CUDJ, demandan, “el reintegro a aquellos estudiantes que hayan tenido una participación directa en los hechos acontecidos en abril de 2018, y que, por ejercer el derecho a la movilización social, consignado en la constitución política de Nicaragua, hayan sido expulsados y expulsadas de sus recintos universitarios”. https://video.wixstatic.com/video/c2bf80_a9a6f8dbcd3a40d8b8ab609e3275e3c9/360p/mp4/file.mp4
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La autonomía universitaria está enmarcada en un proceso de larga duración. Desde sus orígenes, hasta la actualidad, las universidades reivindican autonomía y libertad frente a los poderes económicos, políticos o eclesiásticos. En la actualidad, la realidad de la educación superior en Nicaragua no dista mucho del contexto histórico, puesto que, “existe un evidente control de la universidad por razones políticas; en donde la participación ciudadana de las y los estudiantes universitarios está limitada a estructuras partidarias que el partido de gobierno “Frente Sandinista de Liberación Nacional”, en adelante FSLN, ha implementado por ley en las universidades públicas”, asegura la Coordinadora Universitaria.
La actual Ley de Autonomía, Ley 89, es un instrumento legal que no brinda a las y los estudiantes universitarios las garantías necesarias para que los principios fundamentales de autonomía universitaria, libertad de catedra, pensamiento crítico, educación e investigación de calidad y libertad de asociación estudiantil se cumplan a cabalidad.
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Según los Universitarios, desde su aprobación en 1990 fue utilizada a conveniencia, bajo intereses personales y políticos partidarios para refugiarse en las universidades públicas bajo el escudo de la autonomía universitaria, puesto que, en ese año el FSLN perdió las elecciones presidenciales y legislativas.
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Durante más de una década, el sistema de la educación superior ha sufrido un detrimento importante en el tema de autonomía, en donde se ha evidenciado un fuerte control oficialista que menoscaba la participación activa de la comunidad universitaria.
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En meses anteriores, Ariel Sotelo, miembro de la CUDJ, explicó que, con esta reforma, los estudiantes buscan que las universidades públicas no sean controladas por la Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN) y el Concejo Universitario (CUUN), que opera en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). A lo que añadió “Planteamos que se recupere inmediatamente la autonomía Universitaria, que se realicen auditorías, que dejen al descubierto los actos de corrupción perpetrados por las autoridades académicas, docentes, UNEN y otras autoridades que han despilfarrado el 6% constitucional en este país”, afirmó Sotelo.
La ley, se ha visto sometida a la injerencia política partidaria a través de organizaciones oficiales dentro de las universidades, puesto que las organizaciones de la materia – Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) – se han caracterizado por responder a intereses del partido de gobierno FSLN, a cambio de permanecer durante largos períodos en cargos de representación estudiantil en los que reciben prebendas y personales, haciendo incluso, un mal uso de los fondos destinados a becas para estudiantes de escasos recursos, es el mayor de los ejemplos de control político que señalan la Coordinadora Universitaria.
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Lo que exponen los universitarios deja en evidencia “la ausencia de un movimiento estudiantil con legitimidad y diverso que enarbole las verdaderas demandas de las y los estudiantes universitarios en temas de autonomía universitaria, educación de calidad, libertad de cátedra e investigación científica, entre otros” dice el documento presentado.
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A partir de la insurrección de abril de 2018 hay estudiantes expulsados, en desplazamiento forzado (dentro y fuera del país), con registros académicos eliminados, entre otras represalias por disidencia política. Asimismo, hay documentación de estudiantes asesinados, presos y presas políticas, todo por defender la autonomía universitaria, demandar justicia y democracia. Pese a ello estudiantes siguen en resistencia promoviendo esfuerzos de un cambio en las universidades, donde se respeten sus derechos.
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Este día universitario presentaron la iniciativa de reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en aras de establecer las garantías legales para que el movimiento estudiantil pueda incidir con beligerancia en el cumplimiento, respeto y la defensa de los principios de Autonomía Universitaria, libertad de cátedra, investigación y educación de calidad y libertad de asociación estudiantil.
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Entre los cambios fundamentales que proponen estos jóvenes opositores están:
· Incluir a todas las universidades dentro del espectro reconocido por la Ley de Autonomía, aún cuando estas no reciban presupuesto estatal.
· Crear mayor pluralidad en el gobierno universitario, participación estudiantil y contraloría universitaria.
· Ampliar los derechos estudiantiles y los liderazgos responsables.
· Erradicar la política partidaria dentro de la universidad de manera explícita.
Otra de las propuestas de los jóvenes de la CUJD está la No repetición; al mismo tiempo piden el reintegro de los universitarios expulsados de las universidades públicas, a raíz de las protestas del 2018.
Se adiciona un nuevo artículo regulando lo siguiente:
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Reintegro estudiantil
El reintegro estudiantil atiende a casos especiales de aquellos estudiantes que hayan tenido una participación directa en los hechos acontecidos en abril de 2018, y que, por ejercer el derecho a la movilización social, consignado en la constitución política de Nicaragua, hayan sido expulsados y expulsadas de sus recintos universitarios. La solicitud de reintegro no limita o excluye a los estudiantes de ingresar a los Programas de Reparaciones que el Estado de Nicaragua cree en beneficio de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de la insurrección de abril de 2018.
También se incorporan nuevos artículos regulando lo siguiente:
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a) Las y los estudiantes universitarias tienen derecho a:
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1. Participar en el gobierno de la Universidad, en la forma prescrita por esta Ley.
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2. Disfrutar del Servicio de Bienestar Estudiantil
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3. Constituir los organismos estudiantiles indispensables para el ejercicio de sus.
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4. Participar con voz y voto en la creación y desarrollo de la política educativa, en la producción de la investigación científica y en la proyección de las artes y la cultura en la universidad, desde los organismos estudiantiles creados para tal fin.
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5. Dictar reglamentos, políticas y demás normativas que regulen la organización, funcionamiento y representación del movimiento estudiantil.
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Otro artículo que agrega esta reforma es la siguiente: Ninguna Universidad regulada por esta ley u otra ley complementaria sobre la materia, podrá implementar, imponer o promover ideología política partidista, ni imponer ideología religiosa, aquellas universidades con naturaleza o perfil religioso no pueden exigir la sumisión de los y las estudiantes a una determinada fe. Estas prohibiciones no impiden la discusión académica de esta clase de asuntos como parte del desarrollo del libre pensamiento.
“Si bien no podremos presentar esta reforma ante la Asamblea Nacional, a cómo aspiramos durante su construcción, si invitamos a universidades, docentes y estudiantes a analizarla, debatirla y retroalimentarla, ya que es una Ley de y para la comunidad universitaria”, agregaron.
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La coordinadora Universitaria converge en la demanda de Autonomía mandado un mensaje a los estudiantes “La lucha por la educación es una causa que trasciende de generación en generación y, por ello, instamos a nuevos y nuevas estudiantes y la comunidad universitaria en general a unirse a este clamor para defender sus derechos porque la calidad educativa, la autonomía universitaria y la libertad académica les pertenece”.
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