La acción represiva del régimen Ortega-Murillo, es duramente cuestionada por expertos en derechos humanos. Llaman a la comunidad internacional a no dejar pasar esta “ilegal y absurda venganza”.
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
En Nicaragua, un total de 317 ciudadanos han sido declarados “apátridas” por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las últimas dos semanas como parte de la virulenta arremetida en contra de los opositores: 222 expresos políticos fueron liberados y deportados a Estados Unidos, y 94 que ya se encontraban en el exilio.
Todos estos ciudadanos fueron acusados y condenados por el Ministerio Público de Nicaragua de “ser traidores a la patria”, y privados de sus derechos ciudadanos de forma perpetua. Además, los últimos 94, fueron declarados como “prófugos de la justicia” y se ordenó el decomiso de los bienes inmuebles y sociedades en las que tuvieran participación.
Entre los despojados se encuentran escritores internacionalmente reconocidos, como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, —ex vicepresidente de Nicaragua durante el primer gobierno sandinista— periodistas, directivos de medios de comunicación, religiosos, defensores de derechos humanos, ex funcionarios públicos y ex compañeros de lucha de Ortega.
Hoy todas las personas que fueron despojados de su nacionalidad se suman, según cálculos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a millones de personas en el mundo.
¿Qué es ser apátrida?
Ante la interrogante de qué significa ser apátrida, de acuerdo a la ONU, en el derecho internacional se define como “una persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación”.
Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Instituto Interamericano para la Democracia, explica que lo anterior quiere decir que “una persona apátrida no tiene la nacionalidad de ningún país. Algunas personas nacen en una situación de apatridia, mientras que otras se convierten en apátridas”, explica.
En esa misma línea, Danny Ramírez-Ayérdiz, abogado y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), refiere que, al perder su nacionalidad, el ciudadano pierde el “vínculo jurídico que tiene con el Estado, a fin de poder ejercer sobre todo los derechos ciudadanos y políticos que establece la Constitución de determinado país”.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la apatridia tiene diversas causas que incluyen la discriminación contra ciertos grupos, originada con frecuencia por diferencias étnicas o religiosas, o por cuestiones de género; la aparición de nuevos Estados y las transferencias de territorio entre los Estados existentes; los vacíos en las leyes de nacionalidad; así como por la pérdida o la privación de la nacionalidad como consecuencia de decisiones tomadas por los Estados.
¿Cuáles son las implicaciones?
El despojo de la nacionalidad, indican, implica de hecho, que la persona “pierde la calidad de poder pertenecer a esa comunidad, que ejerce, que puede hablar, elegir, y puede ser electo y también puede participar en los procesos de la gestión pública de acuerdo con la ley de cada país”.
Ramírez-Ayérdiz señala que en el caso de los nicaragüenses es meramente por razones políticas, por tal razón, “vemos acciones como las confiscaciones, la inhabilitación perpetua que no están vinculados con la nacionalidad”.
Sostiene que el Convenio del Estatutos para reducir la cantidad de los Refugiados Apátridas establece que “los Estados que brinden apoyo a las personas apátridas tienen que reconocer los derechos que son establecidos en la Declaración de Derechos Humanos y que tienen los mismos derechos de cualquier otro nacional del país”.
Hasta ahora los gobiernos de España, Chile, y Argentina, gobernados por Pedro Sánchez, Gabriel Boric y Alberto Fernández, respectivamente, han ofrecido brindar la nacionalidad a las 317 personas afectadas.
A lectura de Sánchez Berzaín, lo hecho por la dictadura de Nicaragua “es un crimen de lesa humanidad y terrorismo de estado”.
Por su parte, Martha Patricia Molina, abogada y estudiosa del Estado de Derecho e investigadora de la corrupción estatal, señala que el despojo de la nacionalidad a los ciudadanos nacionales es “inconstitucional e inhumano”.
Agrega que “ningún funcionario público está autorizado para actuar en contra de lo que establece la Constitución Política y las leyes. En Nicaragua, vivimos bajo la ley de la selva, porque la dictadura tiene a su disposición a la Policía Nacional, al Ejército y a los paramilitares que reprimen bajo total impunidad”.
Dictadura les declara “muerte civil”
Molina sostiene que los ciudadanos a quienes se les despojó de su nacionalidad “han quedado en la indefensión absoluta porque se han convertido en apátridas, Naciones Unidas ha dicho que la apatridia a menudo impacta de forma grave y de por vida a los afectados”.
Por lo anterior, denuncia que la dictadura los “está obligando a una muerte civil porque se le niegan todos los derechos humanos inherentes a cada individuo”.
Debido a que, agrega Molina, para realizar cualquier trámite dentro o fuera del país, siempre solicitan un documento de identificación emitido por la autoridad competente del país de origen y cuando ese documento pierde validez o lo anulan, la persona queda condenada a la “muerte civil”.
“Los despojados arbitrariamente de su nacionalidad pueden sentirse más nicaragüenses que nunca, y lo son, pero, jurídicamente se han convertido en seres humanos inexistentes porque se les ha arrebatado su identidad civil y eso es un delito de lesa humanidad”, agregó la jurista.
Finalmente, los expertos coinciden en hacer un llamado a la comunidad internacional: “no debe seguir permitiendo que estos graves crímenes progresen porque primero fueron 222, luego 94 y progresivamente realizarán las mismas arbitrariedades discrecionalmente con quien se les ocurra”, asevera Molina.
