuesto propio y de capacidad de incidencia, durante los 17 años en el cargo, Montiel ha sido objeto de críticas y señalamientos por parte de organizaciones LGBTIQ+ y de derechos humanos, que la acusan de utilizar el cargo como un instrumento de propaganda de Daniel Ortega, perseguir políticamente a organizaciones de la diversidad sexual independientes y guardar silencio frente a los crímenes de odio y otras violaciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ en Nicaragua. 

El estudio “Siempre hemos estado” muestra que después de abril de 2018 adquirió mayor visibilidad el activismo político de mujeres LGBTIQ+, particularmente de mujeres trans, dentro del movimiento estudiantil, organizaciones barriales y espacios políticos. Sin embargo, la investigación también recoge la persistencia de una idea conocida: primero había que recuperar la democracia y después se podrían abordar las reivindicaciones feministas y LGBTIQ+, consideradas secundarias o divisivas.

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“Antes del 18 está el 98”

Devolviéndonos a finales de los noventas, un hecho marcaría un precedente y un quiebre definitivo entre el frente sandinista y el feminismo autónomo, la denuncia por abuso sexual presentada en 1998 por Zoilamérica Narváez Murillo contra Daniel Ortega presidente del partido y pareja de su madre, Rosario Murillo, pondría un muro entre apoyos a Zoilamérica contra Ortega y acusaciones de derechas contra izquierdas.

Azahálea Solís sitúa ese momento como un parteaguas para el movimiento. «Yo creo que antes del 18 está el 98 (refiriéndose a 2018 y 1998)», afirma. Recuerda que el mismo día en que se conoció la denuncia, varias feministas coincidieron en una reunión en la Asamblea Nacional. «Ninguna se contradijo, ninguna nos habíamos puesto de acuerdo (…). Todo el mundo dijo que la violencia sexual la puede cometer cualquier persona, no importa el cargo, no importa quién sea la víctima», recuerda.

Para Solís, aquella reacción mostró que, más allá de las diferencias entre organizaciones o liderazgos feministas, existía un principio compartido: creerle a una mujer que denunciaba violencia sexual, incluso cuando el señalado era el principal dirigente del Frente Sandinista. «Había una base común que quedó claramente demostrada ahí. Me parece que ese es un punto de inflexión muy importante», sostiene.

La respuesta fue una campaña de hostigamiento y desprestigio. Las feministas fueron acusadas de traición, de atacar al sandinismo y de servir a intereses externos. En la investigación “Siempre hemos estado” se señala que el respaldo a Zoilamérica marcó un momento de especial tensión con el FSLN y que, desde entonces, Daniel Ortega y Rosario Murillo expresaron un rechazo abierto hacia el movimiento de mujeres, al que calificaron públicamente como integrado por «falsas profetas», «esquizofrénicas» y «resentidas».

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Desde los territorios originarios y afrodescendientes

En cuanto a la Costa Caribe, Marlen Chow, rechaza la idea de que el feminismo haya sido meramente trasladado de afuera hacia el caribe como un aparato, una oficina o un proyecto de cooperación.

“El feminismo no es ningún aparato, no es ningún mecanismo”, afirma. Si se entiende como pensamiento libertario y acción colectiva, hay que investigar cómo participaron las mujeres en la transformación y permanencia de cada sociedad, aun cuando no adoptaran esa categoría.

Esa tarea es compleja porque las memorias escritas y sustentadas sobre las mujeres indígenas son escasas, lamenta la socióloga. «Las mujeres indígenas del Caribe sí han contribuido y siguen contribuyendo a una resistencia, a una lucha cultural, a una lucha que tiene que ver con su condición de pueblo» Afirma. Chow insiste en que no todos los pueblos indígenas y afrodescendientes comparten una misma cosmovisión o una sola experiencia de colonización.

Desde esa perspectiva, conservar una lengua es político. Sostener la comunidad frente al despojo es político. Transmitir una cosmovisión y negarse a que el desarrollo signifique abandonar la identidad también lo es.«¿Quién trabajó para conservar esa lengua? Tiene que haber sido la mujer», plantea Chow. Y reafirma: «¿Quién conservó eso? Las mujeres». 

Esa mirada evita idealizar las comunidades indígenas. Chow insiste en que reconstruir la historia exige analizar tanto las formas de resistencia como las relaciones de poder que existen dentro de ellas. «Nunca debemos hacer afirmaciones sin que hayamos podido elaborar conclusiones», advierte, al defender una investigación rigurosa sobre las experiencias de las mujeres indígenas.

Chow recuerda que, durante el funcionamiento de los enclaves extranjeros en la Costa Caribe, muchas mujeres indígenas resistieron la violencia, la explotación y las presiones para abandonar sus comunidades. «Las mujeres se resistían a la prostitución, las mujeres se resistían a la violación. Y esa acción de resistencia (…) se llama política, resistencia. ¿Por qué no hubo más mestizaje con semejante penetración de enclave en esos territorios?», plantea. Más adelante añade: «Las mujeres se quedaron en sus comunidades, no quisieron irse a la civilización (…) las mujeres indígenas no creían que su desarrollo dependía de despojarse de su cultura.» 

Chow señala que las mujeres indígenas también participaron en las discusiones comunitarias relacionadas con el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe, aprobado en 1987, y que tuvieron un peso importante en las comisiones de paz.

“El espíritu de la autonomía era sostenido por un pensamiento de mujeres en la comunidad, por la exigencia del respeto que debía tenerse a la comunidad”, sostiene.

Muchas de esas protagonistas no quedaron registradas, aclara Chow y menciona nombres, recuerdos que todavía requieren comprobación, por lo que insiste en que el vacío no debe llenarse con afirmaciones apresuradas. Es necesario investigar, recopilar testimonios y crear archivos desde las propias comunidades.

“No tienen que llegar las sabias filósofas de otro lado”, dice. Los pueblos pueden levantar poco a poco sus centros de documentación y permitir que las nuevas generaciones conozcan su historia.

Señala que el reto no es sustituir una voz central por otra, sino permitir que existan múltiples centros desde los cuales, se pueda construir la memoria de las mujeres indígenas y afrodescendientes en el caribe del país.

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La represión en contra del feminismo no comenzó en 2018

Cuando Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007, el movimiento feminista ya había denunciado la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Meses antes, en octubre de 2006 y en vísperas de las elecciones presidenciales, el FSLN, con el respaldo de sectores conservadores y de la jerarquía de la Iglesia católica, impulsó la derogación del aborto terapéutico.

La figura del aborto terapéutico había estado reconocida en la legislación nicaragüense desde el siglo XIX y regulada por el Código Penal de 1891. Esa excepción legal permaneció vigente durante más de un siglo, hasta que la Asamblea Nacional eliminó el artículo que la permitía.

Azahalea Solís recuerda que en marzo de 2007 ya existían orientaciones para excluir a feministas de consultorías estatales y cortar relaciones con organizaciones que atendían a sobrevivientes de violencia.

“Todo el desastre que hay ahora lo empezaron a construir muy temprano”, afirma.

A finales de 2007, nueve feministas fueron denunciadas penalmente por haber acompañado años antes el caso de una niña que quedó embarazada producto de una violación. En 2008 aumentaron las investigaciones fiscales, allanamientos y campañas contra organizaciones y figuras del movimiento. Ese mismo año, grupos oficialistas atacaron protestas opositoras y, posteriormente, las manifestaciones contra las elecciones municipales denunciadas como fraudulentas.

“Fueron escalando, escalando, escalando hasta llegar a este punto”, resume Solís.

Montenegro distingue otras etapas. Antes de 2018, recuerda, predominaban la difamación, el hostigamiento económico y el “terrorismo fiscal”. Después del estallido social del 2018, la persecución se extendió directamente a los cuerpos, las familias, los bienes, la nacionalidad y el exilio.

Esa persecución ha convivido con un discurso oficial que presenta la paridad como uno de los principales logros del régimen a nivel internacional, por la Ley 648 que hizo posible el decreto del principio de paridad en las candidaturas. Sin embargo, para Sofía Montenegro esa representación no equivale a una participación política efectiva, debido a que la paridad puede convertirse en una fachada cuando las mujeres ocupan cargos sin autonomía ni capacidad real de decisión.

En esta misma línea, Ariela Peralta Distéfano, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GREHN), afirmó en junio 2026: “Cientos de mujeres de todas las edades – defensoras, feministas, periodistas, líderes políticas, campesinas, estudiantes, así como mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+ – han sufrido múltiples violaciones de derechos y persecución política, agravadas por la discriminación y estereotipos de género”.

“En particular, Nicaragua ha empleado formas específicas de violencia de género y represión contra mujeres que desempeñaban un papel activo y visible en la vida pública, política y comunitaria del país,” añadió la experta de la ONU.

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Siempre hemos estado

En abril 2018, cuando las protestas se extendieron por distintos puntos de Nicaragua, el movimiento amplio de mujeres activó redes construidas durante décadas.

“Siempre hemos estado” reconstruye esa participación mediante una metodología feminista y participativa. La investigación dialogó con mujeres de diferentes generaciones y experiencias, entre ellas jóvenes, exiliadas, expresas políticas, mujeres trans y afrodescendientes. Algunas autoras utilizaron seudónimos debido a los riesgos de investigar bajo la dictadura.

El estudio identifica tres contribuciones principales del movimiento durante la rebelión: la representación política, la sostenibilidad de la vida y la lucha por la justicia. Las feministas participaron en manifestaciones, organizaron apoyo material y logístico, acompañaron psicológicamente a las víctimas y documentaron violaciones de derechos humanos. En muchos casos lo hicieron de manera anónima o con bajo perfil.

Una mujer trans entrevistada para el estudio recordó así aquellos primeros meses:

“Ahí estuvimos haciendo el trabajo más humanitario, entonces fue cómo buscar y conseguir víveres, cocinar y llevar comida para los chavalos, algunos insumos médicos, el bicarbonato para las bombas lacrimógenas, el vinagre blanco, todo lo que encontráramos que sabíamos que les podía servir”.

Cuando cambiaron las estrategias represivas, las redes también se transformaron. Acompañaron a personas heridas y excarceladas, familias de personas presas políticas, defensoras en riesgo y migrantes que necesitaban orientación en los países de acogida. Para las autoras, ese trabajo humanitario fue una expresión del feminismo llevado a la práctica: sostuvo la vida y, por tanto, la resistencia. 

Después llegó la cancelación de organizaciones, la confiscación, el destierro y la privación arbitraria de la nacionalidad. Sin embargo, la desaparición jurídica de las organizaciones no significó el fin del movimiento.

A pesar de ello, Montenegro no duda de que exista un feminismo nicaragüense en el exilio y las mujeres han vuelto a organizarse en Costa Rica, España y otros países, aunque antes deban reconstruir sus vidas.

«Absolutamente. Absolutamente. Yo no lo dudo ni un segundo», responde. «Ha sido un pegamento ideológico, identitario. Hay una identidad universal: todas somos mujeres, todas somos feministas; pero además yo tengo mi particular…», explica al referirse a la convivencia entre las distintas identidades dentro del movimiento.

Sofía afirma que dentro de Nicaragua continúa una resistencia menos visible, condicionada por la vigilancia y el miedo. Fuera del país, el exilio transforma las agendas, pero no rompe los vínculos construidos por el movimiento. Como también recoge la investigación Siempre hemos estado, numerosas feministas han continuado desde el exilio las labores de denuncia, incidencia internacional, memoria y acompañamiento a víctimas de la represión.

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Un colectivo que nunca se apaga

Las mujeres nicaragüenses actuaron antes de que muchas de sus luchas tuvieran nombre. Participaron contra la dictadura somocista, dentro y fuera de la revolución, impulsaron la autonomía del movimiento, defendieron a sobrevivientes de violencia, sostuvieron comunidades, preservaron lenguas y hoy continúan resistiendo dentro y fuera de Nicaragua.

Algunas dejaron leyes e investigaciones; otras sostuvieron memorias que sobrevivieron en los territorios, las comunidades y la transmisión de las lenguas. Las cuatro coinciden en que el feminismo nicaragüense seguirá transformándose y que las próximas generaciones volverán a ampliar sus memorias. Como recuerda la historiadora Dora María Téllez, «las memorias oficiales no existen». Quizá el desafío sea precisamente ese: construir una historia capaz de reconocer su diversidad sin convertirla en un único relato.

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