Por: Redacción Intertextual/ ,contacto@intertextualcr.com
Este miércoles 29 de junio, El ,Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio en Costa Rica, presentó el Informe, Nicaragua: Entre Represión y Resistencia Ciudadana, que refleja el incremento en la represión estatal en Nicaragua.
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Este registra las violaciones a los derechos humanos que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha implantado en Nicaragua “mediante el poder de las armas y un estado de terror que, con todo, no logra quebrar la voluntad de todo un pueblo en su decisión de vivir en libertad y ejercer todos sus derechos humanos sin miedo y con justicia,” apunta el Colectivo.
El informe está distribuido en ocho capítulos que comprende el período 2021- a mayo 2022.
“El informe resume las violaciones al derecho de asociación y el cierre del espacio Cívico; la Implantación de Estado de terror, con la configuración de un régimen totalitario que criminaliza el ejercicio de ciudadanía, organizado para la represión,” menciona el Colectivo.
El abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Gonzalo Carrión recalca “En Nicaragua sigue la represión y Estado de terror por que sigue la resistencia.”
Por su parte el abogado Juan Carlos Arce se cuestionó que un contexto tan difícil que se ha vivido en los últimos 40 años ¿de dónde uno saca fuerzas para seguir?, para no guardar silencio. Añade que, en medio de esta represión imparable y desmedida hay espacios y grupos donde uno saca fuerzas para seguir y de alguna manera se contagia esa fuerza.
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Los primeros capítulos del informe obedecen a visibilizar “el cierre de salida electoral con la imposición de un proceso sin garantías. La existencia de un Poder Judicial a la medida del régimen. Un Poder Legislativo que fabrica de leyes para para la represión. La Criminalización y judicialización selectiva. Graves violaciones a las garantías judiciales en perjuicio de voces disidentes. La implementación de un sistema basado en la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, se exponen los nuevos patrones de torturas”.
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El tema de la impunidad como política de Estado, lo aborda el Colectivo asegurando que en Nicaragua existe “un Estado que promueve y premia la impunidad y trabaja para imponer su “borrón y cuenta nueva”. Así como “la Criminalización a quienes demandan justicia”.
Descargue el informe aquí
Arce destaca que de ninguna manera “se debe normalizarse la violencia de Estado” que ocurre en Nicaragua con un Estado terrorista que utiliza practicas promoviendo “la impunidad.”
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Añade en Nicaragua “no existe el estado de Derecho.” Así mismo hizo referencia que la Asamblea Nacional es una fábrica de leyes represivas sometida completamente al ejecutivo “La Asamblea Nacional y el Poder Judicial son actores fundamentales para el engranaje represivo y la implementación de la política represiva del Gobierno” por tanto tiene una participación protagónica.
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El cuarto capitulo hace hincapié en los ataques a distintos blancos de la represión como: Defensoras, mujeres, periodistas, artistas líderes religiosos, campesinos/as, indígenas y afrodescendientes.
Wendy Quintero periodista y miembro del ,Colectivo de DDHH, señalo que, el régimen de Ortega ha invertido recursos económicos para el fortalecimiento de la policía principal órgano de la represión y persecución de las voces disidentes.
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El siguiente capitulo demuestra la forma en la que actuó el gobierno en tiempos de la pandemia Covid-19 ante la falta de medidas preventivas lo cual dejó “resultados trágicos en la población nicaragüense víctimas de la represión y de la ausencia total de protección por parte del Estado frente a una pandemia mortal.”
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La organización defensora de derechos humanos aborda el “desplazamiento forzado” un episodio terrible en la historia de Nicaragua, el enfoque es conocer las condiciones de estas personas y el acceso a derechos en el país que decidieron exiliarse.
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El informe detalla que de las “más de 180 mil personas nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica, solamente 60 mil (aproximadamente) tienen acceso a seguridad social y por ende a salud, en tal sentido más de 120 mil nicaragüenses se encuentran en la desprotección debido a la falta de políticas públicas que resguarden los derechos humanos de esta población vulnerabilizada no solo por la falta de acceso a derechos sino por las expresiones de xenofobia y discriminación en contra de nicaragüenses que se encuentran habitando en Costa Rica.”
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El séptimo capitulo se expone cómo ha sido la presión ejercida al gobierno orteguista por organizaciones internacionales y la negativa de implementar las recomendaciones por parte Estado de Nicaragua.
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El Colectivo confía que las presiones a nivel internacional podrían incidir en la búsqueda de justicia “la posición de la comunidad internacional frente al proceso de votaciones y el surgimiento de un mecanismo de rendición de cuentas para Nicaragua abre la posibilidad de una nueva hoja de ruta en la búsqueda de la anhelada justicia demanda por las víctimas.”
El Colectivo de Derechos Humanos expresa que, a pesar del dolor como resultado de un régimen cruel y violador de derechos humanos, y la impunidad que impera en Nicaragua, el pueblo nicaragüense en “resistencia” y se confirmó al “dejar vacías las urnas en el consumado fraude de noviembre de 2021”.
