Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombrarán al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años, según una iniciativa de Ley propuesta por el Ejecutivo y divulgada este martes por la Asamblea Nacional (Parlamento).
La iniciativa de la Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, propuesta por Ortega y Murillo, que establece la figura de órgano judicial en vez de poder del Estado, y reduce el número de magistrados de 16 a 10, fue enviada a la Comisión de Justicia y será discutida en el pleno el jueves próximo, dijo el titular de Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.
Esa iniciativa, que deroga la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República, que está en manos de Ortega y Murillo, según el texto.
La propuesta de Ley establece que la Presidencia de la República nombrará al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que serán juramentados por la Asamblea Nacional.
La Presidencia de la República también nombrará al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
Además establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por diez magistrados o magistradas en equidad de género, sin cojueces, cuyo período es de seis años.
Actualmente la Corte Suprema cuenta con 10 de los 16 magistrados que la integran, es decir con seis vacantes, cuatro por dimisión y dos por fallecimientos.
Los magistrados judiciales serán electos por un período de seis años por la Asamblea Nacional, a partir de propuestas presentadas por la Presidencia de la República y/o por los diputados.
La iniciativa establece que los magistrados y jueces, en su actividad jurisdiccional, son independientes en todas sus actuaciones y solo deben obediencia a la Constitución Política de Nicaragua y la ley.
Iniciativa se adecua a reforma constitucional
Ese proyecto de ley tiene por objetivo adecuar la ley a los principios y disposiciones constitucionales, así como establecer la estructura, organización y funcionamiento del Sistema Judicial, según el Ejecutivo.
También disponer que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se dediquen exclusivamente a impartir justicia en Corte Plena y en sus Salas.
Además, determinar las funciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, el que está subordinado a la Presidencia de la República.
Asimismo, crea las Salas de Familia en la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Apelaciones.
Por otro lado, ordena que en los procesos penales pueda restringirse el acceso a los medios de comunicación y del público, a criterio de la autoridad judicial, sea de oficio o a petición de parte.
Esa iniciativa, según Ortega y Murillo, se adecua a la reforma parcial a la Constitución Política que entró en vigor el 19 de febrero pasado.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
