El Gobierno de Nicaragua convocó este martes a una caminata para el próximo 1 de abril, en el marco del séptimo aniversario de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en 2018 y que el Ejecutivo que preside Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, neutralizó a la fuerza.
«Nos estamos acercando ya al primero de abril y vamos a caminar en todo el país, a caminar dándole gracias a Dios por la fortaleza, por la fuerza de espíritu, de carácter, de nicaragüanidad, de amor a Nicaragua que nos da, que nos ha permitido enfrentar todas las circunstancias», dijo Murillo -designada copresidenta del país por medio de una reforma a la Constitución Política- a través de medios oficiales en Managua.
La caminata será para «espantar la perversión, la maldad y avanzar en amor a la patria bendita y en amor entre nosotros como pueblo suyo, pueblo de Dios», agregó Murillo, esposa del copresidente Ortega.
La dignataria dijo que abril es sagrado en su país y que ese mes «nunca volverá a ser profanado por los maleantes que asaltaron nuestra Nicaragua bendita», a quienes tildó de miserables del alma, corazón y espíritu, almas «tembeleques, chereques, chingastes».
«Primero de abril para caminar en toda Nicaragua celebrando la paz, agradeciendo a Dios por la fuerza del amor que llena a la mayoría de las y los nicaragüenses, porque es con amor que somos potentes y es con amor que logramos vencer todas las miserias, las miserias espirituales, las miserias que nos han pretendido imponer para doblegarnos», añadió la primera dama de Nicaragua.
Murillo observó que abril, en pleno verano, es «el mes más crudo de la siembra» y que «en el fragor del combate, vencimos y seguimos venciendo».
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza, se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega.
Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde el mes en mención, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y de «traidores a la patria».
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Ejecutivo sandinista de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas y expulsados a obispos y sacerdotes.
