El clóset dorado en Nicaragua: cómo el dinero y los privilegios marcan la vida LGBTIQ+

 28-10-2026

Por: Brisa Bucardo. Edición: Antonio Chávez

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Para algunas personas, revelar que es LGTBIQ+ puede significar perder prestigio. Para otras, quedarse sin casa. La diferencia no siempre está en la intensidad del rechazo que enfrentan, sino en los recursos que tienen para sobrevivir a sus consecuencias.

Una mujer lesbiana que depende económicamente de su familia puede verse obligada a ocultar su relación para conservar el techo donde vive. Otra, con independencia económica, puede compartir una vivienda con su pareja sin exponerse a esa misma amenaza. Ninguna está libre de discriminación, pero sus posibilidades de enfrentarla son profundamente distintas.

“Cuando sos pobre muchas veces no tienes el privilegio de elegir entre vivir libremente o sobrevivir”, afirma Silvia Zúniga, mujer lesbiana, activista feminista nicaragüense exiliada en España.

Su reflexión apunta a una desigualdad que suele quedar fuera de las discusiones sobre diversidad sexual. Aunque las personas LGBTIQ+ comparten experiencias de exclusión, no todas enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con las mismas herramientas para protegerse. En Nicaragua, el dinero, la educación, las relaciones familiares y el reconocimiento social pueden determinar quién dispone de privacidad, quién puede abandonar un trabajo discriminatorio y quién tiene mayores posibilidades de participar en espacios de representación.

El llamado clóset dorado no es necesariamente una vida libre de prejuicios. Puede ser la posibilidad de mantener la intimidad lejos del escrutinio público, conservar la estabilidad económica o disponer de una red de protección frente al rechazo. En el otro extremo están quienes deben calcular cuánto les costaría expresar abiertamente su orientación sexual o identidad de género.

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La libertad también depende del bolsillo

Zúniga conoce historias de mujeres lesbianas que enfrentaron amenazas de expulsión de sus hogares después de que sus familias descubrieran sus relaciones. Algunas tuvieron que buscar refugio entre amistades o familiares. En esas circunstancias, la discriminación deja de ser únicamente una expresión de rechazo y se convierte en una amenaza contra las condiciones básicas de vida.

“No es lo mismo ser una lesbiana pobre de un barrio popular que tiene que luchar primero por la sobrevivencia, a ser una lesbiana con dinero, estudios, contactos y con un grupo de referencia”, explica.

Silvia Zúniga, Activista feminista exiliada en españa.

La activista creció en condiciones de pobreza y recuerda que las preocupaciones económicas ocupaban buena parte de la vida cotidiana. Antes de discutir sobre derechos o participar en determinados espacios, había necesidades que resolver. “Primero priorizas los alimentos, casa, techo y tu familia antes de sentarte a reflexionar por el tema de las desigualdades”, señala.

Su experiencia personal también estuvo marcada por la exposición pública. Zúniga hizo visible su orientación sexual durante una boda simbólica frente a la Asamblea Nacional de Nicaragua, organizada como una acción de protesta antes de la aprobación del Código de Familia. Recuerda que su madre inicialmente rechazó la noticia, aunque reconoce que otras mujeres enfrentaron consecuencias materiales mucho más graves.

“Para quienes venimos de familias pobres, vivir libremente nuestra orientación sexual puede significar eso, perder el apoyo familiar, el techo y las oportunidades económicas que nos brinda la familia”, sostiene.

Para Zúniga, disponer de una vivienda independiente puede cambiar radicalmente las condiciones en que una mujer vive su relación. También cuando cuenta con amistades que ofrezcan alojamiento, ingresos propios o una familia que no condicione el respaldo económico a la orientación sexual.

“En Nicaragua podría decirte que el dinero no elimina la discriminación, pero sí puede comprar cierta protección frente a ella”, afirma.

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La antropóloga María Amelia Viteri abordó la relación entre sexualidad y desigualdades sociales en su ensayo «Queer no me da»: traduciendo fronteras sexuales y raciales en San Salvador y Washington D. C., publicado en 2008. Su investigación cuestiona las interpretaciones que presentan las identidades sexuales como experiencias homogéneas, sin considerar la clase social, la raza, la etnicidad y el contexto geográfico.

Aunque ese trabajo no se realizó dentro del contexto nicaragüense, ayuda a comprender el por qué en una misma orientación sexual puede vivirse bajo condiciones muy diferentes. Zúniga también advierte contra una lectura simplista: “Eso no significa tampoco, quiero dejar claro, eso no significa que las personas con dinero no sufran discriminación, pero sus condiciones para enfrentarla evidentemente son distintas”.

El escritor Pablo Vidarte en su libro “Ética marica”, habla sobre cómo el estatus social dentro de la comunidad LGBTQIA+ irrumpe con variables que les afectan directamente 

«Pero ¿quiénes somos nosotros?, ¿existe un “nosotros” cuando hablamos de maricas y lesbianas? […] Una Ética Marica deberá, si no resolver, cosa difícil, al menos sí plantear la incomunicabilidad o solidaridad de todas estas variables estructurales y sociales [clase social, dinero, trabajo, origen…], cómo afectan al individuo…» 

Las diferencias aparecen incluso en espacios donde las personas LGBTIQ+ buscan relacionarse sin los prejuicios de otros sectores sociales.

Magdalena, nombre utilizado para proteger la identidad de una activista trans nicaragüense, considera que esas prácticas no surgen de manera aislada. “Crecimos en un mundo mediado por el clasismo, la violencia, la intolerancia, la discriminación y el bullying”, reflexiona.

Haber sufrido exclusión, explica, no impide que una persona reproduzca comportamientos discriminatorios contra otras. “Dentro de esto también aprendimos a hacernos bullying entre nosotras para sobrevivir al bullying social”, agrega.

Magdalena recuerda que su apariencia y la forma en que vestía podían modificar el trato que recibía. En una ocasión, relata, fue expulsada de un baño. En otros espacios, cumplir determinadas expectativas de presentación personal influía en la manera en que era aceptada.

Las relaciones afectivas tampoco escapan a estas diferencias. See Pok Loa, de la Universidad de Oxford, y Susanne Y. P. Choi, de la Universidad China de Hong Kong, analizaron la influencia de la clase social en las relaciones entre hombres homosexuales en el estudio An intimacy field framework: Class, habitus and capital in gay relationships, publicado en línea en 2023 por The Sociological Review.

A partir de 38 entrevistas en Hong Kong, los investigadores examinaron cómo los ingresos, la educación, la profesión y los hábitos de consumo intervienen en las relaciones íntimas. Identificaron dificultades de algunos participantes de clase trabajadora para integrarse en redes de citas asociadas con estilos de vida de clase media, además de obstáculos económicos para construir relaciones estables.

Los resultados no pueden extrapolarse a Nicaragua. Sin embargo, muestran que la desigualdad económica también puede intervenir en los vínculos afectivos, incluso entre personas que comparten experiencias de discriminación por su orientación sexual.

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Cuando conservar el empleo significa soportar el rechazo

Henry Dávila, es un hombre gay y se dedica a la docencia en Nicaragua, recuerda episodios de discriminación que marcaron su trayectoria profesional. Durante una etapa de su vida laboral, recibió cuestionamientos por su apariencia y forma de vestir. Según relata, los comentarios de algunos compañeros terminaron influyendo en el trato que recibió de las autoridades de su centro de trabajo “Se me exigió a cambiar mi forma de vestir, en el cual me sentí agredido, me sentí discriminado”, recuerda.

Henry Dávila, docente nicaragüense.

Dávila cuenta que hubo jornadas después de las cuales regresaba a casa llorando. A pesar de ello, continuó trabajando. Necesitaba conservar sus ingresos y valoraba la profesión a la que había dedicado parte de su vida.

Su testimonio permite observar una dimensión concreta de la desigualdad: no todas las personas pueden responder de la misma manera cuando enfrentan discriminación laboral. Renunciar puede ser una alternativa para alguien con ahorros o respaldo económico, pero una decisión mucho más difícil para quien depende de su salario para sostenerse.

El profesor también recuerda una experiencia en la que consideró que los prejuicios sobre su orientación sexual afectaron una oportunidad de reconocimiento profesional. “Confunden mi profesionalismo con mi vida personal, el cual no tiene nada que ver”, cuestiona.

Sin embargo, Dávila no considera que la discriminación sea exclusiva de los sectores empobrecidos. “En Nicaragua se han vivido violencias homofóbicas a personas de economía alta y economía baja”, señala. Lo que cambia son las posibilidades de enfrentarla sin comprometer la estabilidad económica.

El Observatorio de los Derechos de las Personas LGBTIQ+ de Nicaragua ha documentado experiencias de exclusión y vulneraciones de derechos de esta población. Entre sus investigaciones figura un estudio sobre personas indígenas LGBTIQ+ que aborda dificultades relacionadas con la discriminación y el acceso a mecanismos de protección.

Estos trabajos permiten reconocer que las experiencias LGBTIQ+ también están atravesadas por el territorio, la pertenencia indígena y las condiciones sociales. No ofrecen, por sí solos, una medición nacional de las diferencias económicas dentro de toda esta población, pero contribuyen a comprender por qué la exclusión no afecta a todas las personas de la misma manera.

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Quién tiene derecho a hablar y quién consigue ser escuchado

Las diferencias de clase también atraviesan las organizaciones que defienden los derechos LGBTIQ+. Allí no siempre se expresan mediante el dinero. Pueden aparecer en el valor que se concede a los títulos universitarios, las relaciones personales o las oportunidades de representar públicamente determinadas demandas. 

Silvia Zúniga recuerda que durante sus primeros años de activismo encontró dificultades para incorporarse a ciertos espacios de reflexión. Desde su experiencia, quienes tenían estudios especializados o vínculos con familias reconocidas contaban con mayores posibilidades de obtener reconocimiento. “Si no tenías una especie de máster de carrera afín a género, a trabajo social, a comunicación, pues entonces no eras vista o reconocida”, relata.

Su crítica no está dirigida contra la formación académica, sino contra la desvalorización de otros conocimientos. “El clasismo no siempre se manifiesta con insultos o simplemente con no invitarte a un espacio”, explica. También puede aparecer cuando se considera menos importante el trabajo de quienes han construido su experiencia mediante la organización comunitaria o la participación cotidiana.

“Yo no tengo un doctorado, no tengo una maestría en género, pero todo mi trabajo, el trabajo del día a día, [tiene] ese enfoque”, sostiene.

El sociólogo Pierre Bourdieu explicó, en The Forms of Capital (1986), cómo el capital económico, cultural y social interviene en la distribución de oportunidades y posiciones de influencia. Sus conceptos permiten examinar por qué disponer de recursos económicos, credenciales académicas o redes de relaciones puede facilitar el acceso a espacios de decisión.

En América Latina, María Amelia Viteri, José Fernando Serrano y Salvador Vidal-Ortiz también han cuestionado las interpretaciones homogéneas de las identidades sexuales. En ¿Cómo se piensa lo queer en América Latina?, publicado en 2011 en la revista Íconos, proponen atender las relaciones entre sexualidad, raza, etnicidad y clase.

Vlada Krassova, activista trans nicaragüense, recuerda que antes de 2018 existían diferencias en las oportunidades de participación dentro de determinados espacios organizativos. “Se veía, por ejemplo, quién acudía a determinados congresos, a determinadas actividades”, explica.

Vlada Krassova, activista trans nicaraguense.

No obstante, considera que el problema iba más allá de quién ocupaba una posición de liderazgo. “Yo pondría no tanto el foco en el tema de las jerarquías, sino en la incapacidad que tuvieron los movimientos LGBT para poder gestionar el conocimiento”, sostiene.

Para Krassova, cuando las experiencias, los contactos y las oportunidades de formación no se comparten suficientemente, resulta más difícil fortalecer nuevas generaciones de activistas. También cuestiona que algunas estructuras políticas incorporen demandas LGBTIQ+ sin necesariamente fortalecer la autonomía de quienes trabajan por esos derechos. “Al absorberse se diluye la propia incidencia política, se diluye realmente esa lucha política”, advierte.

Las experiencias de Zúniga y Krassova plantean una pregunta necesaria: ¿cómo garantizar que los espacios creados para combatir la exclusión no reproduzcan, en su funcionamiento interno, desigualdades de reconocimiento y participación?

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La privacidad, el poder y sus contradicciones

Las personas LGBTQIA+ que siempre han pertenecido a la clases altas se ocupan de sus necesidades inmediatas desde la individualidad que le ofrece el sistema y quienes surgen hacia esa estatus se adecuan a este. Así, Vidarte advierte «…a nosotras nos mantienen desunidas, desolidarizadas, salvándose la que pueda […] Una vez instalada y a buen recaudo, la marica se olvida de sus compañeros de celda, de prisión, de exilio […] se olvida de un pasado en el que se vio obligada a juntarse con indeseables […] y comienza a preocuparse y ocuparse únicamente de su propio coño, de su culito de marica privilegiada…» 

La relación entre orientación sexual y posición social adquiere otra dimensión cuando intervienen el poder político y el prestigio familiar.

Para Zúniga, mantener la vida privada fuera del escrutinio público puede ser una decisión legítima. Nadie debería estar obligado a revelar su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, las condiciones para decidir libremente no son iguales.

“Para algunas personas salir del clóset puede significar perder el prestigio social, incluso para otras puede significar perder el techo, el trabajo, y hasta poner en riesgo su vida”, explica.

Su cuestionamiento se dirige a la contradicción de quienes condenan públicamente los derechos LGBTIQ+ mientras determinadas personas de su entorno pueden vivir con mayor protección gracias a su posición social. “Lo que me parece así hipócrita y denunciable y criticable es que se condene públicamente nuestra manera de amar, o nuestro derecho a formar familia”, sostiene.

Magdalena también cuestiona las contradicciones políticas dentro de la población LGBTIQ+, independientemente al estatus social en el que se encuentren. Considera que las afinidades ideológicas no deberían impedir una evaluación crítica de los gobiernos o actores políticos que vulneran derechos humanos. “Está faltando conciencia crítica, está faltando plantearnos nuestras necesidades de personas LGBT más allá de la ideología política”, señala. Su crítica incluye a personas que respaldan al gobierno nicaragüense pese a las denuncias de represión: “Tenemos personas LGBT de izquierda que siguen defendiendo a la dictadura, para mí es el mismo problema”.

Estas posiciones muestran que compartir una orientación sexual o identidad de género no implica compartir una visión política. Tampoco significa disponer de la misma independencia económica o de idénticas posibilidades para cuestionar públicamente a quienes ejercen poder.

En Nicaragua, las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo fueron despenalizadas en 2008. Ese cambio no significó el reconocimiento pleno de las parejas del mismo sexo ni la desaparición de los prejuicios y las vulneraciones de derechos documentadas por organizaciones especializadas.

Para Krassova, las desigualdades también alcanzan el acceso a información y referentes. Durante su infancia, recuerda, no encontraba palabras para comprender su identidad. “Yo me decía extraterrestre, porque yo no sabía nombrarme… Y a como te digo, al no poder nombrarte, no sabes quién eres” relata.

Su experiencia recuerda que la posibilidad de reconocerse también está relacionada con el acceso a conocimientos, redes de apoyo y espacios donde las identidades puedan expresarse sin miedo.

El clóset dorado, por tanto, no describe a todas las personas con recursos económicos ni supone que quienes los tienen estén libres de violencia. Tampoco convierte la privacidad en una falta moral. Señala una diferencia más profunda: mientras algunas personas pueden decidir cuánto mostrar de su vida sin poner en riesgo su estabilidad, otras deben calcular si expresar quiénes son les costará el trabajo, la vivienda o el respaldo familiar.

La libertad de vivir una orientación sexual o identidad de género no debería depender de un apellido reconocido, un título universitario o un salario que permita sobrevivir al rechazo. Sin embargo, los testimonios recogidos muestran cuánto pueden pesar esas condiciones en la vida cotidiana.

Zúniga, cuya situación económica ha cambiado desde que salió de Nicaragua a España, lo expresa sin establecer jerarquías entre quienes tienen más y quienes tienen menos: “Hoy tengo más oportunidades, pero no soy más valiosa que cuando estaba en Nicaragua y era pobre, porque mi dignidad siempre ha sido la misma”.

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