UNAB: Rechazan toma de posesión de Daniel Ortega y la declaran ilegal

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“El orteguismo, sin legitimidad y sin el respaldo popular, está derrotado, aunque su agonía  se prolongue”, asegura la Unidad Nacional Azul y Blanco

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En una conferencia de prensa la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, expreso su rechazo a la toma de posición de la “Tiranía” (Gobierno de Daniel Ortega), lo que sería otra fase de un período total, “ilegitimo e ilegal,” así lo estima la oposición.

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Se estima que el 80{734f00caff09cef73827585a48bb45bc15b5888ec3c073350eceab052a950d3b} de la población no participo en las votaciones en rechazo, de la misma manera la comunidad internacional un total de 57 países han considerado ilegitimo el proceso electoral, refiere el comunicado.

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El comunicado que fue leído por María Laura Alvarado Miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en que destaca “ninguno de los poderes de Estado carece de legitimidad, incluyendo la Asamblea Nacional”, ente que el día de ayer 09 de noviembre tomo posesión.

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En este día 10 de enero, que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo toma posesión, será evidente el aislamiento “estarán solos, sin el reconocimiento y sin el respaldo de la mayoría de los países que conforman la comunidad democrática, solo acompañados por regímenes igual de ilegítimos” asegura la UNAB.

La Unidad Azul y Blanco ratifico el pensamiento. “El orteguismo sin legitimidad y sin el respaldo popular, esta derrotado, aunque su agonía se prolongue.

Toma de posesión en medio de represión a líderes territoriales

Juan Diego Barberena joven líder político, luego del posicionamiento de la UNAB denuncio que desde el día sábado se han intensificado la persecución, asedio a los liderazgos de la organización a nivel nacional, “Daniel Ortega le teme a la decadencia y a la dirigencia opositora”, señaló.

Las agresiones a la dirigencia opositora han ocurrido en Nueva guinea, Jinotega, Managua, Estelí, Nueva Segovia, Masaya y en Granad y otros municipios del país que prefieren omitir por seguridad no mencionaron, pero fueron verificados, añadió.

Las agresiones son dirigidas por parte de la policía nacional, sin explicaciones como se ha venido haciendo desde el inició de la crisis sociopolítica.

El efecto que tienen las sanciones son una herramienta de presión que además no es algo dirigido a sacar dictaduras, no son suficientes, son mecanismos con las que cuenta la comunidad internacional para hacer presión sobre los estados.

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La UNAB urgió la unidad de todos los sectores de la oposición para demandar la liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento de todas las libertades, a la vez recordó que hoy se cumplen 44 años del asesinato del partir de las libertades públicas doctor Pedro Joaquín Chamorro, señalando “exactamente 4 años despues, esta dictadura pretende con muerte, cárcel y represión callar las demandas genuinas de libertad, justicia y democracia, lo cual es imposible.”

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Evidencias de ilegalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder

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Por su parte Urnas Abiertas, demuestra que el proceso electoral 2021 careció de credibilidad e integridad, y presenta los principales hechos que evidencian la ilegitimidad de origen de Ortega y Murillo.

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1. El 4 de mayo de 2021, se aprobó la reforma electoral, una reforma totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía nicaragüense. Ese mismo día, la Asamblea realizó la elección de 7 magistrados propietarios y 3 suplentes para el CSE (todos aliados del FSLN).

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2. Los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales, y las Juntas Receptoras de Votos fueron controladas por el FSLN y el PLC.

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Integrantes de otros partidos colaboracionistas que participaron fueron señalados de usar una falsa membresía y ser sandinistas.

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3. El 24 y 25 de julio se llevó a cabo la jornada de Verificación Ciudadana, la cual se desarrolló entre la confusión generada por la eliminación de más de 1.100 CV, bajo un absoluto control partidario del FSLN y sin mecanismos uniformes ni homogéneos para la verificación.

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4. . Hubo un manejo opaco y excluyente del padrón electoral, se eliminaron más de 1.100 CV.

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El Padrón Electoral de 2021, según las tendencias de 1990 a 2017, debió ser de 5.5 millones de personas, el CSE presentó un padrón de 4.5 millones.

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5. Se registró el uso de recursos públicos con fines proselitistas y electorales a favor del FSLN, en una clara violación a la ley electoral. 92 alcaldías y +20 instituciones públicas hicieron uso abusivo de bienes públicos, algunos financiados por cooperación internacional.

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6. El financiamiento de partidos políticos y campañas electorales es otra fuente opaca de financiamiento del FSLN, se calcula que posterior al fraude electoral de noviembre, el FSLN accederá a un reembolso de más de 17 millones de dólares.

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7. Las votaciones del 7 de noviembre estuvieron marcadas por la coacción del voto, el control policial y paramilitar, violencia política y el abstencionismo de más del 80{734f00caff09cef73827585a48bb45bc15b5888ec3c073350eceab052a950d3b} del electorado.

Más de 1.400 personas observadoras se movilizaron en la clandestinidad.

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8. En mayo inició una nueva etapa de represión caracterizada por la Persecución Judicial contra personas opositoras, especialmente personas precandidatas y directivas de organizaciones políticas. A la fecha hay más de 170 personas detenidas arbitrariamente sufriendo tortura.

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9. Todas las libertades fundamentales fueron suprimidas, se mantuvo el estado policial de facto. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 7 de noviembre de 2021 se registraron 2.044 hechos de violencia política en el contexto electoral, 6 de cada 10 cometidos por la Policía Nacional.

Según un artículo de los expertos de Urnas Abiertas. “El régimen nicaragüense, al no contar con legitimidad, no cuenta con el derecho que la ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional.” Por tanto, “es fundamental que la comunidad internacional reconozca que los Ortega Murillo para gobernar Nicaragua a partir del uso de la fuerza no posee legitimidad para representar al Estado, de conformidad con los principios de democracia y la normativa internacional pertinente”.

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Por consiguiente, añaden “el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales no posee facultades para continuar haciendo uso del ejercicio del poder político.”

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