6 noviembre 2025.
– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que, entre abril de 2018 y febrero de 2023, al menos seis mujeres trans nicaragüenses fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, en el contexto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que persiste en el país.
Según datos desagregados del organismo, una de las mujeres trans es originaria de León, una de Managua, dos de Carazo, una de Ocotal y una de Rivas, lo que evidencia que la represión estatal impacta territorialmente a personas LGBTIQA+ en todo el país, sin distinción geográfica.
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Un registro que revela solo una parte de la violencia estatal
Desde 2018, la CIDH mantiene un proceso de sistematización y consolidación de un registro de personas privadas de libertad de forma arbitraria. En 2020 publicó un primer informe, “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, y desde entonces ha actualizado de manera permanente sus bases de datos con información parcial del Estado, reportes del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, organizaciones de la sociedad civil y el propio Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
Entre el 18 de abril de 2018 y el 10 de febrero de 2023, al menos 2.090 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos. La CIDH detalla que 1.879 son hombres, 202 mujeres y seis mujeres trans.
Aunque los números son significativos, el organismo advierte que representan solo una fracción del total real debido al ocultamiento de información por parte del Estado, la persistencia del temor en las víctimas y la naturaleza irregular de las detenciones.
Desnacionalización y expulsión: una doble violencia
Además de la detención arbitraria, mujeres trans y personas de la comunidad LGBTIQA+ nicaragüenses han sido víctimas de la política de desnacionalización, expulsión y despojo de derechos, aplicada por el régimen Ortega-Murillo contra personas consideradas opositoras.
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Este patrón de represalias afecta con especial gravedad a mujeres trans, quienes ya enfrentan discriminación estructural, barreras de acceso a la justicia y mayor exposición a violencias institucionales.
De acuerdo con la CIDH, la información sobre estas personas se mantiene en reserva debido al “clima de temor y la persistencia de la represión”, un elemento que obliga a extremar cuidados para no revictimizar ni exponer datos sensibles de mujeres trans que ya han sufrido persecución estatal.
Impactos diferenciados: violencia de género y criminalización
Las detenciones y expulsiones no solo vulneran derechos civiles y políticos; también reproducen violencias basadas en género.
En contextos carcelarios, personas trans enfrentan:
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Riesgos de violencia sexual, física y psicológica.
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Falta de acceso a atención médica adecuada.
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Negación del reconocimiento de identidad de género.
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Condiciones de aislamiento o castigo diferenciado.
La criminalización política profundiza estas condiciones al combinar violencia estatal con transfobia institucional, advirtió la CIDH.
El desafío de documentar y proteger
La CIDH subraya que su registro continúa en construcción permanente, debido a la información parcial proporcionada por el Estado y a la necesidad de proteger la identidad de las víctimas.
La versión pública del mapa interactivo de la CIDH muestra los departamentos de detención, edades, géneros, fechas de detención, centros de reclusión, medidas cautelares otorgadas y la situación posterior de las personas excarceladas, expulsadas o aún en prisión.
El organismo reitera que la represión no ha cesado, y el riesgo de nuevas detenciones arbitrarias persiste.
Una deuda histórica con los derechos LGBTIQA+
Las cifras presentadas por la CIDH reflejan la ausencia de garantías básicas para las personas trans en Nicaragua. La combinación de criminalización política, violencia de género y desnacionalización configura un patrón de persecución sistemática que afecta gravemente a esta población.
Intertextual continuará documentando estas violencias con rigor periodístico, respeto por la dignidad de las personas y un enfoque centrado en la protección de las víctimas, especialmente en un contexto donde la información sigue siendo fragmentada y la represión continúa siendo una amenaza real.