A esta hora hace unos cinco años, mujeres de distintos territorios de Nicaragua se citaban para encontrarse en el centro de Managua, con música, poesía, pancartas y mantas, demandaban justicia y la reivindicación de sus derechos. Cada colectivo hacía sus demandas de manera organizada en las gigantescas marchas en la capital Managua.
En este 2022, y desde el 2018 la efeméride ha retomado otro tipo de denuncian. Hoy no se marcha públicamente, porque el gobierno de Daniel Ortega no permite movilizaciones y las criminaliza. En esta fecha las mujeres a través de plataformas digitales alzan la voz por la reivindicación de sus derechos y por la libertad de 14 mujeres presas políticas.
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Ha quedado claro, que esta fecha no es para celebrar, es para conmemorar sucesos que derivaron esta efeméride y fue establecida a nivel internacional. Uno de ellos, quizá el más simbólico, pero no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría mujeres murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. El suceso reveló las condiciones en las que trabajaban las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy pobres.
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Hubo otro incendio en circunstancias similares tres años antes que provocó grandes movilizaciones y marcó en el calendario un día que ya se había empezado a conmemorar dos años antes, también en la ciudad de Nueva York, donde Mujeres Socialistas, tras una declaración del partido en el gobierno de Estados Unidos– conmemoraron por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Era el 28 de febrero de 1909 y más de 15000 mujeres salieron a la calle para reivindicar mejores salarios, reducción de la jornada laboral y el derecho al voto.
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En Nicaragua, esta efeméride con tantas fracturas sociales y políticas involuciona; “No hay nada que celebrar” dicen algunas publicaciones en redes sociales, pero “hay mucho que reclamar y exigir, derechos y libertades”.
La crisis sociopolítica ha desatado, distintas fases de violación a los derechos humanos de las personas en Nicaragua, especialmente a las personas identificadas como opositoras al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el contexto actual ha sido denunciado a nivel internacional. En total son más de 170 presos y presas políticas, de los cuales 14 son mujeres, estas son:
Julia Christina Hernández de 33 años, activista, originaria de Masaya, fue apresada el 07 de enero de 2021. Fue sentenciada a 18 años de prisión; Karla Vanessa Escobar de 38 años es activista, originaria de Masaya fue apresada el 30 de abril de 2020; Nidia Lorena Barbosa de 66 años es abogada, miembro de la Alianza Cívica fue apresada el 06 de noviembre de 2021 y sentenciada a 11 años de prisión; Evelyn Pinto de 63 años, es defensora de los derechos humanos, miembro de la Fundación Fe y Alegría, y miembro del Partido político UNAMOS, fue apresada el 6 de noviembre de 2021.
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Cristiana Chamorro de 68 años era precandidata a la presidencia en las elecciones de 2021, fundadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Libertad de Expresión, está bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio de 2021; Tamara Dávila de 41 años, es psicóloga con maestría de derechos de la niñez y de las mujeres, también es miembro del Consejo Político de la UNAB y representante en la Coalición Nacional, fue apresada el 12 de junio de 2021; Dora María Téllez con 66 años de edad, historiadora y miembro de Partidos UNAMOS, es miembro de la UNAB y fue apresada el 13 de junio de 2021 y sentenciada a 8 años de prisión.
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Suyen Barahona 44 años, Politóloga, con maestría en relaciones Internacionales, miembro de la UNAB presidenta de UNAMOS fue apresada el 13 de junio de 2021; Ana Margarita Vijil de 41 años Abogada y politóloga nicaragüenses, expresidente de partido UNAMOS, miembro de la UNAB también fue apresada el 13 de junio de 2021 en su casa, María Oviedo de 38 años, abogada y defensora de derechos humanos la apresaron el 29 de julio de 2021.
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María Esperanza Sánchez de 53 años, activista originaria de Masaya apresada el 26 de enero de 2020 y sentenciada a 10 años de prisión; Fernanda Flores de 53 años, exdiputada de Nicaragua y exdirectiva del partido PLC, fue puesta bajo arresto domiciliario el 21 de junio de 2021; Samantha Jirón de 22 años, joven activista, el 09 de noviembre de 2021 fue secuestrada por civiles y llevada a la cárcel esta joven es estudiante de periodismo, la fiscalía pide como sentencia 8 años de prisión para ella; Violeta Granera , tiene 70 años, es socióloga de profesión, miembro de Frente Amplio por la Democracia y del Consejo Político de la UNAB. Fue apresada el 8 de junio por la noche y sentenciada a 8 años de prisión.
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Estas 14 mujeres, según sus familiares en conferencias de prensa “hoy sufren bajo terribles condiciones de tortura en las cárceles de Nicaragua, lo que constituye un peligro inminente para sus vidas.” Se les ha violentados todos sus derechos, sufren tortura donde las tienen detenidas. Sufren hambre, frio, interrogatorios constantes, no les han permitido ver a sus hijas e hijos, unas están con luz permanentes y otras están en total oscuridad, solo reciben 10 minutos de luz solar a la semana, no han tenido derecho a la defensa, sus juicios se realizan a puerta cerrada, sus vida están en riesgo porque , están desarrollando enfermedades por falta de atención médica y otras ya eran enfermas crónicas que necesitan medicamentos y atención digna de salud, son las denuncias de las familias.
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A ellas se les acusa de ser autoras del supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de la República de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” y de socavar la libertad de expresión, organización y movilización. Para apresarlas y sentenciarlas el gobierno de Ortega Murillo junto con los diputados sandinistas dieron la aprobación en Nicaragua de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1,055, esta última es la que está siendo utilizada para apresar a líderes, activistas, abogados, opositores y periodistas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, este 07 de marzo 49a sesión del Consejo de Derechos Humanos, exhortó a la liberación de todas las personas presas políticas y enfatizó el caso de las mujeres recluidas por razones políticas en las cárceles de Nicaragua, manifestando “deben tomar medidas urgentes para asegurar su pronta liberación y garantizar la integridad física y psíquica de las personas detenidas arbitrariamente, incluido otorgar acceso a mi Oficina para visitarlos. Las autoridades deben cesar, condenar públicamente y sancionar cualquier ataque o acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”.
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En concordancia a la efeméride y las demandas que han venido haciendo organizaciones feministas en Nicaragua, también puntualizó la Alta Comisionada. “Son necesarios mayores esfuerzos para respetar los derechos de las mujeres nicaragüenses, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Fuentes de la sociedad civil reportaron 38 feminicidios en la primera mitad de 2021, un aumento del 81 por ciento con respecto al mismo período en 2020”.
Articulaciones Feministas en un comunicado, señalan que históricamente han luchado contra dictaduras y por eso el gobierno de Ortega arremete contra ellas “Hemos sido unos de los blancos principales de ataques por parte del régimen, quien no solo mantiene una campaña permanente de descalificación, sino que ha clausurado organizaciones que realizan una valiosa labor en defensa de los derechos de las mujeres”. Las feministas denunciaron el encarcelamiento de las más de 170 personas presas políticas entre ellas 14 mujeres, “acusadas de delitos falsos,” y exigieron su libertad inmediata.
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Aseguraron que, aunque no pueden manifestarse en ningún acto público en conmemoración a la fecha como lo hacen en otros países. “Volverán a gritar! ¡No a la guerra, No a las dictaduras y No al machismo!”.
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Por su parte La Alianza Cívica por la Justicia y La Democracia, manifiesta “son 14 mujeres luchadoras, valientes y consecuentes. Son madres, esposas, hermanas, hijas, nietas que están detenidas ilegal y arbitrariamente en las cárceles del régimen.” Esta organización opositora exige su libertad porque “son inocentes”, declaran.
