Presión social logra detener cuestionado presupuesto en Guatemala

Por: Oliver de Ros de No Ficción Guatemala

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Humo. Una columna de aire negro se elevaba en el cielo. Había ruido. Y gritos. Las calles de los alrededores arrastraban los murmullos de los manifestantes, que a veces emergían corriendo por las avenidas, pidiendo apoyo o buscando refugio.

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La policía nacional civil había empezado a movilizarse intentando dispersarlos, incluso utilizando bombas lacrimógenas. Algunos de ellos aparecían afectados, los ojos rojos, la asfixia… otros narraban las explosiones, el olor de la pimienta y la búsqueda de vinagre.

Para las 4 de la tarde del 21 de noviembre (en la manifestación del #21N), esa era la escena que llegaba desde el horizonte, sobre la séptima avenida de la zona 1, a un lado de la catedral metropolitana. Señales de humo negro con noticias tensas que se distinguían desde la plaza de la constitución, frente al palacio nacional de Guatemala, donde miles de personas se manifestaban y pedían la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, de todo su gabinete y recalcaban que el mensaje también era dirigido a los diputados del Congreso de la República.

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Desde los micrófonos alguien anunció que había otra manifestación sucediendo en simultáneo, a pocas calles de distancia. Habían quemado el Congreso. Y ese humo se elevaba en el cielo.

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En la plaza, escuchando, había niños que sostenían pancartas. Ancianos que portaban mascarillas anti pandemia de Covid-19 con una bandera de Guatemala entre las manos.

Tras el anuncio del fuego varias personas empezaron a buscar las noticias en sus redes sociales. En algunas de las pantallas celulares el Congreso apareció envuelto en llamas. Era una imagen extrañamente familiar, poderosa, que se había dibujado, imaginado y photoshopeado miles de veces en Twitter y Facebook y ahora era realidad, y sucedía a pocas cuadras de distancia.

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“Es un símbolo” dijo alguien viendo el video del fuego que salía por las ventanas del edificio donde el miércoles 18 de noviembre, los diputados habían decidido aprobar el presupuesto más oneroso de la historia de Guatemala. Un total de Q99.7 mil millones, donde se habían reducido drásticamente los recursos dedicados a los derechos humanos, a los derechos básicos, como educación e incluso salud durante una pandemia que continúa vigente, priorizando dinero para las estructuras clientelares de los diputados distritales con un endeudamiento de casi Q34 mil millones.

Muchas de las pancartas de la manifestación tenían consignas que se quejaban de este hecho: “Guatemala empobrecida por la corrupción”. “No al presupuesto 2021”, “Se ha presupuestado la corrupción, las caletas y los negocios de los diputados”.

Entre los gritos y las consignas, las banderas agitadas, las vuvuzelas, incluso a pesar del incendio en el Congreso, la plaza era un lugar tranquilo. Varios manifestantes comentaban que era como volver al año 2015, a las protestas que duraron varios meses hasta que renunció la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el ex presidente Otto Pérez Molina acusados de liderar una banda de defraudación aduanera. Uno de ellos, Carlos Sagastume, parecía sonreír detrás de su máscara al recordar que hace 5 años, había estado también acá, cuando “hicimos caer a un presidente, por corrupto y sinvergüenza. (…) Ahora estamos aquí por lo mismo, porque nada ha cambiado”, lamentaba.

Algunos todavía observaban sus teléfonos con el Congreso ardiendo cuando una bomba lacrimógena reventó casi en el centro de la plaza. La policía había llegado hasta la manifestación frente al palacio y ya no era 2015 para nadie. Se había retrocedido aún más en el tiempo. A los noventa. O más atrás, a la década de los ochenta, antes de la era democrática, a los regímenes opresivos. Tras una segunda bomba, todos corrieron intentando dispersarse. La asfixia, las lágrimas. Alejandro Giammattei había puesto su carta de intención sobre la mesa. Su mensaje sería la represión. Y el gobierno no estaría dispuesto a recular en la aprobación anómala de su plan de gastos para 2021.

O al menos eso parecía.

La última jugada de Giammattei

El saldo del #21N se puede contabilizar en 40 capturados, 14 heridos y 3 comunicadores agredidos. Además de 12 policías lesionados. La manifestación duró cerca de seis horas.

Tras las protestas, Giammattei se refugió en el silencio. Se ocultó de los cuestionamientos y delegó la comunicación en manos del recién designado ministro de gobernación, Gendri Reyes: “Manifestarse es un derecho siempre y cuando no excedan los límites legales”, dijo justificando las agresiones contra la ciudadanía.

Mientras la mayor parte de manifestantes capturados salían en libertad al día siguiente, con resoluciones de falta de mérito, sin pruebas en su contra, y a casi 24 horas de haber recibido la represión por parte de las autoridades estatales, y mientras sucedía una nueva manifestación, la #22N, por parte de los ciudadanos en la plaza de la Constitución frente al palacio, Giammattei se mantenía reunido con su gabinete a puerta cerrada. Dos de los manifestantes habían perdido el ojo a esa hora a causa de las balas de goma usadas por la policía.

Cerca de las seis de la tarde, el gobierno finalmente publicó un comunicado. El presidente Giammattei enunciaba el peligro de “un golpe de estado”, múltiples “atentados a la democracia”, e invocaba a la Carta Democrática Interamericana con el propósito de que la Organización de Estados Americanos (OEA) estableciera “un diálogo con los actores políticos del país para respetar la institucionalidad”.

Las redes sociales le imprecaron que la inestabilidad democrática había sido causa de sus acciones políticas y las del Congreso. La ciudadanía no era responsable de la ingobernabilidad.

La OEA le contestó que para el diálogo solicitado por el gobierno de Guatemala se necesitaba transparencia en la ejecución del presupuesto de 2021, además de voluntad política, como también respeto a las manifestaciones ciudadanas, e invitaba al presidente a distinguir entre gobernabilidad y democracia desde una perspectiva de lucha contra la corrupción.

La última jugada del día, durante el #22N, por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, consistió en reunir a la junta directiva del Congreso de la República, en uno de los salones del Ministerio de la Defensa. Cerca de la medianoche, el presidente del Legislativo, Allán Rodríguez, airado, comunicó la estrategia pactada a toda la ciudadanía. “En aras de la gobernabilidad”, dijo, el Congreso se negaría a enviar el decreto del presupuesto 2021 para que fuera conocido por el Ejecutivo.

Así anularía cualquier motivación de protesta.

Las redes sociales, de nuevo, cuestionaron esta estrategia. Un decreto no se puede suspender únicamente por decisión de la Junta Directiva. Se necesita del pleno de 160 diputados para tomar este tipo de decisiones.

De lo contrario, Giammattei se lavaría las manos de su responsabilidad como mandatario, con una táctica orquestada desde el Legislativo. En un intento del presidente, incluso desesperado, para contener las protestas ciudadanas en su contra. Y evitar las exigencias de su renuncia a tan solo 11 meses de haber asumido el cargo.

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