Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Este martes, 07 de marzo de 2023, la Ministra de Gobernación de la República de Nicaragua María Amelia Coronel Kinloch bajo mandatos del Gobierno de Daniel Ortega, aprobó la cancelación de la personalidad Jurídica de dos universidades privadas supuestamente “ por incumplimiento de las leyes que las regulan”.
Las universidades víctimas de esta medida es la Asociación Universidad Juan Pablo II y sus sedes en Managua, Juigalpa Chontales, Matagalpa y Granada. Y La asociación Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua sus sedes están ubicadas en León, Chinandega, Estelí, Juigalpa Chontales, Masaya y Matagalpa. También fueron canceladas Caritas de Nicaragua, Caritas de Jinotega y la Organización Mariana de Lucha contra el Cáncer (FOMALCCAN).
Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, para reprimir y hacer este tipo de acciones contra asociaciones y universidades, empresas y medios de comunicación en Nicaragua son: La Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de lucro, Ley de Reforma y Adición a la Ley No 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y de Reforma a la Ley No. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física; Ley No 1132, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 909, Ley Creadora de la Cinemateca Nacional y Reforma a la Ley No 723, Ley de Cinematografía y de las Artes Visuales.
El MIGOB, refiere que dichas universidades están en incumplimiento de sus obligaciones ante la Ley con el CNU, CNEA y el MIGOB “por no estar acreditadas en los indicadores de calidad, no reportan sus estados financieros, y Juntas directivas no presentan aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, ejecución de fondos, aumentos y disminución en cuentas sin justificar.” Y añade que se les había dado prorroga desde el trece de enero del 2022, para que se pusieran la día , y que ambas universidades hicieron “caso omiso incumpliendo con sus obligaciones conforme las leyes.”
La Unidad Juvenil Estudiantil alertó sobre la cancelación de las universidades privadas UCAN y Universidad Juan Pablo II y otras ONG humanitarias, manifestando ¡Esto es una emergencia educativa! Debemos unirnos y exigir justicia para los estudiantes y comunidades afectadas.
Por su parte Enrique Martínez líder estudiantil y miembro de La Unidad Juvenil Estudiantil, denunció la cancelación de las universidades y sostuvo que “La educación no es un privilegio sino un derecho humano básico.” Alerto a “correr la voz” y levantarse contra esta injusticia.
Félix Maradiaga, académico y desterrado político, se pronunció sobre la cancelación de las universidades.
“Atentar contra la educación es atentar contra el futuro de nuestras juventudes. Condenamos esta arremetida contra las universidades que cierra la oportunidad a cientos de estudiantes que se preparan para salir adelante y que, hoy, son víctimas nuevamente de las retaliaciones políticas de un régimen que cercena los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense.”
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Maradiaga exhortó a la comunidad internacional, a los mandatarios de la región, amigos y aliados a demandar al dictador Daniel Ortega para que cese el autoritarismo y la opresión contra todo un
El informe “La Brutal demolición de la Libertad de Asociación de Nicaragua: Violaciones del derecho de Asociación bajo el Régimen Ortega- Murillo, tenía registrado hasta el año 2022, 8 universidades privadas nicaragüenses de las que a 7 les quitaron su personería jurídica en el 2022, por la Asamblea Nacional en complicidad con el MIGOB, y sus bienes e instalaciones confiscados de facto por el Estado al ser trasladadas a nuevas universidades públicas creadas a posteriori para finiquitar la confiscación. Y 7 universidades internacionales a las que, en el 2022, el MIGOB les retiró su registro legal.
Con estas dos últimas, se suman a la fecha 17 Universidades canceladas en Nicaragua, dejando en incertidumbre a muchos estudiantes en las zonas donde quedaban sus sedes.
Según Amaru Ruiz, director de Fundación del Río una organización ambiental de las primeras perjudicadas en el país, asegura que a la fecha son más de 3300 organizadores cancelada y además 317 personas a las que el gobierno Ortega- Murillo les ha quitado la ciudadanía nicaragüenses, como un acto arbitrario por la disidencia contra su gobierno.
