28-08-2026.
– El Tribunal Supremo de España estableció que una rectificación del sexo registral no puede utilizarse para dejar sin efecto una condena por violencia de género correspondiente a hechos cometidos antes del cambio en el Registro Civil.
La decisión responde al recurso presentado por una persona condenada por agredir a su expareja en abril de 2022, cuando legalmente figuraba como hombre. Más de un año después, en junio de 2023, obtuvo la rectificación de su sexo registral y pasó a figurar como mujer.

Foto: Manuel Pérez.
La defensa alegó que, tras ese cambio, no debía mantenerse la condena por el delito de violencia de género contemplado en el artículo 153.1 del Código Penal. Sin embargo, el Supremo rechazó ese argumento y determinó que lo relevante es la situación jurídica existente en el momento en que ocurrieron los hechos.
La Ley Trans ya establecía que el cambio no tiene efectos retroactivos
El criterio del Supremo coincide con lo dispuesto por la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
El artículo 46.3 de esa normativa establece expresamente que la rectificación de la mención registral relativa al sexo, y en su caso el cambio de nombre, no modifica el régimen jurídico que era aplicable antes de la inscripción del cambio registral en materia de violencia de género.
Además, el artículo 46.4 señala que una persona que rectifique su sexo registral de masculino a femenino podrá acceder a determinadas medidas de acción positiva a partir del cambio, pero no respecto de situaciones jurídicas anteriores.
De esta manera, la sentencia no introduce una excepción nueva al derecho a la identidad de género, sino que reafirma un límite temporal que ya estaba contemplado en la legislación.
Los hechos ocurrieron antes de la rectificación registral
El caso se remonta al 20 de abril de 2022, durante un conflicto relacionado con el régimen de visitas. La persona condenada agredió a su expareja y sujetó con fuerza del brazo a la hija menor de ambos.
La solicitud de rectificación registral comenzó a tramitarse en abril de 2023 y el Registro Civil de Castellón aprobó el cambio el 1 de junio de ese año.
Para el Supremo, esa diferencia temporal es determinante: los efectos jurídicos de la rectificación comienzan desde que se realiza, pero no alteran retroactivamente las circunstancias legales existentes cuando se cometió el delito.
El tribunal también aborda posibles casos de fraude de ley
La sentencia analiza además qué ocurriría si la rectificación registral se hubiera producido antes de la comisión del delito.
En ese escenario, el Supremo sostiene que no puede descartarse automáticamente la aplicación de la legislación sobre violencia de género si se demuestra que el cambio se realizó deliberadamente para eludir consecuencias jurídicas.
Sin embargo, la resolución también deja claro que no todo cambio registral previo puede considerarse fraudulento. Para aplicar esa figura tendría que demostrarse de manera concreta la intención de utilizar la rectificación para evitar la aplicación de la ley.
La sentencia no cuestiona el derecho a la identidad de género
La resolución no pone en duda el derecho de las personas trans a modificar su sexo registral. Su alcance se limita a definir los efectos temporales de esa rectificación cuando existen responsabilidades penales derivadas de hechos anteriores.
El fallo adquiere relevancia en medio de los debates políticos y sociales alrededor de la Ley Trans en España, donde sectores críticos han utilizado el reconocimiento de la identidad de género para sugerir posibles vacíos legales.
En este caso, tanto la legislación vigente como el criterio del Tribunal Supremo establecen que una rectificación registral no borra, transforma ni elimina responsabilidades penales generadas con anterioridad, al mismo tiempo que mantiene intacto el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad.