La dictadura Ortega-Murillo que pregona la restitución de los derechos de las mujeres, ha cercenado todos los espacios de lucha no solo de la oposición, sino de las organizaciones que las defienden de la violencia machista.
Por: Intertextual- Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene el discurso de la equidad de género y la restitución de los derechos de las mujeres, sin embargo, este 8 de marzo, muchas de ellas conmemoran el Día Internacional de la Mujer en condición de desterradas, sin nacionalidad y perseguidas.
Otras viven en exilio forzado y en espera de justicia por la muerte de sus hijos, de esposos, de hermanos, asesinados por ejercer su derecho a oponerse a un violador de derechos humanos. A criterio de feministas nicaragüenses, esas condiciones evidencian “un fuerte retroceso” en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la existencia vigente de “una deuda histórica” por parte del Estado de Nicaragua.
En el país las mujeres nicaragüenses cumplen cinco años consecutivos sin poder manifestarse en las calles como lo hacían antes de la represión desatada en 2018. Hoy el régimen, no solo ha cercenado la libertad de expresión y espacios cívicos en Nicaragua a la oposición, sino los derechos y libertades de las mujeres y de los movimientos feministas que las defienden.
Escenario “tétrico, complejo y precario”
La feminista nicaragüense y activista política, Tamara Dávila, victima directa del régimen, quien estuvo encarcelada y aislada en una celda en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el nuevo Chipote durante 608 días, refiere que las mujeres en Nicaragua viven en extrema precariedad.
“La situación es crítica y precaria en extremo”, asegura. “Antes del 2018, las mujeres ya enfrentaban la violencia de género en todos los ámbitos, los altos índices de femicidio, los altos índices de violencia en casa. Cuando no hay Estado de Derecho, todas esas estadísticas aumentan”, advierte Dávila.
El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (OCDC) contabiliza en lo que va del 2023 un total de 16 femicidios, ocho de ellos han ocurrido en el extranjero. En 2022, 68 mujeres se convirtieron en víctimas mortales de sus parejas y exparejas, como consecuencia de la violencia machista.
Dávila, quien es integrante del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos) y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), precisa sobre los femicidios que los casos, “se han triplicado debido a que las mujeres ya no llegan a denunciar porque la policía se dedica a reprimirlas en lugar de ir a buscar al violador o al que golpea a esa mujer. Reitero, la situación de precariedad que ya enfrentaban las mujeres producto de la violencia de género es cada vez peor”.
Una representante de OCDC, quien pidió anonimato por temor a represalias de la dictadura, valora que las nicaragüenses se enfrentan a “un escenario complejo” puesto a que “muchas voces de mujeres han sido calladas”. “Denunciar es un peligro, estamos en un contexto que permite a los agresores perpetuar la violencia porque no se cumple con la ruta de acceso a la justicia”, acusó.
En esa misma línea, una activista feminista del Colectivo 8 de Marzo, quien pidió no revelar su identidad por encontrarse en el país, valora que la situación es “tétrica”. “Estamos ante un gobierno antidemocrático que no respeta ni la vida ni las leyes del país. El trato por parte del régimen a las mujeres ha sido nefasto”, criticó.
Destierro, impunidad, y exilio
Madres, abuelas, hermanas, esposas y tías de 355 asesinados por el régimen de Daniel Ortega, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hoy conmemoran su día bajo un Estado que les da impunidad a los responsables de sus muertes. La mayoría demanda justicia desde la Asociación Madres de Abril (AMA). Muchas de ellas fueron acosadas y perseguidas hasta llevarlas al exilio forzado, pero desde afuera siguen exigiendo el fin de la impunidad.
Defensoras, como María Teresa Blandón, feminista nicaragüense y socióloga, que ante su lucha inclaudicable por los derechos de la mujer y por ser crítica la administración Ortega-Murillo, fue desterrada del país en septiembre de 2022, refiere que “en la Nicaragua de hoy hay una violencia institucionalizada, es decir, que la violencia viene del propio Estado y que se ha ejercido contra los hombres, pero también contra las mujeres”.
“Eso habla muy claramente del tipo de gobierno que tenemos, que no es un gobierno democrático, que es un gobierno totalitario, que es un gobierno, digamos que recurre a la represión en contra de cualquier forma de disidencia o de oposición, propio de las dictaduras”, señala la socióloga.
Añade que “las mujeres también han sufrido esa violencia y esa represión y han tenido que irse al exilio, muchas para no ser encarceladas, incluso para salvar a sus propios hijos y a sus hijas. Otras, efectivamente, continúan reclamándole al Estado conocer la verdad y que se haga justicia por el asesinato de los que fueron víctimas mortales de la represión de hace cinco años”, acusa.
Sobre el destierro que sufrieron un total de 222 expresos políticos el pasado 9 de febrero, entre los que figuraban mujeres como Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Cristiana Chamorro, María Oviedo, María Fernanda Flores, Suyén Barahona, Evelyn Pinto, Samantha Padilla, Nidia Barbosa, entre otras, la socióloga asegura que son mujeres valientes que de seguro mantendrán su demanda y volverán a su país.
Dávila por su lado dijo que están felices porque están libres, pero tristes porque “hemos tenido que dejar no solo nuestro país, sino también nuestra vida. Allá quedó nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida sigue ahí. Pero vamos a volver, esto es una cosa temporal, vamos a regresar, yo voy a regresar a Nicaragua en cuanto sea posible. Es la lucha”, dijo.
“Los Ortega-Murillo –añadió– están más debilitados que nosotros los que salimos de la cárcel y las mujeres, estamos más fuertes que nunca”, dijo.
