Este 18 de octubre, una delegación de personas pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses, se hicieron presente en la sesión de revisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés). En la sesión desarrollada en Ginebra, Suiza no hubo representación de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La representación de la sociedad civil estaba integrada por Urnas Abiertas, Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) en representación de un consorcio de organizaciones que trabajan dentro y fuera del país, entre ellas la Unidad Juvenil y Estudiantil.
La Unidad Juvenil y Estudiantil elaboró un informe sobre las violaciones al derecho humano a la educación, al igual que las otras agrupaciones revelaron la continuidad de las violaciones de derechos humanos emprendida por el régimen orteguista, en la sesión 136 del Pacto Internacional de derechos Civiles y políticos de la ONU.
La agrupación juvenil manifestó que desde el año 2018 a la fecha hay jóvenes presos de conciencia en Nicaragua más de 30 jóvenes, entre ellos los líderes universitarios John Cerna, Max Jerez, Kevin Solís, Lesther Alemán y Samantha Jirón la presa política más joven.
En el informe destacan que 45 estudiantes fueron ejecutados por órdenes del Estado de Nicaragua entre abril y septiembre de 2018, entre ellos Dodanim Castiblanco, asesinado el 30 de mayo de 2018, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); Orlando Aguirre Córdoba, estudiante de Primaria; Cristopher Castillo, universitario de 23 años; Daniel Josías Reyes, universitario de 25 años, entre otros. Las muertes de estos jóvenes siguen en la impunidad, efecto de la ley de amnistía aprobada en el año 2019 por efecto de la Ley de Amnistía aprobada en 2019.
Denuncian adoctrinamiento y proselitismo
La juventud también denunció la mala práctica de adoctrinamiento y proselitismo político en universidades y hasta centros escolares de secundaria y primaria.
Además de asedio policial y paraestatal de manifestaciones estudiantiles realizadas en la UCA como el ocurrido el 26 de abril de 2021. La forma de evitar manifestaciones ha sido con fuerte despliegue policial y paramilitar de los recintos universitarios “controlando la salida y entrada de los estudiantes, así como la vigilancia interna de paramilitares infiltrados que identifican a los participantes para su posterior hostigamiento y criminalización.”, dice la misiva.
El 14 de octubre de 2021 fue aprobada la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No 704 Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA). “Esta reforma otorga facultades al CNEA para la acreditación y funcionamiento de todas las universidades del país de forma discrecional.” Denuncia la Unidad juvenil.
Por su parte Urnas Abiertas dice que en el encuentro la delegación nicaragüense expuso la politica de terror, persecución, expulsión, despidos, cancelación y ocupación de organizaciones, confiscaciones de medios de comunicación, violencia sexual, negación de derecho y la supresión absoluta de las libertades fundamentales de opinión, expresión, organización y asociación.
Ausente el Estado de Nicaragua
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El régimen de Nicaragua no se presentó a la revisión prevista con el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, denunciaron las organizaciones nicaragüenses que participan de la sesión evaluativa 136 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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Además, no contestó la Lista de Cuestiones y no actualizó el informe presentado en 2019 a este Comité, “lo que evidencia la ausencia de voluntad de colaborar con el órgano de tratado de Naciones Unidas,” declara La Unidad Juvenil y Estudiantil.
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El Comité de Derechos Humanos, a pesar de la ausencia del Estado, hizo referencia a las cuestiones que esperaba que el Gobierno de Nicaragua contestara, tal como independencia judicial, el cese a las violaciones de Derechos Humanos a pueblos indígenas y afrodescendientes, situación de personas trans, violencia contra las mujeres, tratos inhumanos, degradantes y tortura a personas presas políticas, violencia sexual, ausencia de condiciones en las elecciones generales y municipales, entre otras.
Alex Aguirre, vocero del Equipo Coordinador Nacional de la Unidad Juvenil y Estudiantil, quien estuvo presente en Ginebra Suiza dijo al respecto que a las y los defensores les preocupa la ausencia del Estado en el Sistema Universal de Derechos Humanos.
“Esto acrecienta la crisis sociopolítica y de derechos humanos y profundiza la crisis generalizada en el país, el aislarse cada día más de la comunidad internacional deja en el completo abandono a la ciudadanía,” explica Aguirre.
El joven añade que el Estado debe reconsiderar sus posturas “ya que el aislamiento en derechos humanos conlleva el aislamiento financiero del país.” De esto el resultado es mayor vulnerabilidad para las personas pobres y desfavorecidas.
Para los defensores de derechos humanos es favorecedor que Chile y Costa Rica ahora sean parte del Consejo de derechos humanos de la ONU. Yader Valdivia abogado del Colectivo de Derechos Humanos dijo a la Voz América que Costa Rica alberga más de 100 mil nicaragüenses exiliados “por ser víctimas de las mismas violaciones de derechos humanos del Estado de Nicaragua.”
Por otro lado, Antonia Urrejola canciller de Chile uno de los países que ha mostrado solidaridad y apoyo ante las violaciones de DDHH en Nicaragua, en esta ocasión reitero en la ONU “el compromiso que tiene Chile” respecto a la situación que atraviesa Nicaragua en especial con las personas presas políticas.
La juventud Estudiantil recuerda que a la fecha existen 219 personas presas políticas en Nicaragua “varias de ellas condenadas a penas de prisión de entre 8 y 27 años, quienes están siendo objeto de tratos crueles y tortura en las celdas del país.” Por quienes piden su libertad inmediata.
