Estado de Nicaragua ausente ante demanda de pueblos indígenas y afros ante la Corte Interamericana

Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com

Este jueves 02 de febrero de 2023, se efectuó la audiencia pública: caso de Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole indígena de Bluefields y sus miembros contra el Estado de Nicaragua, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El Estado de Nicaragua, fue el único ausente en la Corte, pero si estaba la silla vacía como evidencia de su desinterés por responder a las demandas.

“El Estado de Nicaragua,no acredito a ningún representante en la audiencia, pese a ver sido debidamente notificado” dijo el Juez Ricardo C. Pérez Manríquez, presidente de la Corte IDH.

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El secretario de la Corte-IDH Pablo Saavedra Alessandri explico el proceso de la sesión, donde se escucharían las declaraciones de tres presuntas víctimas propuestas por los representantes, un perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y un perito puesto por los representantes.

La Corte IDH por su parte, lamentó la falta de participación del Estado Nicaragüenses durante todo el tramite del Caso ante el Tribunal.

Erick Acuña uno de los tres abogados de la Comisión, describió un poco a las comunidades en litigio contra el Estado de Nicaragua y sostuvo que en el año 2013 se inició contra estas comunidades violaciones a sus derechos como indígenas.

“En el año 2013 el Estado Nicaragüenses a través del Consejo Regional Autónomo de la Región Autónoma Caribe Sur conocida como CRACCS se negó a reconocer la elección de las autoridades de los pueblos y las comunidades(…) Promovió gobiernos paralelos al incentivar y reconocer a otras personas que no fueron elegidas de forma tradicional, dicha situación genero un grave impacto sobre la situación politica y social. A la fecha los pueblos y la comunidad sigue reivindicando el reconocimiento de sus legítimas autoridades y la protección de sus territorios ancestrales,” argumento el abogado.

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El abogado añadió que la Comisión considera que las acciones del Estado constituyen una violación a sus derechos de autonomía de autogobierno y adicionalmente en relación con los pueblos Rama y Creole, la Comisión identificó que el Estado incumplió su deber de saneamiento, ya que a la fecha existen grupos de Colonos dentro de sus territorios ya titulados.

Así mismo, la Comisión señala que el Estado “ no consideró la consulta previa libre e informada frente a la planeación del proyecto del Gran Canal Interoceánico ”adoptando la Ley 840 que autorizo el proyecto. Acuña refiere que este proceso surge ante la negativa del Estados de dar respuesta a las recomendaciones de la Comisión.

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Tras la notificación del informe de admisibilidad y fondos se tomo un plazo de dos meses para informar sobre el incumplimiento y las recomendaciones, en respuesta el Estado Nicaragüense se opuso a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión y no solito una prórroga. En virtud de lo anterior y ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas La Comisión decidió enviar el caso a la Corte.

Dolene Patricia Miller nicaragüenses y afrodescendientes de Bluefields, fue una de las testigos invitada ante La Corte IDH, ella declaró sobre el proceso de titulación del territorio de su comunidad y la forma en que habría sido privada de ejercer el cargo de representante étnica del pueblo Creole.

Detallo que en el 2013, se les extendió una invitación de parte del secretario político del gobierno Nacional en la Región Autónoma Caribe Sur, supuestamente para abordar el tema de la demarcación de Bluefields en la reunión estaban presente la alcaldesa de Bluefields, miembros de la junta directiva del Consejo Regional Autónomo Caribe Sur y el gobernador de la Costa Caribe Sur.

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En esa reunión se habló sobre otro asunto y no lo que estaba programado y surgió preocupación de la Comunidad Negra Creole Indígena, refiere la denunciante.

“El mensaje del secretario político era para que la comunidad se desestimara de su demarcación territorial.”

En 2013 se aprueba la Ley del Gran Canal Interoceánico, ley que no fue consultada a los pueblos indígenas y afrodescendientes y de Nicaragua en General. Daniel Ortega emitió una carta al Consejo regional para que aprobara un AVAL para ser presentada la iniciativa del Ley en la Asamblea Nacional.

“ Al escuchar sobre esta situación nos abocamos directamente con las autoridades del Consejo Regional, les solicitamos que por favor pensara que ese AVAL pusiera dar pie a la violación a los derechos de nuestros pueblos porque estábamos en medio de un proceso de demarcación territorial y también era violatoria a la ley de autonomía que nos cobija,” recordó Miller.

Al año siguiente en el 2014, hay otra irregularidad relata la indígena afrodescendiente; personeros del mismo Consejo Regional de la alcaldía de Bluefields, funcionarios del gobierno regional inclusive funcionarios de Instituciones del Estado de Nicaragua en la región Autónoma caribe Sur convocaron a una Asamblea comunal para elegir un “gobierno paralelo.”

Dolene Miller fungía para representar como afrodescendiente Creole ante La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI), en el años 2014 recibió una carta de despido. Por lo que pide ante la Corte derecho de reparación a la representación ante la CONADETI y ser reinstalada en su cargo.

Al ser expulsada de CODEDETI asevera que las afectaciones son enormes tanto a su personal y a la comunidad “no he tenido la oportunidad de acompañar su proceso de demarcación territorial e inclusive ver cercenada de manera total del 93% de su territorio ancestral.”

Rupert Allen Clair Duncan, quien se presentó como vocal del gobierno Comunal de Monkey Point y tesorero del gobierno territorial Rama Kriol sostuvo que al inicio de la convocatoria del proceso del Gran Canal participó en las primeras asambleas cuando se dijo seria consultado con las comunidades, pero luego fue excluido de las asambleas por ser crítico del proyecto.

“El convenio del Gran Canal no tiene valides, porque primero tiene que tener la firma de todos los asambleístas de las nueves comunidades y si no lo tiene no tiene valides” por más que lo haya firmado el mismo presidente de la República, asevera.

Clair Duncan fue amenazado para que desistiera de estar alegando contra el Proyecto del Gran Canal asegurando que “cualquier cosa le podría pasar.”

El comunitario indígena dio a conocer que en Monkey Point desde que comenzaron con la lucha fuerte en contra del Canal Interoceánico y el canal Seco, no se les ha permitido desarrollar como comunidad. “No nos han dado nada , no nos han dejado desarrollarnos (…) La comunidad Monkey Point y otros territorios casi ninguno tiene centro de salud, ni escuelas ni desarrollo humanos solo contamos con tres comunidades de las nueve que tienen una escuela y un centro de salud.

Por lo tanto, pidió a la Corte exija al gobierno de Nicaragua “ayude a las comunidades al desarrollo humano con escuelas y centro de salud. Y que se derogue la Ley 800 y ley 840 y el convenio que se hizo de los 273 kilómetros cuadrados.”

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Por su parte Becky McCray Urbina, demando la inseguridad que viven los comunitarios, la invasión masiva y violencia que viven las comunidades indígenas de parte de invasores o Colonos.

Antes estas problemáticas pidió a la Corte que exija al Estado “la ejecución inmediata del proceso de saneamiento”, a su vez que derogue todas las leyes y acuerdos del Gran Canal , que desde el 2013 ha afectado estos territorios indígenas.

El secretario de la Corte manifestó que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte IDH “Los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas , testigos y peritos , representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causas de sus declaraciones, dictamen rendidos o defensa legal ante la Corte.”

Esta es la primera audiencia, está previsto que para el 03 de marzo de 2023, la representación de las presuntas víctimas y la CIDH presentaran sus alegatos y observaciones finales.