Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.co,m
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Este 04 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos días de las elecciones municipales en Nicaragua, emitió un comunicado para expresar preocupación “por la ausencia de condiciones para la realización de elecciones municipales libres, justas y competitivas” en este país Centroamericano.
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La organización internacional, advirtió al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo que urge “restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes y el cese de la represión.”
Con estas elecciones del 06 de noviembre donde se elegirán y reeligieran funcionarios de gobiernos en los 153 municipios de Nicaragua. La CIDH apunta que esta jornada electoral se desarrolla “en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales.”
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Señala se constató en las últimas semanas “recrudecimiento de la represión y persecución contra opositoras políticas.” Entre las denuncias reportan privación de libertad por razones políticas de líderes de UNAMOS y sus familiares.
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“Se recibió información sobre la detención arbitraria, de Raúl Oporta, líder de UNAMOS en Nueva Guinea; así como de Jeannine Horvilleur y Ana Carolina Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y familiares de Javier Álvarez Zamora, integrante de UNAMOS y exiliado,” apunta al CIDH.
La organización registró 10 detenciones de integrantes de UNAMOS y sus familiares también en Managua, Bluefields, Matagalpa y otros departamentos.
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Un hallazgo preocupante que se menciona en el informe para estas elecciones es que La Policía Nacional y operadores políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sustituyeron de facto a las autoridades de cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad. Es decir que, desde el año 2018 “el FSLN habría tomado el control de facto de 7 alcaldías, de un total de 18 que no eran gobernadas por el partido oficialista,” asevera el comunicado.
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La Comisión mencionó la dinámica que ha ejercito el gobierno Orteguista para el cierre de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua. En particular, por las restricciones arbitrarias contra la libertad de expresión y de asociación, tales como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro de la República de Nicaragua y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 2 mil organizaciones de la sociedad civil. La persecución, hostigamiento, asedio policial en contra de trabajadores de la prensa, así como el cierre de al menos 54 medios de comunicación nacionales y la creación de un cerco de censura que dificulta y evita que circule información relevante sobre lo que sucede en el país.
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Además de la prolongada detención arbitraria de más de 200 personas, entre ellas, opositoras políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como las graves condiciones en las que permanecen privadas de libertad y las condenas desproporcionadas en su contra.
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Este tipo de arbitrariedades denunciadas por la CIDH, “tiene un efecto amedrentador en la población de cara a las elecciones locales, el cual resulta propicio para la perpetuación del poder y la cooptación de los últimos espacios disponibles para la participación política,” advierte.
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Previo a las elecciones municipales la Comisión recuerda que “el ejercicio de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos.”
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Recomienda al Estado a garantizar la separación e independencia de los poderes públicos y restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho; así como, liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente desde el inicio de la crisis de derechos humanos y poner fin a todo ataque en contra de personas opositoras.
