Este miércoles 23 de febrero, la Unión Europea, UE, informó que 10 países más, respaldaron las sanciones impuestas a funcionarios al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reelectos el 07 de noviembre de 2021. Las sanciones que indica el comunicado son las aplicadas por la Unión Europea, el mismo día de la toma posesión de la pareja que lidera el partido Frente Sandinista.
El Alto Representante del Consejo de la Unión Europea, UE, Josep Borrell, informó “Se suman a esta Decisión del Consejo Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Albania, países candidatos; Islandia, Liechtenstein y Noruega, países de la AELC miembros del Espacio Económico Europeo; así como Ucrania, la República de Moldavia y Georgia”, se lee en el comunicado.
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Sanciones por la UE
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Las sanciones fueron dirigidas a dos hijos de la pareja presidencial, Camila Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión de Economía Creativa, directora de la cadena de televisión Canal 13; Laureano Ortega Murillo, asesor de la presidencia; La magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, los magistrados Lumberto Campbell y Cairo Amador, la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Janet Díaz Flores, el superintendente de Bancos de Nicaragua, Luis Ángel Montenegro y la Policía, el Consejo Supremo Electoral y Telcor.
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En la nota de prensa la Unión Europea, manifestó que el 10 de enero de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/241, de “incluir a siete personas y tres entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2019/1720”.
Borrell manifiesta que, a la decisión se suman los diez países, quienes “velarán por que sus políticas nacionales se ajusten a la citada Decisión del Consejo”.
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El 10 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unión Europea sincronizaron sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega, a solo momentos que iniciara el acto de investidura de la banda presidencial de Ortega, tras unas elecciones en Nicaragua, calificadas como una “farsa” por muchos países democráticos.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, designó a seis funcionarios de Nicaragua bajo la orden ejecutiva 13851, sancionando a jefes del ejército, al Ministro de la Defensa, del Instituto de Telecomunicaciones (TELCOR) y la compañía estatal minera ENIMINAS.
Lea el comunicado de la UE entrando AQUI
Las sanciones por Estados Unidos fueron impuestas a:
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Bayardo De Jesús Pulido Ortiz, general del departamento de cuadros del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM); Bayardo Ramon Rodríguez Ruiz, general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM; Rosa Adelina Barahona De Rivas, ministra de Defensa de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM; Celina Delgado Castellón, directora general adjunta de Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y miembro de la junta directiva de EATREL; Nahima Janett Diaz Flores, directora general de Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor); Ramon Humberto Calderon Vindell, general retirado, expresidente de la junta de directores de Petroleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de ENIMINAS.
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El 8 de noviembre de 2021, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, emitió una declaración en nombre de la Unión en la que catalogaba las elecciones ilegítimas. “Las elecciones que tuvieron lugar en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 se habían celebrado sin garantías democráticas y sus resultados carecen de legitimidad”.
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El alto representante, advirtió que los nicaragüenses habían sido privados de sus derechos para escoger a sus representantes “el gobierno de Nicaragua había privado al pueblo nicaragüense del derecho civil y político de voto en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, así como de su libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.
Dicha situación aceleró la inclusión de estas siete personas sancionadas a la lista de personas con medidas restrictivas que se amplía de la Unión Europea.
