Crisis del Poder Judicial en Nicaragua:Poder Judicial en Nicaragua Corrupción y autoritario bajo el régimen de Daniel Ortega

El Poder Judicial en Nicaragua, ha caído en una profunda crisis institucional. La corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias han erosionado su independencia, consolidando el control autoritario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el desmantelamiento del Estado de Derecho. 

Corte Suprema de Justicia- NicaraguaEn una auténtica democracia, el Estado de Derecho garantiza la autonomía funcional de los diferentes poderes del Estado. Sin embargo , en Nicaragua , este ideal se ha deteriorado significativamente , especialmente en el sector judicial, Así lo confirma Informe “CORRUPCIÓN JUDICIAL EN NICARAGUA” del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Hagamos Democracia. 

A pesar de los avances legislativos y administrativos  en décadas pasadas, la corrupción y la injerencia del Ejecutivo han desvirtuado estos progresos, llevándolo a un estado de subordinación y parcialmente alarmante, dice el documento.

 El Poder Judicial había establecido marcos legales importantes como la Ley Número 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial” , la Ley N° 501 “ Ley de carrera Judicial y el Código de Ética del Poder Judicial.  Estas leyes estaban diseñadas para garantizar  la independencia y la integridad del sistema judicial. Sin embargo las “prácticas corruptas” y “creciente injerencia del Ejecutivo” han socavado estos fundamentos, expresa la organización.

Nicaragua entre los países más corruptos

 Desde 2021, la persecución estatal ha impactado a empresarios, inversionistas, organizaciones civiles y a la ciudadanía en general, reflejando una impunidad cada vez mayor.

Por su parte el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional de 2023 sitúa a Nicaragua entre los países más corruptos del mundo, siendo el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente. 

La regresión jurídica ha sido facilitada por varias reformas  constitucionales y legislativas , incluyendo la decisión de la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia  en 2009 que permitió la reelección de Ortega, y las reformas de 2014 que  consolidaron el Control  del Ejecutivo sobre el Poder Judicial.

Leyes mordaza han fortalecido la represión

Así mismo, las leyes aprobadas en 2020 y 2021, como la Ley de regulación de Agentes extranjeros , la Ley Esencial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, han servido para reprimir disidencias y fortalecer el poder del régimen Ortega- Murillo.

En 2023, las nuevas reformas como la Ley Especialque regula la pérdida de nacionalidad Nicaragüenses , han profundizado esta represión, permitiendo despojar de la nacionalidad a críticos del gobierno bajo acusación  de “ traición a la patria.” 

La situación actual del sistema judicial nicaragüenses es crítica refiere la investigación, argumentando  que  “ La Policía Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría Pública y el Poder Judicial se encuentran bajo una crisis institucional. 

La interferencia del Ejecutivo ha generado  una percepción de impunidad y falta de independencia judicial, dañando la imagen del país internacionalmente y consolidando un estado de represión y corrupción. 

Según el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en 2009, la corrupción en Nicaragua se origina desde el centro de las estructuras de poder , facilitada por un entorno socioeconómico que perpetúa el envilecimiento, una sociedad débil, extrema pobreza y un rezago educativo. La corrupción como lo revela el informe , funciona como un mecanismo de sucesión y consolidación de liderazgos dentro del Estado. 

Caso Byron jerez: ejemplo de cómo trabaja la corrupción en el Poder Judicial en Nicaragua

Durante la administración de Violeta Barrios  de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños y Daniel Ortega , el Poder Judicial de Nicaragua ha sido señalado como principal actor en la emisión de resoluciones sorprendentes a favor de personas vinculadas con actos delictivos.

Durante el mandato de Alemán, el fenómeno de “Estado de Botín” describe  un sistema en el cual el nombramiento de altos funcionarios se traducía en un apoderamiento económico del erario público. El caso de Byron Jerez es un claro ejemplo de estos excesos. 

La investigación mencionó el caso de Byron Jerez como unos de los emblemáticos casos de corrupción en Nicaragua.

Juzgados de Managua
Juzgados de Managua

Jerez, exfuncionario y aliado del expresidente Arnoldo Alemán, estuvo implicado en numerosos escándalos de corrupción, incluyendo el desfalco de fondos destinados a emergencias y fraudes de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel). 

A pesar de múltiples procesos judiciales tanto en Nicaragua como en Panamá y Estados Unidos, Byron Jerez nunca ha purgado condena alguna por  sus  delitos. En 2010 , la juez Irma Laguna emitió un sobreseimiento a su favor, en medio de rumores de soborno y manipulación judicial. Actualmente , Jerez continúa en la arena política como diputado por el PRE, aliado del Frente Sandinista , y ha recuperado muchos de los bienes  que le fueron incautados. Su caso ejemplifica la profunda impunidad que caracteriza al sistema judicial nicaragüense, menciona la investigación.

Nepotismo en el Poder Judicial

El nepotismo y el tráfico de influencias son dos caras de la misma moneda en el Poder Judicial de Nicaragua. “Desde la llegada de Ortega al poder , la selección de cargos públicos se ha basado en la lealtad al partido, con familiares y amigos de magistrados ocupando puestos claves.” añade “esto ha perpetuado un ciclo de corrupción y desconfianza pública, socavando la justicia y la integridad del sistema  judicial.”

El informe de Hagamos Democracia destaca cómo el poder Judicial ha perdido su autonomía e independencia, convirtiéndose en un instrumento del autoritarismo del régimen de Ortega Murillo.

El exfuncionario judicial Yader Morazan explicó que dentro del Poder Judicial se maneja la ida de “una gran familia”, con números parentesco en todos los puesto laborales, lo que facilita la concesión de plazas laborales por tráfico de influencias, sin necesidad de pasar por la Ley de carrera Judicial o Servicio Civil. 

El abogado sostiene que esto “ no solo ha violentado los derechos de los ciudadanos nicaragüenses para optar a cargos públicos a través de procesos meritocráticos, sino que también ha eliminado el funcionamiento efectivo de los servidores públicos.”

Alba Luz Ramos su familia dentro del Poder Judicial de Nicaragua

Alba Luz Ramos
Foto: Cortesía Alba Luz Ramos.

Un caso de referencia de nepotismo señalado en el informe es el de Alba Luz Ramos, quien en sus facultades como  Magistrada máxima jerarca del Órgano Judicial, colocó a familiares en distintos puestos, entre ellos:

Abelardo Antonio Alvir Ramos, Juez Séptimo del Distrito Penal de Audiencia de Managua; Adda Benicia Vanegas Ramos magistrada presidente de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua; Margarita Vanegas Arteaga ex Jueza de Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria de Rivas; Ángela Mercedes Ramos Rosales Jueza del Distrito Penal de Juicio de Diriamba; Néstor Castillo Vanegas magistrado de la Sala Civil I del Tribunal de Apelaciones de Managua; Carolina Vanegas Fajardo médico forense del Instituto de Medicina Legal.

Estos y otros familiares de Ramos fueron desaforados tras la “gran purga” ordenada recientemente por Rosario Murillo en el Poder Judicial en todos sus niveles.

La “gran purga” ha intensificado la vigilancia política en cada puesto, paralizando la gestión judicial y afectando negativamente a los usuarios del sistema .

En una eventual transición democrática, será crucial recuperar la institucionalidad e independencia del Poder Judicial para restaurar la confianza de la ciudadanía y avanzar en el desarrollo  del país.

La investigación concluye que la reforma de la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la implementación de procedimientos  disciplinarios serán esenciales para restablecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de justicia nicaragüenses. Aunque el tiempo necesario para  recuperar el prestigio judicial es incierto, los cambios profundos y sostenibles son fundamentales para lograr justicia, equidad y democracia en Nicaragua,  recalca. 

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