La opositora Concertación Democrática Nicaragüense repudió este viernes la decisión del Gobierno que presiden los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirar al país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
«Acnur ha prestado en la medida de sus posibilidades apoyo y acompañamiento a miles de nicaragüenses que han sido abandonados por el régimen en el extranjero y que no reciben protección consular, negándose a renovarles su pasaporte, incrementando las dificultades del exilio a que se han visto forzados», destacó ese movimiento opositor nicaragüense desde el exilio en un pronunciamiento.
Ese grupo, integrado por opositores desnacionalizados, entre otros, resaltó además que Acnur «se ha interesado por los miles de apátridas en que la dictadura ha convertido a sus ciudadanos como parte de su política de persecución contra los opositores».
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Observó que recientemente Acnur advirtió que ante la reducción de los fondos de la cooperación, que es clave para garantizar su funcionamiento y el de otras agencias, se vieron obligados a recortar el respaldo que brindan a migrantes nicaragüenses en Costa Rica en calidad de refugiados o solicitantes de asilo.
Según Acnur, más de 300.000 nicaragüenses han buscado refugio en Costa Rica durante los últimos siete años, desde que se incrementó la represión y persecución en contra de activistas, periodistas, religiosos, defensores de derechos humanos y ciudadanos que no apoyan al régimen sandinista.
«Algunos de los servicios que la agencia suspendió, debido a la falta de fondos, son el asesoramiento legal, los programas de medios de vida y el apoyo financiero», anotó la concertación.
Ese movimiento dijo, sin embargo, que «la dictadura nicaragüense acusa a Acnur de ‘manipular’ la información e ‘inmiscuirse’ en los asuntos internos de los Estados».
En víspera del Día Mundial de los Refugiados
Asimismo, indicó que la salida de Acnur de Nicaragua se anuncia a pocos días de celebrarse el Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora cada 20 de junio; y se suma a la salida de otras agencias de las Naciones Unidas, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En la víspera, el Gobierno de Nicaragua anunció su «decisión irrevocable» de retirarse de Acnur, a la que acusó de emitir publicaciones «sesgadas y parcializadas», y de «convertirse en un instrumento de manipulación, de doble rasero y de injerencia en los asuntos internos de los Estados».
En el último año, el Gobierno sandinista, en el poder desde 2007, también ha anunciado su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que pidió condicionar el acceso preferencial de Nicaragua al mercado de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) a parámetros de derechos humanos, e instó a demandar al país ante la Corte Internacional de Justicia por privar de la nacionalidad a al menos 452 nicaragüenses.
A esas agencias se le sumó en mayo pasado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a la que el Gobierno de Nicaragua le notificó sobre su retirada en protesta por la atribución al periódico nicaragüense La Prensa de su Premio Mundial a la Libertad de Prensa.
El país centroamericano atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años, fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
