14/04/2026.
Por: Brisa Bucardo / Revista Indígena Prahaku.
– En América Latina, la cooperación internacional y los discursos de participación comunitaria suelen presentarse como herramientas de inclusión, desarrollo y fortalecimiento de derechos. Sin embargo, una revisión crítica de sus prácticas revela tensiones persistentes entre estos discursos y las formas concretas en que se implementan. En muchos casos, estas tensiones no son excepcionales, sino parte de estructuras históricas de poder que continúan reproduciéndose bajo nuevos lenguajes institucionales.
En los territorios de pueblos indígenas, estas dinámicas tienen una trayectoria larga. Desde los procesos coloniales hasta las intervenciones contemporáneas, persiste una lógica en la que actores externos definen agendas, financiamientos y marcos de intervención, mientras las comunidades aportan conocimientos, experiencias y legitimidad territorial. Aunque las formas han cambiado, el patrón estructural se mantiene: la desigualdad en la toma de decisiones.
En la región centroamericana, estas prácticas adquieren expresiones diversas según el contexto político. En Nicaragua, por ejemplo, se han documentado situaciones en las que actores vinculados a estructuras estatales o afines a la dictadura de Ortega y Murillo, han ocupado espacios de representación indígena en escenarios internacionales, accediendo a recursos de cooperación sin mecanismos claros de rendición de cuentas hacia las comunidades. A nivel local, también se han señalado dinámicas de recolección de información comunitaria, como listas, fotografías de personas o documentaciones, diagnósticos y otros, cuyo uso posterior no siempre es transparente, lo que genera tensiones en torno a la representación y la legitimidad.
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En Costa Rica, la situación presenta otra complejidad. Aunque el país proyecta internacionalmente una imagen de estabilidad, democracia y una identidad asociada a lo “pura vida”, esta narrativa convive con una profunda invisibilización de los pueblos indígenas en el imaginario nacional. En muchos casos, incluso dentro de la propia sociedad costarricense, existe desconocimiento sobre su existencia, sus territorios y sus luchas actuales. Esta invisibilización no es solo simbólica: también se expresa en la forma en que las instituciones condicionan el desarrollo de propuestas indígenas, definiendo qué es considerado viable o legítimo dentro de marcos estatales preestablecidos.
A esto se suma una dimensión crítica relacionada con la violencia estructural. En distintos territorios indígenas del país se han registrado amenazas y asesinatos de liderazgos indígenas en años recientes, lo que evidencia que las tensiones territoriales y políticas no son únicamente históricas, sino también contemporáneas. Sin embargo, estas realidades no suelen ocupar un lugar central en la narrativa internacional sobre el país.
En El Salvador, por su parte, la situación ha estado marcada durante décadas por la invisibilización casi total de los pueblos indígenas en el discurso público e institucional. Este silencio ha tenido efectos concretos en términos de reconocimiento, políticas públicas y derechos colectivos, configurando una forma de ausencia que no es neutral, sino estructural.
En el caso de Guatemala, además, las disputas territoriales y la defensa de la tierra han estado atravesadas por altos niveles de conflictividad y criminalización de liderazgos comunitarios.
En Honduras, diversas organizaciones han señalado también la persistencia de presiones sobre territorios indígenas y afrodescendientes en el marco de proyectos económicos y de infraestructura.
En estos últimos dos países centroamericanos, las comunidades han denunciado la implementación de proyectos extractivos y de desarrollo en territorios indígenas de con procesos de consulta que no cumplen con estándares de consentimiento libre, previo e informado, así como intervenciones donde la participación comunitaria se reduce a formalidades metodológicas sin carácter vinculante.
En este contexto regional, el rol de los medios de comunicación es clave para comprender cómo se producen las narrativas. Los medios no solo informan, también construyen marcos de interpretación. En el caso de los pueblos indígenas, las coberturas suelen aparecer de manera intermitente, asociadas a crisis, conflictos o expresiones culturales, sin continuidad ni profundidad estructural.
En Costa Rica, personas de distintos pueblos indígenas han señalado que durante mucho tiempo los medios que han llegado a sus territorios han sido principalmente internacionales, mientras que la presencia de medios nacionales ha sido limitada. En muchos casos, estas coberturas tienden a centrarse en lo cultural o lo turístico, reproduciendo narrativas folclorizadas que dejan fuera las demandas políticas, territoriales y estructurales. Esto plantea preguntas sobre qué se considera noticia dentro de un país y quién tiene la autoridad para narrar determinadas realidades.
Más allá del origen de los medios, también persiste un problema en la forma de representación. Los territorios indígenas aparecen con frecuencia solo en momentos específicos: conflictos, asesinatos, emergencias o eventos culturales. Esta cobertura fragmentada contribuye a una percepción incompleta de sus realidades, donde no son vistos como sujetos políticos continuos, sino como escenarios puntuales de interés informativo, a esto se suma el financiamiento sólo en casos de violencia extrema en estos territorios.
A esto se suma un acceso desigual a la producción de narrativas. Aunque algunas comunidades cuentan con herramientas digitales o presencia en redes sociales, esto no siempre se traduce en capacidades reales de comunicación e incidencia. La ausencia de procesos sostenidos de formación en comunicación comunitaria limita la posibilidad de disputar los marcos narrativos dominantes. En contraste, experiencias de medios indígenas en países como Guatemala muestran que existen otras formas de narrar desde los territorios, aunque siguen siendo limitadas dentro del ecosistema mediático regional y la cooperación internacional.
Diversos enfoques críticos han señalado que la cooperación internacional no es un campo neutral. Autores como Arturo Escobar han cuestionado cómo el desarrollo ha funcionado históricamente como un dispositivo de intervención y clasificación de territorios y poblaciones desde marcos externos, produciendo jerarquías de conocimiento y poder.
Desde esta perspectiva, las prácticas actuales no pueden entenderse únicamente como fallas técnicas. Responden a una estructura donde el poder se distribuye de forma desigual: quienes financian definen prioridades, quienes implementan traducen realidades, y quienes participan aportan experiencias que no siempre se convierten en decisiones vinculantes.
Esto obliga a replantear el sentido mismo de la participación. No se trata solo de escuchar voces, sino de preguntarse qué se hace con lo que se escucha, quién interpreta esas narrativas y quién tiene la capacidad de transformarlas en acción.
La transparencia, el consentimiento informado y la devolución no deberían ser elementos opcionales, sino condiciones mínimas para cualquier proceso que se presente como participativo. Sin estos principios, la participación corre el riesgo de convertirse en una forma de legitimación de decisiones ya tomadas.
Más que una crítica aislada, estas tensiones evidencian la necesidad de repensar las prácticas de cooperación, comunicación y representación en la región. No desde la negación de su importancia, sino desde la urgencia de transformar sus fundamentos éticos y políticos.