La Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH y su organización miembro en Nicaragua el CENIDH, desde el año 2018, han monitoreado, documentado y acompañado a víctimas de la represión. En un informe publicado el 21 de febrero, estas dos organizaciones resumen las principales violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, cuya impunidad ha permitido que esas violaciones se agraven y aumenten contra la sociedad civil nicaragüense.
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La FIDH y el CENIDH, solicitan a la comunidad internacional, representada en la Organización de Naciones Unidas, responda de forma contundente y refuerce las medidas para presionar al gobierno de Ortega a cesar la represión contra la sociedad civil y a ofrecer alternativas de justicia a los miles de víctimas del Régimen.
“En noviembre de 2021, se consolidó el Estado dictatorial en Nicaragua. Este proceso iniciado desde 2007 ha permitido que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, aferrándose al poder, a través de la represión y de la vulneración de derechos humanos de cientos de miles de nicaragüenses.” Señala la misiva.
Datos proporcionados y verificados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH, demuestran que, hasta el 31 de diciembre de 2021, se registraban “355 personas asesinadas en el marco de la represión, más de 160 personas privadas de la libertad y más de 110.000 personas exiliadas. Todos esos crímenes están en la impunidad”.
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Estallido de la crisis en 2018
El 18 de abril de 2018, un grupo de estudiantes salió a las calles para protestar contra una reforma al sistema de seguridad social. Las fuerzas policiales y elementos paraestatales ligados al gobierno del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sofocaron la acción espontánea de los jóvenes con una represión desmedida, incluyendo los primeros asesinatos, lo que provocó el estallido de protestas generalizadas que se agravaron al correr de los días y las semanas.
Las manifestaciones de abril, sin embargo, no ocurrieron por casualidad. Desde el retorno de Ortega al poder en 2007 se había ido acumulando un descontento social que se incrementó en los años previos a 2018, en medio de una escalada de coerción estatal sobre personas y organizaciones críticas, restricciones a la libertad de expresión y movilización, denuncias de fraude electoral y la cada vez más evidente pérdida de independencia de los poderes del Estado aunada a la concentración autoritaria del poder por parte del Ejecutivo. La farsa electoral del 7 de noviembre de 2021, en la que Daniel Ortega fue reelegido, con sus principales contendientes en prisión, confirmó los temores de la comunidad internacional y por eso un número significativo de Estados, no reconoce el mandato de Ortega, detalla la nota de FIDH y CENIDH.
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Violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
El CENIDH ha demostrado en innumerables informes que en Nicaragua hay “múltiples violaciones de derechos humanos”, entre ellas “ejecuciones extrajudiciales, diversos ataques a periodistas y medios de comunicación, asedio y persecución a víctimas y personas consideradas opositoras al régimen; ataques a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos; restricción del derecho de demanda social, manifestación y protesta; despidos de profesionales de la salud y de la educación; expulsión de estudiantes de centros.”
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Estas organizaciones defensoras de DDHH aseguran que “la impunidad ha permitido que esas violaciones no cesen, sino al contrario, que se agraven y aumenten en detrimento de la sociedad civil nicaragüense, que no puede ser abandonada”.
Desde la Crisis sociopolítica en abril 2018, se han documentado 355 asesinatos, la mayoría ejecutados en la “Operación Limpieza”. La FIDH y el CENIDH documentaron y analizaron 113 de esos asesinatos y concluyeron que se trata de ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad. ¡En el Informe Basta ya de Impunidad! ¿Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, hasta cuándo? Y demuestran que en estos casos hay patrones repetitivos “los ataques a manifestaciones y tranques revelan patrones repetitivos, en los cuales actores estatales y paraestatales llevaron a cabo ataques organizados de asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, persecución en numerosas localidades del país, de forma premeditada” exponen las dos organizaciones
FIDH y CENIDH, concluyen en esta nota que, dichos atentados son crímenes considerados de Lesa Humanidad “podrían constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato conforme a lo establecido en el artículo 7.1(a) del Estatuto de Roma”.
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En la actualidad, precisamente el 12 de febrero de 2022 se anunció la muerte del prisionero político Jorge Hugo Torres Jiménez, detenido en el Chipote desde el 13 de junio de 2021. Fue un líder en la revolución sandinista y era General de Brigada en retiro. Su familia había denunciado su grave estado de salud durante la detención y abogaba por una liberación humanitaria. Sin embargo, falleció en custodia del Estado y se desconocen las circunstancias de su muerte.
De la crisis iniciada en abril 2018, “1614 personas fueron detenidas en el contexto de la represión sistemática ejercida en ese contexto. La mayoría fueron liberados con la ley de Amnistía “que buscó dejar en la impunidad los crímenes cometidos por agentes del Estado en el contexto de la represión”, dicen las organizaciones defensoras.
De los liberados con La Ley de Amnistía varios fueron arrestados por segunda vez y actualmente hay en las cárceles de Nicaragua más de 167 presas y presos políticos en Nicaragua.
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La forma cruel de la que han sido víctimas las presas y presos políticos en Nicaragua desde el momento de su detención, se conoce es que han recibido golpes, amenazas, privación de alimentos, privación de visitas y aislamientos, con un claro objetivo de represalia en su contra y otros tipos de torturas además de abusos sexuales.
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En mayo de 2021cerca de las elecciones de noviembre de 2021, en Nicaragua comenzó otra ola de arrestos a personas reconocidas de la sociedad civil nicaragüense. “Fueron detenidas 43 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 precandidatos presidenciales. Estas personas se encuentran detenidas en condiciones constitutivas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Los familiares han denunciado públicamente diversos casos de deterioro físico y la falta de adecuada atención médica, en particular de José Pallais, Mauricio Díaz, Violeta Granera, Edgar Parrales, Juan Lorenzo Hollman, Roger Reyes, Lesther Alemán”.
Otros presos políticos están en celdas de castigos entre ellos Irving Larios, Miguel Mendoza, Roger Reyes, Yader Parajón, Álvaro Vargas y Michael Healy. Y en aislamiento permanente han sometido a las mujeres defensoras de derechos humanos Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Dora María Téllez, quienes se encuentran confinadas en celdas solitaria, agregan FIDH y CENIDH.
Las 43 personas detenidas desde mayo de 2021, la mayoría fueron detenidas bajo la ley 1055 de 2020 de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, “norma que desconoce el principio de legalidad, al utilizar una formulación amplia e imprecisa. Sin embargo, todo ello ha sido avalado por los operadores judiciales nicaragüenses, subordinados al Régimen de Ortega”, aseveran las organizaciones en su nota.
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Desde el 1 de febrero de 2022 han sido enjuiciados y condenados 27 presas y presos políticos, 7 de ellos sentenciados a penas entre 8 y 13 años de prisión. Todas estas personas han sido condenadas bajo el mismo delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
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Libertad de expresión y de asociación
Desde el 20 de octubre de 2020 se promulgaron leyes restrictivas que entran hacer parte del marco normativo represivo del Régimen y que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense, denunciado por la FIDH y el CENIDH en el informe “Las nuevas leyes de la represión”. A la Ley 977 de agosto de 2019 “contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, se suman la Ley 1040 sobre Agentes Extranjeros, la Ley 1055 de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia” y la Ley 1042 sobre Ciberdelitos. Leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Convirtiendo el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos.
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Una vez se anunció la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, en octubre de 2020, varias organizaciones anunciaron el cese de sus actividades o su salida del país. Entre esas organizaciones La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Se encuentran privados de su libertad acusados de lavado de dinero, bienes y activos bajo la Ley 977: Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial y ex presidenta de la FVBCh, bajo detención domiciliaria desde el 2 de junio de 2021. Su chofer Pedro Vásquez, Walter Gómez, y Marcos Fletes, quienes habían sido el encargado de finanzas y el contador de la organización, estos tres detenidos en el Chipote.
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Desde finales de diciembre 2021 y principios del año 2022, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo buscando eliminar toda posibilidad de pensamiento crítico, canceló los permisos de operación a 6 universidades en Nicaragua. Las universidades afectadas y confiscadas son: Universidad Hispanoamericana (Uhispam); la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuna de la rebelión estudiantil de 2018; la Universidad del Trópico Seco (Ucatse); Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF).
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las instituciones afectadas «han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro» declaró el Ministerio de Gobernación. Así también se le han cancelados personalidad jurídica tres ONG estadounidenses, tres europeas y nicaragüenses.
Las universidades privadas confiscadas pasaron a manos del CNU, y convertidas en Universidades públicas con otros nombres.
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El Ministerio de Gobernación con la mayoría de votos de diputados en la Asamblea Nacional siguen cancelando personalidades jurídicas de universidades y organizaciones sin fines de Lucro entre ellas están el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra,” fundado en mayo de 1994, que impulsa y vela por la incorporación y participación plena, en condiciones de igualdad, de las mujeres en la sociedad nicaragüense, basado en el principio universal de igualdad, libertad y justicia social.
La presidenta del Movimiento, Sandra Ramos, en las afueras de las instalaciones manifestó “nos cerraron la institución y nos arrebataron la personería jurídica, pero le decimos que aquí hay mucho huevo, y mucha dignidad y vamos a seguir con personería o son personería jurídica.”
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El María Elena Cuadra no son las cuatro paredes, somos los centenares de mujeres que estamos en toda Nicaragua, no tenemos miedo,” gritaron las mujeres, mientras se manifestaban en las afueras de las instalaciones de esa organización ahora confiscada por el gobierno de Ortega.
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A pesar de los esfuerzos de la ONU y de la región para abordar la crisis en los últimos tres años, la situación en Nicaragua sigue empeorando y el gobierno de Ortega y Murillo, no ha aplicado ninguna de las recomendaciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Ante esta situación, La FIDH y su organización miembro en Nicaragua el CENIDH, que trabaja desde el país, solicitan a la comunidad internacional, representada en la Organización de Naciones Unidas, responda de forma contundente y refuerce las medidas para presionar al Régimen de Ortega a cesar la represión contra la sociedad civil y a ofrecer alternativas de justicia a los miles de víctimas del Régimen.
la FIDH y el CENIDH se unen al llamado a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para que se renueve la resolución sobre Nicaragua y se adopte un Mecanismo para la investigación, preservación de pruebas y la rendición de cuentas por las graves violaciones que se han producido desde 2018.
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