La SIP y CPJ Evalúan la libertad de prensa en Guatemala tras cambio de poder

Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com

Una misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ha llegado a Guatemala para abordar la preocupante situación que enfrentan periodistas en el país centroamericano. La delegación, encabezada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, busca evaluar la libertad de prensa en el país tras la asunción del presidente Bernardo Arévalo.

La delegación tiene programada una reunión crucial con el presidente Bernardo Arévalo esta tarde en el Palacio Nacional de la Cultura. Entre los miembros destacados se encuentran el vicepresidente primero de la SIP, José Roberto Dutriz, la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría.

El foco principal de la misión es abordar la compleja situación que enfrentan los periodistas guatemaltecos en el ejercicio de su labor informativa. La delegación tiene planeado sostener encuentros con representantes de los medios locales, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz Silva. También se espera una visita a José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico, quien ha estado encarcelado desde julio de 2022 en represalia por su trabajo periodístico.

Cabe destacar que en octubre pasado, la SIP expresó su satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, que dará inicio el próximo 5 de febrero. El CPJ ha instado a las autoridades guatemaltecas a respetar el derecho de Zamora a un juicio justo en este nuevo proceso. Sin embargo, las presiones políticas y económicas llevaron al cese de operaciones de elPeriódico el 15 de mayo de 2023.

Tanto la SIP como el CPJ, junto con otras organizaciones internacionales, han documentado la persecución judicial contra periodistas críticos por parte del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Además del encarcelamiento de Zamora, un grupo de periodistas se vio obligado a huir del país por temor a represalias y detenciones arbitrarias.

Periodistas Guatemaltecos celebran la SIP y la CPJ

Para el periodista de investigación Sony Figueroa director del medio digital Vox Populi, quien se encuentra fuera de Guatemala, este es un paso importante en la lucha por la libertad de prensa en su país, » Veo positiva la visita para que se conozca de primera mano las situación de los periodistas. Espero que al concluir esta visita haya un pronunciamiento fuerte contra los actores corruptos que nos criminaliza», sostiene Figueroa, al mismo tiempo que no espera un retorno pronto.

«La principal causa del exilio de los periodistas es la fiscal general, Consuelo Porras porque desde el Ministerio Público se ha perseguido a periodistas con casos penales o porque se aceptan denuncias e investiga a periodistas que fueron denunciados por políticos involucrados en casos de corrupción. Lo ideal es que ella renuncie, aunque eso no da garantías del todo, pero podría detener la criminalización contra periodistas», sostiene el periodista guatemalteco.

Marvin del Cid también periodista guatemalteco en el exilio, sostiene que esta visita es provechosa para seguir observando la situación de la prensa el el país centroamericano, » es primordial exigirle al Estado de Guatemala que deje de criminalizar la labor de los periodistas», resalta el periodista.

Del Cid y Figueroa salieron de Guatemala buscando protección en el anterior gobierno de Alejandro Giammattei y declarados por ejercito de Guatemala como de alerta para la seguridad del Estado en 2023.

El Ministerio Público ha acusado a seis periodistas y tres columnistas de elPeriódico de obstrucción de justicia por opinar sobre el caso, incluido el expresidente de la SIP Gonzalo Marroquín Godoy, quien es primo de José Rubén Zamora. El 8 de enero, una jueza cerró el caso penal y lo trasladó a un Tribunal de Imprenta, conforme a la legislación sobre libertad de prensa. Este traslado fue apelado por el Ministerio Público, generando un nuevo capítulo en la lucha por la libertad de expresión en Guatemala.